Escuchar“La misión tomó nota de una preocupación creciente de varios actores con los que se reunió por el riesgo del ingreso del crimen organizado y, con ello, de fondos ilícitos (especialmente provenientes del narcotráfico) en la competencia política”, dice el informe de los enviados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para observar las elecciones municipales del 4 de febrero.
Después de resaltar la transparencia y solidez del sistema electoral costarricense, el informe recomendó generar espacios de análisis para conocer los alcances de la infiltración de recursos espurios en la política y hacer lo necesario para enfrentarla. La dependencia de fuentes privadas de financiamiento fue tildada de excesiva por los expertos internacionales. En las elecciones municipales no existe el financiamiento estatal adelantado. El artículo 96 del Código Electoral solo lo establece para los comicios presidenciales y legislativos.
“La ausencia de financiamiento anticipado conduce a que los partidos políticos busquen créditos bancarios a nivel individual. La mayoría enfrenta dificultades para obtener créditos en el sistema bancario. Para estas elecciones, solo dos de los 75 partidos nacionales inscritos en la contienda pudieron acceder a fideicomisos en el sistema bancario”, dice el informe.
Si bien la disponibilidad de financiamiento reduciría la presión sobre candidatos y partidos, la tentación de obtener mayores recursos para lograr ventaja sobre el contrario siempre estará presente. El reto es ejercer control sobre los gastos de una numerosa cantidad de partidos en los 84 cantones. Aunque la misión reconoce al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) robustas capacidades para fiscalizar, hay mucho espacio para mejorar.
El propio informe sugiere sistematizar los procedimientos de rendición de cuentas y liquidación de gastos de los partidos mediante la aplicación de herramientas tecnológicas, así como establecer canales de comunicación con el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributación Directa y la Contraloría General de la República (CGR), entre otras entidades, para compartir información en tiempo real y crear un sistema de alerta eficaz.
La inquietud no es nueva. En la década de los ochenta, cuando el narcotráfico irrumpió con fuerza en el país, entre las primeras instituciones comprometidas estaban los gobiernos locales. Desde entonces, la política cantonal se ha hecho mucho más compleja. Hay más municipalidades, partidos y cargos por elegir, pero la influencia se puede conseguir con sumas relativamente bajas.
Las intervenciones del caso Corona revelan, desde el punto de vista de los interesados, el camino para lograr influencia. Lo más que se les da son $2.000 o $3.000, afirmó el dueño de la fábrica de refrescos relacionada con el envío de cocaína líquida. “Son tres pesos, entonces”, respondió su interlocutor. “Después, cuando le van haciendo vueltas a uno, sí hay que seguir ayudándoles”, añadió el jefe, para luego reconocer que en otras zonas el político “muerde más duro”.
La preocupación recogida por los observadores de la OEA tiene, por lo tanto, firmes raíces en la realidad nacional. El caso Diamante, aunque no relacionado con narcotráfico, también ejemplifica el fácil acceso a la política local mediante manejos financieros ilícitos.
Autoridades policiales y administrativas aprovecharon la endeble investigación legislativa del 2022 sobre el impacto del narcotráfico en las municipalidades de la zona sur, atractivas por su lejanía, sus costas y sus pistas clandestinas, para reiterar sus preocupaciones y sugerir controles adicionales. Guillermo Araya, exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), pidió prohibir donaciones en efectivo para bancarizarlas y poder rastrear el origen de los recursos. También solicitó mejorar el control sobre las contribuciones en especie. En la misma línea, Luis Antonio Sobrado, entonces presidente del TSE, propuso modificar el Código Electoral para bancarizar toda donación superior a dos salarios base.
Como en otras oportunidades, las reformas no despiertan entusiasmo en la Asamblea Legislativa, pero la necesidad es evidente. Quienes conversaron con los observadores de la OEA no les transmitieron meras hipótesis o sospechas, sino una preocupación firmemente fundada en la experiencia.
