El jueves 6 de agosto, miles de costarricenses llenaron la plaza de la Democracia y se reunieron alrededor de los tribunales de justicia o los parques en Alajuela, Atenas, Cartago, Ciudad Quesada, Grecia, Heredia, Liberia, Limón, Nicoya, Pérez Zeledón, Puntarenas, San Ramón, Turrialba y Zarcero para defender al Poder Judicial. La concentración principal quizá no fue la más numerosa en la historia reciente del país, pero sí fue una de las más reveladoras, porque demostró que existe una masa crítica ciudadana dispuesta a salir de su rutina para defender algo tan abstracto como la separación de poderes.
Ese gesto debe leerse con esperanza y no dejarse opacar por la preocupación por lo que lo provocó. En un país donde se ha instalado la sensación de que el descontento es minoritario, marginal o hasta sospechoso, la plaza llena fue un recordatorio simple y poderoso de que la ciudadanía crítica no desapareció; solo estaba esperando una causa lo suficientemente clara para manifestarse.
El contundente triunfo electoral del oficialismo el pasado 1.° de febrero no fue un cheque en blanco. Una mayoría electoral autoriza a gobernar, pero no a callar a quien disiente, ni a debilitar contrapesos institucionales, ni a tratar cada crítica como traición.
Confundir el tamaño de una victoria en las urnas con la desaparición de la oposición ciudadana es un error de cálculo que el plantón del 6 de agosto desmintió con hechos.
Ganar una elección da legitimidad para ejecutar un programa de gobierno, no da licencia para reescribir las reglas del juego institucional a conveniencia, ni para asumir que la resignación de un sector de la población equivale a su aprobación incondicional.
Vale la pena, además, cuestionar el espejismo que producen las redes sociales. Los algoritmos premian el contenido incendiario, el que más indigna o más entretiene, y ese contenido rara vez proviene de un ciudadano que está leyendo el periódico en su casa. La consecuencia es una distorsión que lleva a quienes consumen contenido en redes sociales a creer que el país es más pequeño, más resignado y más oficialista de lo que realmente es.
Existe una masa crítica silenciosa que no produce contenido viral ni se expone a él, pero sí lee, estudia y discute en la mesa familiar y en el trabajo; que compara cifras, revisa fuentes y llega a sus propias conclusiones. Que esa masa no aparezca en las métricas de una red social no significa que no exista; significa, simplemente, que no juega ese juego, y que subestimarla –como parece ser parte deliberada de la estrategia oficialista– es un cálculo político arriesgado.
Es, además, previsible que a esa ciudadanía crítica se le intente etiquetar con todo tipo de calificativos y se le recete “crema de rosas”, como si cuestionar el poder fuera, por definición, una postura partidaria y no un ejercicio cívico elemental que cualquier república sana debería celebrar, no temer.
Pero la esperanza que dejó la plaza llena no puede convertirse en el único capital de una causa. Un plantón es un ejercicio cívico valioso, y ojalá se repita cuantas veces haga falta, pero no sustituye la organización sostenida ni la paciencia que exige construir alternativas reales.
La oposición política costarricense ha demostrado una capacidad muy modesta para articularse más allá de la indignación puntual. Eso, y no la popularidad del oficialismo, es el verdadero riesgo. Una oposición debilitada pero, sobre todo, desperdigada en mil expresiones individuales le sirve exactamente a quien gobierna, porque nada divide tan bien como dejar que cada quien pelee su propia batalla por separado y, aún mejor, que todos peleen entre sí.
Las elecciones municipales de 2028 son la prueba más cercana e ineludible de ese desafío. Ya hay voces del oficialismo que advierten de que el proyecto oficialista aspira a controlar hasta 70 de las 84 alcaldías del país, construyendo desde el poder local una base territorial que hoy no tiene.
El mantra de los 38 diputados se transforma con las circunstancias. Dos años pueden parecer lejanos, pero la maquinaria que persigue ese objetivo está en marcha en cada cantón, tejiendo alianzas con liderazgos locales con la conveniencia de controlar el Ejecutivo, mientras la oposición sigue desarticulada y turulata por los resultados de febrero, en lugar de construir candidaturas, alianzas y estructuras capaces de disputar cada municipalidad.
El cortoplacismo de reaccionar solo cuando hay un fallo judicial o un recorte que indigna, y luego volver al letargo, y el oportunismo de cada liderazgo esperando su momento individual en vez de sumar fuerzas con otros que persiguen el mismo objetivo son, hoy, los mayores enemigos de la institucionalidad democrática.
El plantón del 6 de agosto demostró que Costa Rica no está resignada. Ahora falta demostrar que esa energía puede sobrevivir al día después, organizarse y unificarse en defensa de la democracia.