La iniciativa fue retomada por los socios restantes y, hasta el momento, lo conforman 12 países de América, Asia-Pacífico y Europa, entre ellos Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido, Singapur y Vietnam. Es decir, crea una zona de libre comercio, con las regulaciones propias de este tipo de tratados, entre países que representan alrededor del 15% del PIB mundial y una población de 580 millones de personas. Vincula, así, economías desarrolladas de alto poder adquisitivo con economías dinámicas y de rápido crecimiento.
El interés de Costa Rica por acercarse a este mercado –grande y de enorme potencial– es de larga data. Las primeras gestiones para formar parte del entonces TPP se realizaron durante el gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla y se pausaron durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.
No obstante, en el gobierno de Rodrigo Chaves se les dio un impulso decisivo, que culminó con el cierre de las negociaciones del CPTPP bajo el liderazgo del entonces ministro de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar. La actual ministra, Indiana Trejos, también ha sido una abanderada del acuerdo, en consonancia con el programa de gobierno presentado por el PPSO en la anterior campaña electoral. En dicho documento, se reconoce la apertura comercial como uno de los factores que ha contribuido a la inserción internacional y al buen desempeño económico de Costa Rica, y se asume el compromiso de mantener una política de apertura comercial estratégica.
Pero el programa de gobierno de la entonces candidata Laura Fernández no se limitaba a una declaración general sobre apertura comercial. En el apartado de “Política y comercio exterior”, establecía expresamente: “Avanzar en el establecimiento del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mediante el cual se gestionen oportunidades comerciales con países de Latinoamérica y Asia, garantizando oportunidades reales para la colocación de productos nacionales en nuevos mercados.”
La decisión de la administración Chaves Robles de avanzar decididamente por ese camino, además de acertada, se vio reforzada por la actual política arancelaria de los Estados Unidos, país que es y continuará siendo nuestro principal socio comercial y de inversiones durante mucho tiempo.
En efecto, el sorpresivo giro de la administración estadounidense en materia comercial –a contrapelo de sus obligaciones internacionales con sus contrapartes– hizo muy evidente la necesidad y conveniencia de reducir la dependencia que tenemos de ese mercado y forjar alianzas adicionales. Sin duda, la integración con los países del CPTPP representa una oportunidad para lograrlo. No sucederá de la noche a la mañana ni será fácil, pero abriría las puertas para que, mediante una estrategia bien concebida y ejecutada, el país pueda diversificar sus mercados de exportación de una manera más agresiva.
Ahora bien, como en todo acuerdo comercial, algunos sectores podrían verse más expuestos que otros, lo cual podría ser particularmente cierto en el caso de determinados productos agrícolas. Ello obliga a que, durante la negociación, Comex haya debido tomar en cuenta dichas sensibilidades y a que, con posterioridad, el gobierno implemente los programas de apoyo que se requieran.
A la fecha, no se conocen públicamente los resultados en detalle, pero la vasta experiencia que Comex tiene en estos procesos permite suponer que trabajó de la mano con los diferentes sectores, tomó en consideración sus preocupaciones y, en la medida de lo posible, las incorporó en los acuerdos finales. Es de suponer, asimismo, que el Ministerio socializó oportunamente lo acordado con sus pares de gobierno y que lo suscrito contó con el aval de los máximos jerarcas.
Tras cuatro años de tratativas en una negociación tan compleja como esta, ni las sorpresas ni los cambios abruptos de posición son de recibo, tanto de parte del oficialismo como de los gremios o sectores que participaron en el proceso. Por eso, resulta crucial que Comex y el gobierno expliquen ampliamente la forma en que se llevó a cabo la negociación, los mecanismos de consulta utilizados y el papel desempeñado por el sector privado.
Además, nadie puede esperar que en una negociación se alcance todo lo que se pretendía, ni que se obtengan todos los beneficios sin ofrecer algo equivalente a cambio. Por definición, hay un toma y daca que se traduce en concesiones y obligaciones recíprocas, plasmadas en el acuerdo final.
A estas alturas, en cualquier país serio, la evaluación positiva –o no– que se haga de estos acuerdos no dependerá de la obtención maximalista de todo lo pretendido, sino de un balance final que asegure el cumplimiento de los objetivos y que el precio que se vaya a pagar por ello sea razonable. Esperamos que la Presidencia tenga la sensatez de actuar de conformidad.
