La Contraloría General de la República señaló la falta de sustento técnico y de datos fehacientes para justificar la exoneración a las municipalidades de la regla fiscal. El Banco Central criticó la iniciativa por fundarse en premisas contrarias a la lógica y a la intuición económica. No obstante, 41 diputados aprobaron el proyecto de ley en primer debate, aunque lo modificaron para eliminar disposiciones especialmente alarmantes.
Según el texto aprobado, la exención de la regla fiscal “solo” se aplicará a los recursos “propios”, es decir, los no provenientes del Gobierno Central. En consecuencia, el grueso del dinero, incluida la recaudación de impuestos y patentes municipales, estará libre del control establecido para enderezar las finanzas públicas.
A las voces de la contralora y de la Directiva del Banco Central se suma, ahora, la del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien solicitó al Consejo Fiscal pronunciarse porque “la indisciplina fiscal en tiempos normales es perjudicial para el país, con mucha más razón en tiempos de crisis”.
Y la crisis de la covid-19 es, precisamente, la razón esgrimida por los proponentes del proyecto de ley, cuyo planteamiento inicial liberaba a los concejos para contratar personal, eludir el sistema unificado de compras públicas y evadir otras medidas de fiscalización impuestas por motivos bien justificados por la historia.
La verdad es que los alcaldes nunca estuvieron de acuerdo con la regla fiscal. La combatieron desde su gestación, mucho antes de la pandemia. Lo hicieron con el mismo debilísimo argumento de una “justa” libertad para gastar “recursos propios”. La covid-19 ofreció la oportunidad de revivir aquellas aspiraciones, aunque en las circunstancias aflore el contrasentido, señalado por el Banco Central, de autorizar más gasto cuando los ingresos caen por la emergencia sanitaria.
Pero los tributos y los ingresos por cobro de permisos no son recursos creados por actividades productivas de las municipalidades, sino por ley. Si atendiéramos el argumento de los gobiernos locales, estaríamos obligados a eximir de la regla fiscal a un sinnúmero de instituciones, como la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyos recursos “propios” emanan de las contribuciones obrero-patronales y, con más razón, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, financiado con las tarifas de un servicio regulado.
Cuando argumentaban contra su inclusión en la regla fiscal, las municipalidades enfatizaban la poca monta de las transferencias del Gobierno Central comparadas con los ingresos “propios”. Esas transferencias apenas alcanzan el 1,9 % del presupuesto nacional, decían. Hoy, el argumento se vuelve en su contra. Efectivamente, en pocos casos, las transferencias llegan a representar el 18 % del presupuesto de alguna municipalidad. En consecuencia, los diputados dieron al país atolillo con el dedo cuando modificaron el proyecto para mantener el límite al gasto corriente únicamente sobre los recursos recibidos del Gobierno Central.
Las municipalidades no son ajenas a los problemas del gasto público ni verdaderas productoras de “ingresos propios”. Eximirlas de la regla aplicable a toda la Administración Pública resta credibilidad a la reforma fiscal y pone al país en entredicho ante los mercados financieros y las calificadoras de crédito, que siguen rebajándonos el puntaje. El gobierno cometió un grave error al enviar la ley a conocimiento del Congreso. Debería enmendarlo con el veto si los diputados insisten en aprobarla contra todo criterio técnico.
Los alcaldes han ejercido una presión constante sobre los diputados. Varios permanecieron fuera del recinto legislativo sabedores de que a dos años de las elecciones su apoyo es apetecido, sobre todo si cuentan con la posibilidad de gastar en abundancia.
