Editorial

Editorial: Costoso deterioro del patrimonio vial

Recuperar la condición de las carreteras antes del abandono forzado por razones presupuestarias costará al país alrededor de ¢235.000 millones

La carretera Interamericana norte, entre Cañas y Liberia, costó $200 millones y apenas comenzó a dar servicio hace seis años, pero su deterioro es evidente. Hay grietas y losas dañadas, como era previsible en una ruta tan transitada y jamás sometida a mantenimiento. El tramo fue construido de concreto y disminuyó considerablemente la duración del viaje y el desgaste de los vehículos. No hay comparación con la vía anterior, pero la construcción de carreteras de concreto, si bien es más duradera, no exime de las obras de conservación.

Según el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), las primeras obras de mantenimiento deben ejecutarse a los dos o tres años para evitar el agrietamiento o rotura de losas, pero los contratos de conservación solo contemplan las vías de asfalto y fueron suspendidos hace dos años por razones presupuestarias.

Hay 500 kilómetros de vías de concreto, incluido el tramo entre Cañas y Liberia, completamente abandonadas. Nadie rellena las juntas entre las losas ni sustituye los sellos para evitar fracturas causadas por la tendencia del material a quebrarse con el sol y la continua expansión y contracción.

Tampoco se ejecutan las reparaciones parciales. Peor todavía, en ocasiones, los arreglos se hacen con asfalto, un material totalmente distinto e incapaz de impedir el deterioro de las carreteras de concreto. Ya hay segmentos difíciles de recuperar, como la radial de Alajuela o el tramo entre Limonal y el Tempisque.

Las carreteras de concreto no son las únicas víctimas del abandono, pero fueron construidas con la ingenua impresión de una solución definitiva, con largos años de servicio por delante. Sus malas condiciones en la actualidad destacan la importancia del mantenimiento en todo tipo de carreteras y el costo de no ejecutarlo.

Recuperar la condición de las carreteras antes del abandono forzado por razones presupuestarias costará al país alrededor de ¢235.000 millones. Recientemente, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte confirmó sus intenciones de solicitar un presupuesto extraordinario por ¢40.000 millones. La comparación entre las dos sumas habla de la dificultad de volver a la situación anterior, que tampoco era óptima.

Pero el deterioro sigue su paso e incrementa los costos. Según el estudio titulado El mantenimiento preventivo, clave para la protección del patrimonio vial, elaborado por el Lanamme, cada dólar de mantenimiento omitido exige, con el correr del tiempo, entre $7 y $10 para la reconstrucción.

Es hora de encarar la situación con realismo. El deterioro ya ocurrido, la extensión de la red vial y los recursos disponibles en plena crisis fiscal exigen volver los ojos a otras formas de financiar la conservación. La ley de concesión de obra pública ya contempla un instrumento para hacer frente al problema: la optimización de activos.

La idea es concesionar obras ya desarrolladas a cambio de un pago de la empresa concesionaria para reconocer el valor del proyecto. También debe comprometerse a mejorarlo y mantenerlo en perfectas condiciones durante el plazo del contrato. La operación resuelve el problema del mantenimiento y el activo se transforma en recursos frescos para hacer nuevas inversiones.

El Estado conserva la propiedad de los activos, pero se desentiende de la conservación. Como se trata de carreteras ya construidas, la oportunidad de invertir con bajo riesgo resulta atractiva para los fondos de inversión y otros actores. La alternativa es contemplar el paulatino deterioro de la infraestructura ya construida mientras nos negamos el desarrollo de obras nuevas.

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