EscucharLa convulsión social en América Latina obedece a razones diversas, según el país afectado. En Bolivia, los manifestantes rechazaron el fraude y el continuismo. En Chile, el descontento nace del déficit de servicios sociales, la insuficiencia de las pensiones, el costo de los servicios de salud. En uno y otro caso, como también en Colombia, hay un descrédito generalizado de las instituciones.
Mientras tanto, en nuestro país, donde el 68 % de los encuestados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica considera malo o muy malo el rumbo y el 80 % tiene mala opinión de la economía hay, según Ronald Alfaro, investigador de la institución, un “voto de confianza pequeño y marginal” para las instituciones, “todavía resistentes a los embates”.
Frente a los resultados obtenidos entre marzo y agosto, 16 instituciones repuntaron en noviembre. Van desde la Iglesia católica hasta la Asamblea Legislativa. Las mejor calificadas, como las universidades, públicas y privadas, y la Caja Costarricense de Seguro Social, no han estado exentas de cuestionamientos, pero representan aspiraciones y valores caros a la idiosincrasia costarricense. Lo mismo podría decirse del Poder Judicial.
Interpretada en sentido contrario, la encuesta es una advertencia sobre las instituciones que es preciso cuidar para evitar convulsiones antisistema, autodestructivas y estériles. No se trata de entidades como los partidos políticos, ubicados al fondo de la lista a pesar de su innegable importancia. Su paulatino deterioro comenzó hace un par de décadas, pero el país siguió adelante.
Los partidos son instituciones primordiales de la vida democrática y todo esfuerzo para recuperarlos está justificado. Sin embargo, su debilitamiento no redunda en grandes convulsiones sociales. Mucho más peligrosa es la afectación de la red de seguridad social —pensiones, servicios asistenciales y salud— o del mecanismo de movilidad social por excelencia: el sistema educativo, especialmente la enseñanza superior.
La preocupación central de la conducción política debe ser la preservación y mejoramiento de esas instituciones. Si la Caja ofrece citas a semestres o años de plazo, su relevancia se erosiona. El paciente se ve obligado a hacer el sacrificio de costearse la atención privada o sufre las consecuencias de salud propias de no recibir atención oportuna.
Si los recursos invertidos en asistencia social quedan atrapados en los mecanismos burocráticos establecidos para canalizarlos hacia quienes los necesitan, tendremos funcionarios felices, asentados sobre el creciente descontento de los menos favorecidos. Si el dinero para pensiones se invierte en regímenes de privilegio y los hogares enfrentan la manutención de ancianos sin ayuda del Régimen No Contributivo, la insatisfacción no se hará esperar.
Si el sistema educativo se torna inaccesible o ineficaz y trunca las esperanzas de nuevas generaciones y de sus progenitores, será inevitable la incubación de sentimientos antisistema. Desafortunadamente, cada uno de los elementos citados a modo de ejemplo, y muchos otros de importancia, exigen atención en nuestro país.
La institucionalidad y el compromiso con la democracia han perdido terreno en relación con otros tiempos, pero conservan solidez suficiente para enfrentar los retos del momento. Esa resiliencia guarda relación directa con la capacidad de la sociedad costarricense para extender una mano a quien la necesita. Eso marca la diferencia y también el rumbo.
Conviene volcar la mirada hacia lo que ocurre en los países del entorno, sin prejuicios ni escapismos. En los últimos días, se ha difundido la tesis de una conspiración fraguada en La Habana y Caracas para desestabilizar a América Latina. El peligro de suscribir ese razonamiento es adjudicar las convulsiones a causas externas, descuidando las motivaciones locales.
