La Cancillería confirmó el pasado 19 de octubre que Costa Rica seguirá siendo Estado parte del Estatuto de Roma y descarta retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). Así lo expresó en un oficio la canciller Ana Elena Pinto, a los pocos días de asumir su cargo. La noticia es positiva y, en el marco de una presión internacional significativa, merece celebrarse porque reafirma el compromiso del país con el multilateralismo y con un orden internacional basado en reglas.
No obstante la buena noticia, las formas dejan mucho que desear. La respuesta no nació de una iniciativa de la Cancillería, sino que es producto de una orden de la Sala Constitucional. Esto ocurrió luego de que se acogiera parcialmente un amparo interpuesto por La Nación, al constatar que la Cancillería había dejado de contestar cinco de seis preguntas sobre la posición oficial del país ante los llamados de Washington. La Sala le ordenó responder, bajo la lógica de que se trata de información pública.
Por el fondo, la posición está bien planteada. La canciller sostuvo que pertenecer a la Corte es una decisión soberana, conforme con el ordenamiento interno y con compromisos libremente asumidos, y que no implica afectación a la soberanía nacional. Añadió que el propósito es fortalecer el marco funcional del tribunal dentro del principio de complementariedad, que no existe iniciativa alguna para denunciar el Estatuto ni comunicación escrita de los Estados Unidos que lo solicite; solo “intercambios generales” en foros internacionales. Es una respuesta sobria y ponderada, que, en las actuales circunstancias, no es poca cosa.
El contexto en que se emite tampoco es menor. El secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó en julio una campaña para desmantelar la Corte. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, instó a los miembros del Escudo de las Américas, entre ellos Costa Rica, a abandonar el tribunal. Donald Trump reiteró este llamado ante la Asamblea General de la ONU, luego de que Washington sancionara a jueces, a la presidenta de la Corte y a la institución misma. Con todo y la contundencia del ataque, la respuesta de los Estados ha sido escasa, y solo un puñado de países africanos junto con Venezuela y una pequeña isla de Micronesia han notificado su retiro del tribunal. Definitivamente, no es el club en el que Costa Rica quiere estar.
Estados Unidos sostiene que la Corte representa una amenaza, aunque nunca ratificó el Estatuto, que otorga jurisdicción sobre crímenes cometidos en territorio de un Estado parte, sin importar la nacionalidad del acusado. La Corte solo actúa cuando la justicia nacional del Estado con jurisdicción no quiere o no puede hacerlo.
Para un país sin ejército, la soberanía no se defiende con la fuerza, sino con el derecho. Costa Rica ratificó el Estatuto en el año 2001, y tiene hoy un juez costarricense en el tribunal, Sergio Ugalde. Entonces, ejercer la soberanía es obligarse libremente y cumplir con los compromisos internacionales. Renunciar a un tratado internacional porque una potencia lo exige es, justamente, cederla.
Para Costa Rica, además, el derecho internacional no ha sido simple ornamento diplomático. Cuando la diplomacia falló en la invasión de isla Calero, y ninguna potencia vino en nuestro auxilio, el país encontró respuesta en la Corte Internacional de Justicia, y por eso el derecho internacional y sus tribunales son de enorme trascendencia para nuestra seguridad nacional.
Quien debilita una corte internacional, por convicción ideológica o cálculo coyuntural, debilita la mejor herramienta con la que una nación pequeña puede lograr que su palabra tenga algún peso frente a las grandes naciones.
Por eso, corresponde estar vigilantes. Hoy solo existe un oficio ministerial emitido en acatamiento de un fallo, no una política sostenida desde Zapote. Hasta ahora no se conoce pronunciamiento alguno de la presidenta Laura Fernández.
La salida del excanciller Tovar, quien había calificado el tema de existencial, se produjo tras un confuso episodio vinculado con el Escudo de las Américas, y recuerda lo sensible de la relación con Washington, que ha venido incrementando la presión con el tiempo. Costa Rica depende de Estados Unidos en seguridad y comercio, y la tentación de ceder a las presiones crecerá con cada vuelta de tuerca.
La Asamblea Legislativa, los medios y la sociedad civil deben exigir que esta posición se convierta en una política pública estable, que se acuerpe desde la Presidencia y que se refleje en los votos y las declaraciones del país en los foros multilaterales, y no quede supeditada a los cambios de ministro ni a las coyunturas de la agenda bilateral.
