Guillermo Araya, exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), pidió a los diputados de la comisión investigadora de la penetración del narcotráfico en la zona sur prohibir las donaciones de dinero en efectivo a los partidos políticos. La práctica, como es evidente, se presta para la infiltración de recursos del narcotráfico y el lavado de capitales.
Las elecciones cantonales son las más vulnerables, como sucede en países vecinos, entre los cuales México es un ejemplo inmejorable. La política local se desarrolla a partir de estrechas redes de relaciones personales con múltiples puntos de ingreso y pocos frenos una vez lograda la infiltración.
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Financiar el acceso es relativamente barato, dadas las necesidades modestas de fondos. Mientras más remoto y escasamente poblado el cantón, mejor. Cuanta menos población, menor la inversión y más fácil el cultivo de las relaciones clave para ganar influencia en la política local. La distancia, por otra parte, debilita la fiscalización.
Para rematar, los cantones menos poblados y más distantes se ubican en puntos estratégicos para el trasiego de drogas y otros ilícitos. Justamente están en las costas y fronteras terrestres. La remotidad también permite la construcción y operación discreta de pistas de aterrizaje clandestinas.
Precisamente, la comisión ante la cual compareció Araya investiga la penetración del narcotráfico en la zona sur, donde están presentes las características señaladas, y los posibles nexos con actores políticos. Entre los investigados por el caso Darwin está el presidente municipal de Corredores, y entre los hechos todavía sin explicación está la aparición de un camino, sin permisos de ningún tipo, hacia las instalaciones de una embotelladora de agua instalada por los implicados.
Araya pide legislar para exigir la bancarización de las donaciones y someterlas a los mecanismos formales de control. Así, las autoridades podrían rastrear el origen de los recursos si se presentaran irregularidades. Nada garantiza la pulcritud del dinero utilizado en una campaña, incluidas las obligaciones legales sugeridas por el exdirector del ICD a los diputados de la comisión investigadora, pero es mejor poner obstáculos a los recursos mal habidos. La omisión del requisito en la ley más bien sorprende.
Para complementar la prohibición de las donaciones en efectivo, Araya sugiere incrementar los controles sobre la ayuda en especie, también apta para ganar influencias indebidas. La sugerencia del experimentado policía coincide con la expresada poco antes por Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ante el mismo foro. En concreto, el TSE propone modificar el Código Electoral para bancarizar toda donación superior a dos salarios base.
El riesgo de infiltración del narcotráfico en los ahora 83 cantones del país no es nuevo. En los escándalos de la década del 80 hubo municipalidades comprometidas. En el 2011, el fiscal general Jorge Chavarría reformuló la advertencia con completa precisión: dijo temer la penetración de las municipalidades costeras para controlar el acceso al mar y operar con impunidad. Los cantones fronterizos también figuraban entre las preocupaciones que hicieron al Ministerio Público adoptar una política de combate prioritario contra la corrupción en esas regiones.
Las regulaciones del dinero dedicado a las campañas políticas rara vez gozan de trámite expedito. Los controles van a contrapelo del manejo rápido de las donaciones, pero son necesarios para evitar la injerencia del crimen organizado en la política y en las instituciones. Ojalá la Asamblea proceda, esta vez, con celeridad.