11 octubre

El rechazo a la propuesta de acuerdo para el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso de manifiesto la insuficiente preparación y consulta de las medidas planteadas. El gobierno afirma haber hecho el anuncio para iniciar la conversación, pero diversos sectores no lo entienden así y reclaman la falta de participación en etapas más tempranas.

El llamado al diálogo del presidente, Carlos Alvarado, constituye un reconocimiento de la omisión. Visto el desarrollo de los acontecimientos, no cabe duda de que el mandatario habría preferido convocar con anterioridad. Nadie plantea con seriedad el abandono de un acuerdo con el FMI y todos, salvo los exaltados más radicales, reconocen la necesidad de hacer ajustes y sacrificios.

La conversación trata, precisamente, sobre la definición de esos cambios y sacrificios. Como dijo el presidente, el tiempo para conseguir los acuerdos es limitado. Esa realidad conduce a echar de menos un foro permanente, institucionalizado, para examinar los problemas del país y forjar acuerdos a tiempo o, mejor todavía, con previsión de las amenazas y aprovechamiento de las ventajas.

La falta de un espacio como ese también se hace patente en la multiplicidad de ofertas de mediación y diálogo sin método ni representatividad. Muchas estarán animadas por las mejores intenciones, pero la dispersión de esfuerzos es un peligro en sí misma, dadas las circunstancias.

Irlanda supo enfrentar los mismos retos mediante la creación de un Consejo Económico y Social (CES), donde los problemas del país se discuten con serenidad entre representantes de los más diversos sectores, pero con los intereses gremiales desplazados a un segundo plano para favorecer el interés nacional. El CES ayudó a los irlandeses a superar una crisis tan grave como la nuestra y a colocarse entre las naciones más prósperas del planeta.

Ahora, los CES existen en buena parte de Europa y en muchas otras naciones. La clave del éxito es su carácter consultivo y apolítico, además del asidero técnico exigido a sus recomendaciones. No es un lugar para expresar agravios y plantear demandas, sino para identificar problemas y construir soluciones.

Precisamente por eso, el órgano central del CES debe ser una secretaría técnica, encargada de proveer la información necesaria para la discusión inteligente. El acuerdo básico sobre los hechos es un punto de partida indispensable para el análisis sensato y el diálogo de buena fe entre sectores con visiones contrapuestas.

En nuestro país, el Consejo Consultivo Económico y Social (CCES) existe por decreto ejecutivo desde el 2018, como instancia de diálogo y generación de acuerdos entre académicos, productores agrícolas, cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, cámaras, asociaciones y alianzas empresariales, y confederaciones y federaciones.

Según el decreto, es un órgano de carácter no vinculante, cuyos miembros laboran ad honorem para impulsar el desarrollo social y económico. La iniciativa es parte del Acuerdo Nacional por la Costa Rica del Bicentenario, fue apoyada por el Consejo de Promoción de la Competitividad y tiene el respaldo de la mayoría de los partidos políticos. Cuando se anunció el decreto, el presidente Alvarado lo describió como un instrumento de apoyo al Estado para la construcción permanente del diálogo social. Los acontecimientos de días recientes subrayan la necesidad de ponerlo a funcionar, quizá con la colaboración de facilitadores con experiencia en otros países, como la propia Irlanda.