17 octubre

Estamos avisados. Célimo Guido y el Movimiento Rescate Nacional, responsables de los cierres de vías ejecutados en los últimos días, “levantarán el país” si el gobierno no accede a “negociar”, es decir, a darles la razón para evitar la prolongación de las agresiones contra la ciudadanía y la Fuerza Pública.

Por decreto de Guido, sus asociados y un puñado de seguidores, a los ciudadanos se nos prohíbe transitar libremente por las vías nacionales no importa si es por trabajo, una emergencia o dar a luz en condiciones idóneas para garantizar la salud de madre e hijo. La policía, advirtió José Miguel Corrales antes de denunciar la penetración del narcotráfico en los disturbios, no debe acercarse a los cierres de vías porque podría haber derramamiento de sangre y el gobierno cargaría con la responsabilidad. En otras palabras, Rescate Nacional aspira a violar la ley con impunidad y sin perturbaciones.

La nueva advertencia fue anunciada el jueves, 24 horas después de la reunión de Guido y Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), quien dijo haber conseguido una tregua de los bloqueos practicados en las últimas semanas.

Sin embargo, la versión de Guido es distinta. Si no hay bloqueos es porque decidió dar un respiro al gobierno y cumplir sus condiciones para negociar. Dirigiéndose al presidente, afirmó: “Usted ha dicho una y otra vez que si no hay movimientos en la calle entra a negociar. Esperamos que esta vez sea la excepción y no mienta, y cumpla la palabra. Vamos a hacer la pausa hasta el próximo miércoles”.

No queda claro si la tregua es producto del genio negociador del presidente de la Uccaep o del deseo de Guido de cumplir las exigencias del gobierno para “entrar a negociar”. En cambio, queda claro que la tregua de Jenkins expiraría el miércoles, un plazo muy corto para el enorme precio pagado por las cámaras empresariales. Si Guido, por otra parte, cumple el acuerdo con Jenkins, las declaraciones del jueves son pura bravuconada y el gobierno puede estar tranquilo porque la amenaza de poner fin a la “pausa” no se cumplirá.

Así, podría suceder, no porque Guido le cumpla a Jenkins —lo cual no tiene intención de hacer si atendemos sus manifestaciones del jueves— sino porque, cuando negociaron, el “movimiento” ya estaba de salida, los cierres de vías eran pocos y las divisiones internas, obvias. Uccaep vino al rescate en el momento preciso.

Ahora, Guido ofrece al gobierno la “oportunidad” de conversar bajo amenaza, ya no bajo presión de los bloqueos. Es una propuesta igualmente inaceptable, especialmente cuando se toman en cuenta los antecedentes de los últimos días, que dejaron más de cien policías heridos y graves pérdidas materiales.

En este caso, la solución no es el diálogo, sino la rigurosa aplicación de la ley. Desafortunadamente, el Ministerio Público no actuó a tiempo frente a los disturbios. Varios ciudadanos y el gobierno mismo plantearon denuncias, encomiables, pero innecesarias porque las conductas por examinar son de acción pública. No obstante, sirvieron para echar a andar el proceso.

Es hora de dejar de tolerar amenazas y medidas de fuerza. La ciudadanía está harta y los perturbadores del orden lo saben, pero no pueden evitar el empleo de métodos violentos, no importa cuán impopulares. A falta de número, la fuerza es la única forma de hacerse notar. La ilusa tregua de Uccaep ignora esa realidad.

Las autoridades demoraron el inicio de las operaciones para despejar las vías, no por temor a los manifestantes, sino por cálculo político. Cuando la opinión pública empezó a exigirlo con más vehemencia, los cierres comenzaron a desaparecer. La pasividad de las autoridades permite a los radicales transformar su debilidad en fortaleza. Por el contrario, una respuesta decidida los desarma y desenmascara, como sucedió en esta oportunidad sin que Uccaep se diera cuenta.