La figura de concesión de obra pública, regulada por la Ley 7762, permite la concesión no solo de obras nuevas —carreteras, puertos, aeropuertos, plantas eléctricas— sino también de activos existentes. Esa última figura se denomina, internacionalmente, M&O (mantenimiento y operación) y constituye un mecanismo muy adecuado para atraer recursos frescos en momentos de déficit y endeudamiento público. Es una lástima la falta de atención prestada a esa posibilidad que, entre otros, analizó y recomendó Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, en un artículo publicado en este medio (“El concierto de las APP”, La Nación, 1/5/2018).
Hace poco, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) una solicitud de alza del 13 % en las tarifas eléctricas para atender, entre otros, problemas asociados con su alto endeudamiento. Anteriormente, una de sus subsidiarias, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), había solicitado un aumento del 24 % en las tarifas de sus clientes.
Como oportunamente informamos, el ICE pagó ¢177.780 millones en intereses y comisiones de sus créditos y bonos de deuda en el 2017. El monto es un 87 % más frente a los ¢95.111 millones pagados en el 2017. Lo señalado hizo que el Grupo ICE cerrara con una pérdida de ¢51.706 millones el año pasado (vea “ICE pide un 13 % de alza en tarifas eléctricas”, La Nación, 10/10/2018).
Dado el alto peso del costo de la energía eléctrica en el gasto familiar y productivo, y con vista en la elevación de la carga impositiva contemplada por la reforma fiscal, resulta ilógico no analizar formas alternativas, menos onerosas desde el punto de vista de los administrados, para mejorar la situación financiera del ICE, de la CNFL y del Estado costarricense como un todo.
La concesión de activos existentes, por ejemplo, plantas eléctricas, es una salida no solo posible, sino deseable. Al concesionar plantas y encargar al concesionario su mantenimiento y explotación, que básicamente podría consistir en vender energía al ICE y a la CNFL, no a los consumidores finales, esas entidades recibirían recursos frescos para reducir pasivos y, por tanto, la carga de intereses; hasta podrían obtener fondos para iniciar la construcción de nuevas plantas. Para que el país obtenga el máximo provecho, también conviene reformar la ley limitante de la producción de los generadores privados.
“No importa que el gato sea blanco o negro”, dijo Deng Xiaoping, “lo importante es que cace ratones”. La frase es pertinente para Costa Rica en materia de generación eléctrica. No importa que la produzca el ICE, la CNFL o generadores privados, lo importante es que las familias y los productores cuenten con un servicio de calidad a precios razonables. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) también podría recurrir a la concesión de obras existentes.
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A estas alturas del siglo XXI no debemos seguir amarrados a la vieja ideología del Estado empresario que, además, se aferra a operar de manera casi monopolística, cualquiera que sea el costo. Para llevar a buen puerto estos propósitos, es necesario evitar la dispersión de esfuerzos y, más bien, concentrarlos en una unidad altamente especializada, alejada del vaivén político, como debería ser el Consejo Nacional de Concesiones. El Estado empresario no tuvo éxito en Costa Rica. Basta con recordar la triste experiencia de la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa). Pero en la materia que nos ocupa, y en otras, los servidores públicos no deben ignorar las mejores prácticas empresariales.
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