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Ocho agentes heridos, más de 2.500 disparos y casi una hora de combate revelan la peligrosidad de la operación que culminó con la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, líder de un clan vinculado con más de 200 homicidios. Este histórico golpe contra el crimen organizado fue el resultado de meses de investigación, inteligencia, vigilancia y coordinación entre fiscales e investigadores que arriesgaron la vida frente a vándalos provistos de armas de guerra mucho más potentes que las suyas.
Que una operación con decenas de funcionarios no se filtrara y tomara por sorpresa a Diablo, a Jonathan Pérez, alias Tan, y a Roney Ríos, conocido como Coco Guácimo, dice mucho de la integridad, la disciplina y el profesionalismo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público; es una señal alentadora de la entereza del Poder Judicial para resistir los intentos de penetración de las redes criminales.
Desde el 2022, el entonces ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, afirmó que Diablo penetró a los cuerpos policiales para evadir el arresto y, en agosto del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó de que evadía la justicia utilizando “información de contactos gubernamentales” del exmagistrado, exministro de Seguridad y extraditado Celso Gamboa Sánchez.
Luego de casi 10 años en fuga, durante los cuales Diablo construyó un poderoso cartel, su captura brinda a la presidenta de la República, Laura Fernández, la oportunidad de rectificar y reconocer que la guerra contra el narcotráfico solo puede librarse si se fortalece con recursos suficientes a quienes investigan, persiguen y ponen el cuerpo frente a las balas. Más aún cuando, en su discurso de toma de posesión, el 8 de mayo, prometió mantenerse al lado de “cada policía que arriesga su vida por devolvernos la paz y la seguridad”. Los agentes han honrado esas palabras.
Mantener y profundizar el estrangulamiento presupuestario del OIJ y el Ministerio Público solo les dará ventajas a los delincuentes. La decisión más racional es que la presidenta instruya al Ministerio de Hacienda a desbloquear los fondos ya aprobados por la Asamblea Legislativa, que ascienden a ¢8.688 millones para crear 176 plazas en el OIJ y 99 en el Ministerio Público. Además, el gobierno había anunciado un recorte de ¢3.053 millones para gasto operativo, y el propio día de la captura de Diablo, Michael Soto, director interino de la Policía Judicial, fue informado de otro por ¢5.731 millones.
De manera dramática, la Operación Némesis expuso la urgencia de ese dinero. Soto reveló que no alcanzaron los cascos para todos los movilizados hasta San Bernardino, en Río Frío de Sarapiquí, y que a finales de año no habrá combustible para operativos. Rogó por viáticos para que los investigadores puedan alimentarse dignamente y dinero para realizar peritajes, incluso en casos de delitos sexuales. No son lujos, sino lo básico para afrontar una mafia a la que, si algo le sobra, es dinero.
Resulta inadmisible que, después de 44 operaciones de alto impacto en un año y de resultados tan exitosos como los de los casos Traición, Dalila, Riverside y ahora Némesis, Soto deba implorar dinero. Un cuerpo policial que ofrece resultados no debería mendigar los recursos que ya le fueron asignados.
Todo país debe establecer prioridades de gasto, y corresponde a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda distinguir entre lo prescindible y lo esencial. No debería existir duda alguna de que combatir el narcotráfico exige una inversión prioritaria y sostenida. Aunque ahora fueron neutralizados Diablo, Tan y Coco Guácimo, siempre surgirán individuos dispuestos a sustituir a los cabecillas, apropiarse de sus rutas, reclutar a sus colaboradores, disputar territorios y ordenar más homicidios. Si el OIJ y el Ministerio Público aflojan, esas redes volverán a acumular poder.
De ahí que Némesis deba servir para marcar el comienzo de una estrategia de colaboración entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si con recursos limitados el Judicial logró capturar a tres cabecillas cuyas organizaciones estarían vinculadas con al menos 360 homicidios, es válido suponer cuánto más se podría alcanzar si los tres poderes caminaran con una estrategia conjunta.
Los jefes narcotraficantes sí lo hacen. El expediente del Caso Riverside –en el cual el OIJ y la Fiscalía desarticularon una estructura que montó Edwin López Vega, alias Pecho de Rata– demostró comunicaciones, coordinación de actividades e intercambio de contactos. Los celulares de Pecho de Rata evidenciaron posibles vínculos con la banda de Diablo. Si las redes criminales cierran filas, los poderes del Estado no deben ir en dirección contraria y enfrascarse en insultos, descrédito y desfinanciamiento.
La captura de Alejandro Arias Monge ofrece la oportunidad de cambiar ese rumbo. El combate debe ser contra los criminales, no entre los poderes de la República. Ya los agentes pusieron la inteligencia, la disciplina y el cuerpo; corresponde ahora al Ejecutivo aportar la voluntad política y los recursos. Eso significa caminar juntos, la otra promesa que hizo Fernández en su primer día de mandato.
