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Durante cuatro décadas, un vecino de Cartago asistió sin falta a las actividades patrias del 14 de setiembre en la Plaza Mayor. Nunca llevó pancartas ni buscó ningún tipo de protagonismo; solo quería participar, como cualquier costarricense, en la conmemoración de la Independencia. Este año, por primera vez, le exigieron identificarse con su cédula y lo requisaron de pies a cabeza antes de dejarlo entrar al perímetro. Cuestionó, con razón, por qué se le trataba como un delincuente.
No obtuvo respuesta, solo la receta ya conocida: crema de rosas, recetada, esta vez, por el ministro de la Presidencia y de Hacienda. La réplica del ciudadano fue precisa y valiente, no ofensiva: “Cuando no tenga inmunidad, nos vemos”. Fue esa frase, pronunciada a una distancia suficiente del ministro, la que desató el gesto burlón que todos conocemos.
La tentación editorial es revivir la escena, criticar el gesto, discutir si fue gracioso o infantil, medir la intensidad de la burla o la chabacanería. Eso sería enfocar la atención en el victimario, cuando debe estar en la víctima. Lo grave de este hecho es que un ciudadano ejerció su derecho de pedir cuentas a quien lo sirve y recibió como respuesta circo en vez de razón.
Aquí, se hace vital enfatizar en una diferencia fundamental: cuestionar a un funcionario público no es ofenderlo. Un ciudadano tiene derecho a pedir cuentas, expresar su desacuerdo y plantear preguntas incómodas a quien está en el poder. Presentar ese reclamo como una ofensa invierte los términos de la relación democrática: el funcionario no está siendo atacado por el ciudadano que pregunta; está siendo interpelado por alguien a quien debe servir.
No es casual que esto ocurriera la víspera de la Independencia, cuando conmemoramos con faroles que son nuestras instituciones y no las armas, las que sostienen nuestra convivencia. Un ciudadano que le recuerda a un funcionario los límites de su poder, con una frase y no con un puño, ejerce exactamente esa tradición. Que se le responda con burla, precisamente ese día, es una paradoja que no debemos olvidar.
La reacción posterior en la conferencia de prensa del pasado miércoles agrava la ofensa. La presidenta calificó lo ocurrido como un “error”, pero lo minimizó frente a un escenario hipotético que no llegó a ocurrir, pero que tácitamente nos recordó a todos que está dentro de las potestades del funcionario: habría sido peor que, en vez de burlarse, lo arrestara.
Es decir, el estándar con el que se mide el comportamiento del funcionario no es el respeto al ciudadano; es el abuso de autoridad. Esa comparación redefine el mínimo aceptable de esta administración. Ya no importa qué debe permitirse, sino que pudo haber sido peor. Bajo esta lógica, la burla y la humillación se convierten en el resultado “menos malo” posible cuando el poder se enfrenta a alguien que se atreve a disentir.
Tampoco fue un hecho aislado esa noche. Oficiales retiraron por la fuerza a dos manifestantes de una protesta pacífica, prohibieron el ingreso de pancartas con consignas democráticas y un periodista tuvo que abandonar el lugar después de que un grupo lo rodeara mientras grababa. Ninguno de ellos fue acusado de delito alguno, pero todos recibieron, en distinta medida, el mismo mensaje: el espacio público, el día dedicado a celebrar la Independencia, no tolera a quien resulte incómodo para el poder.
El costo más alto de lo ocurrido es que el mismo ciudadano confirmó que no volverá a las actividades patrias mientras se mantengan estas condiciones de acceso. Cuando un vecino que asistió sin falta durante 40 años decide que ya no vale la pena, algo se rompió en nuestro país. Esa es la erosión que preocupa: no que un funcionario se burlara una vez, sino que otros ciudadanos, al verlo, decidan que disentir en público no vale el riesgo.
No creemos que cada comentario desafortunado de un funcionario público merezca un editorial. La atención misma puede convertirse en la amplificación que buscan y el debate público no necesita una entrada más en el catálogo de ocurrencias de quienes gobiernan. Pero hay una diferencia entre un exceso puntual y la normalización del desprecio hacia el ciudadano que cuestiona la autoridad, y los eventos de Cartago cruzaron esa línea. Lo que está en juego no es ya el decoro: es el derecho de los ciudadanos a seguir asistiendo, preguntando y confiando en que hacerlo no les va a costar ridículo, exclusión, violencia o humillación.
El compatriota burlado en Cartago, que pidió expresamente que se reservara su identidad, dijo a este medio algo que vale la pena resaltar: este es un país de libre expresión y las personas tienen derecho a manifestar su incomodidad con lo que ocurre a su alrededor. Ese derecho no necesita permiso ni está sujeto a identificarse en la entrada.
Si la democracia todavía significa algo el día en que se conmemora la Independencia, un ciudadano que cuestiona al poder nunca debería salir de la plaza más pequeño de lo que entró. Deseamos que el ciudadano cambie de parecer y vuelva a Cartago el próximo año. Y que muchos más lo acompañen.
