La decisión gubernamental de destituir la Junta Directiva en pleno del Banco Nacional (BN) y sustituirla, poco menos de dos horas después, por un grupo provisional de personas cercanas, tiene muchas y muy graves connotaciones. La peor es que se trata, a todas luces, de una decisión destinada a tomar el control político de la institución financiera más relevante del país.
Si el hecho lograra consolidarse, sería el segundo caso, durante la administración actual, en que el gobierno logra dominar un operador financiero calificado como “sistémico”. En octubre de 2022, tras rechazar con motivos poco convincentes a las cuatro personas designadas por su Asamblea de Trabajadores, designó a los siete miembros de la Junta Directiva del Banco Popular.
En el caso del BN, la justificación formal tiene muy pocos elementos de verosimilitud. Según un extenso documento presentado el miércoles por el vicepresidente Stephan Brunner al Consejo de Gobierno, que sirvió como excusa para la decisión de ese órgano, los siete directores del banco incurrieron en una serie de faltas durante el nombramiento de su gerenta general, Rosaysella Ulloa, el 3 de setiembre del año pasado.
Es algo que sorprende por dos razones esenciales. La más reciente es que la investigación que precedió a ese informe no encontró las presuntas anomalías en el procedimiento de selección a las que hizo mención Brunner. Además, pese a no existir un mandato legal sobre cómo proceder al nombrar a su gerente, en esa oportunidad la Junta Directiva optó por la opción más transparente y rigurosa posible. Contrataron una prestigiosa empresa especializada, que realizó un metódico proceso de selección. Ulloa, con 33 años de carrera en el banco, y entonces su directora de Crédito y subgerenta general, quedó en el primer lugar de los candidatos considerados.
Curiosamente, esa empresa –Doris Peters & Asociados– fue la misma que utilizó el presidente Rodrigo Chaves para escoger sus candidatos a las vicepresidencias y algunas diputaciones. En este caso, sin embargo, el mandatario la emprendió contra el proceso y la decisión de la Directiva, sobre la cual había intentado influir previamente. No es difícil suponer que su enorme molestia se produjo porque sus miembros, al seguir un procedimiento apegado a las mejores prácticas, no cedieron a sus presiones para impulsar a otro candidato o candidata de su preferencia y cercanía.
La intención punitiva y de control político de esta decisión quedó en evidencia en unas declaraciones de Chaves, tras juramentar a los nuevos directores. Textualmente, les dijo lo siguiente: “Ustedes saben, o deberían saber, que en este momento hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos de una empresa absolutamente conectada con el poder político tradicional; ahí les voy a dejar el caso, y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendrá que pasar por la Junta, pero es un tema muy delicado”.
No existe evidencia alguna de que esa afirmación sea cierta; más bien, tanto el presidente destituido, Marvin Arias, como la gerenta Ulloa, la rebaten. Pero lo grave, muy grave, es que se intente incidir directamente en una decisión que debe ser autónoma, y que las consideraciones no sean técnicas o financieras, sino políticas, en el sentido más estrecho del término.
La declaración, que consta en un video retirado por la Presidencia tras su divulgación, deja un agudo tufo de vendetta y amenaza a sus presuntos adversarios políticos. Lo que revela es la intención presidencial de penalizarlos o perseguirlos a su antojo mediante la manipulación de una institución bancaria.
El caso del Nacional tiene similitudes con lo ocurrido a la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) en mayo del año anterior, luego de que la entidad, también mediante un riguroso concurso, escogió para la gerencia a una persona distinta a la que Chaves pugnó por colocar en el cargo.
Como Cinde es una entidad privada, el castigo fue cancelar el convenio mediante el cual se le transferían fondos públicos para financiar, en parte, sus tareas de promoción de inversiones. En el caso del BN, propiedad del Estado, el Consejo de Gobierno funge como una virtual asamblea de accionistas. Por ende, en principio tiene gran ámbito decisorio, pero este debe ajustarse al debido proceso. Muchos elementos indican que ahora no ha ocurrido así.
Lo que se percibe, al sumar a la arremetida contra el Banco Nacional los casos del Popular y de Cinde, es una determinación de llevar a extremos la capacidad decisoria del gobierno para utilizar entidades que deben manejarse técnicamente como plataformas de intereses que van más allá de sus funciones. Es decir, la discrecionalidad del gobernante y sus ministros como principio rector.
Más allá de lo anterior, que es lo más grave, la destitución de la Directiva del Nacional y las acciones legales que ya han anunciado sus miembros, generan indudable incertidumbre alrededor del banco con mayor capitalización del mercado, algo a lo que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) debería prestar particular atención. Su solidez y solvencia no están en riesgo, y esto debe tranquilizar a los depositantes. En cambio, la integridad de su gobernanza corporativa, que tanto ha mejorado durante los últimos años, ha quedado manchada. Es otra de las negativas connotaciones de este turbio episodio.
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Aún no se ha producido un desenlace definitivo. Quizá las acciones legales anunciadas en las jurisdicciones Constitucional y Contenciosa Administrativa logren revertir la arbitraria decisión gubernamental. Aunque esto ocurra, sin embargo, ya se ha causado un gran daño a la institucionalidad, la transparencia, la seguridad jurídica y la rectitud en la función pública.
