EscucharEn el 2022, las aguas residuales de 1.070.000 habitantes de once cantones josefinos dejarán de contaminar los ríos donde hoy se vierten sin tratamiento alguno. La promesa es de larga data, pero esta vez hay motivos para creer. Las obras ya han avanzado en un 69 %. La última etapa del proyecto, valorado en $388 millones, comenzará este año.
Los trabajos incluyen 361 kilómetros de tubería, la reparación de colectores y un túnel para canalizar las aguas hasta la planta de tratamiento de Los Tajos, en La Uruca, cuyas instalaciones, inauguradas en el 2015, son parte del proyecto. El sistema manejará 2.800 litros de aguas residuales por segundo y el impacto benéfico sobre el ambiente será extraordinario.
El avance es digno de celebración. El alcantarillado sanitario rara vez figura entre las prioridades gubernamentales precisamente porque se le diseña para no ser percibido. Las tuberías y túneles son subterráneos y cuando alguna parte del sistema es visible en la superficie, se le instala lejos de sitios habitados.
Ahora, el proceso mismo de construcción se hace, hasta donde es posible, sin llamar la atención. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) emplea máquinas capaces de hacer túneles subterráneos sin romper la superficie, para no perturbar, en la medida de lo posible, las actividades cotidianas en sitios tan transitados como San José, Escazú, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat y La Unión.
Las obras no están a la vista, como las carreteras, ni tienen el efecto perceptible de otros trabajos subterráneos, como las tuberías de abastecimiento de agua potable, pero son esenciales para la preservación del ambiente y los recursos naturales, comenzando por el agua misma. El impulso a obras tan mal recompensadas es un acto de responsabilidad merecedor de reconocimiento.
Por lamentar solo quedan la tardanza y los millones de litros tóxicos vertidos sin tratamiento en el curso de tantos años. El proyecto, cuya ejecución le debe mucho a la cooperación del Gobierno japonés, se inició en el 2007, pero fue concebido desde antes. En su momento, enfrentó los traspiés burocráticos habituales, y algunos extraordinarios, como el conflicto del 2011 entre directivos y técnicos del AyA por la escogencia del constructor de la planta de Los Tajos.
Los japoneses esperaron con paciencia la resolución de los conflictos para desembolsar una donación de $40 millones, pese a la urgencia del problema en un país celoso de su reputación verde, donde solo se tratan las aguas residuales y negras del 4 % de la población. Al proyecto se le han sumado recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Nacional y AyA.
Cuando concluya la próxima etapa, a la red se le unirán localidades de Heredia y Alajuela para aumentar la cobertura a 1,6 millones de habitantes. La importancia del avance no debe nublar la vista de las tareas por ejecutar, pero permite soñar con la recuperación de la cuenca del río Tárcoles, la más contaminada del país y una de las más bellas, si la suciedad dejara apreciarla.
Las obras para extender el alcantarillado y tratamiento de aguas deben continuar a paso acelerado. El país sufre un rezago de muchos años. El Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, como se conoce la iniciativa de comentario, es ejemplo de obras necesarias en otras partes del territorio nacional para garantizar la calidad de vida de futuras generaciones y alinear las políticas ambientales con la imagen y legítimas aspiraciones de Costa Rica.
