EscucharEn nuestro editorial del 4 de abril, instamos a los gobiernos locales, por definición más próximos a las necesidades de sus cantones, a reformular sus prioridades de acción con base en los males sociales traídos por la pandemia de la covid-19. El esfuerzo debe ir más allá de enviar a parte de su personal a la casa, en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Central.
Muchas empresas se han visto obligadas a cerrar o reducir significativamente su actividad y gran cantidad de personas han perdido o han visto caer buena parte de sus ingresos. Las municipalidades lo saben y, por eso, deben pensar en planes eficaces y solidarios para hacer más soportable la carga de quienes, con el pago puntual de sus impuestos en tiempo de normalidad, coadyuvan a mantenerlas.
En respuesta al editorial, la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras Arguedas, afirma que “las municipalidades han estado en la primera línea de acción mediante la recolección de residuos” y muchos, aunque no todos los concejos, “han contribuido a la desinfección de lugares de uso comunitario”. Además, los policías velan por el cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud. Los concejos también ofrecen información “sobre cambios en servicios municipales”.
Esas funciones son de beneficio para las comunidades, pero no todas son nuevas ni constituyen respuestas específicas a la pandemia. La recolección de basura es más necesaria que nunca y es de agradecer que la Policía añada a sus funciones la preocupación por las órdenes sanitarias, pero no se han visto esfuerzos por reducir jornadas laborales de los servidores cuyos aportes, por ahora, no son prioritarios. Los recursos ahorrados podrían satisfacer las nuevas urgencias de numerosos ciudadanos desempleados. Tampoco se ha visto interés en rebajar tributos y patentes mientras dure la crisis. La directora de la UNGL argumenta, con razón, que las municipalidades no tienen potestad para legislar sobre la carga impositiva, pero sí la tienen para insistir a la Asamblea Legislativa para que lo haga.
Gran parte de la respuesta de la UNGL consiste en generalidades como decir: “Las competencias de los gobiernos locales, así como los servicios a su cargo, se amplían mediante legislación o coordinación intergubernamental a fin de resolver problemas más cotidianos de los municipios, que repercuten en la calidad de vida". Es difícil entender el significado de esa afirmación, pero, cuando señala que “la ejecución de nuevas competencias no necesariamente llegan acompañadas de más recursos”, se entiende que las municipalidades estarían dispuestas a emprender nuevas funciones si reciben más fondos, no mediante la reasignación de los que ya poseen de conformidad con las nuevas prioridades.
La emergencia de la covid-19 ha obligado a todos a actuar con creatividad, celeridad y solidaridad, no a escudarse en limitaciones legales para seguir haciendo lo mismo, como recolectar la basura. No se ha visto una verdadera muestra de solidaridad de los gobiernos locales con los ciudadanos. La Unión Nacional de Gobiernos Locales podría contribuir, pero, si no lo hiciera porque no le corresponde legislar o reasignar partidas presupuestarias concebidas para condiciones normales, la iniciativa debe venir de cada una de las municipalidades. Es hora de abocarse a identificar, con celeridad, la naturaleza de las dificultades enfrentadas por muchos de sus vecinos y las medidas concretas para atenderlas.
Cuando procedan de esta manera, los ayuntamientos podrán mostrar, con resultados concretos y verificables (personas atendidas en comedores, aportes a familias con necesidad, etc.), la importancia de las corporaciones municipales y su capacidad de responder a las necesidades de los ciudadanos.
