EscucharLa ruta 27, desde el Gimnasio Nacional, en San José, hasta el puerto de Caldera, una obra concesionada a la empresa Globalvia, constituye una pieza clave en el transporte vial del país y su costo es financiado por los usuarios, no con el presupuesto de la República. Por falta de previsión, el nivel de tráfico efectivo fue subestimado y, poco tiempo después de inaugurada la obra, su capacidad se agotó.
Fue necesario proceder con celeridad a ampliar la sección de mayor tráfico, que es la de Santa Ana a San José, pero quedaron otras por mejorar.
Ahora, el Consejo Nacional de Concesiones se encuentra en negociaciones para dar la aprobación final a una propuesta de ampliación presentada por Globalvia hace dos años, proyecto que se dividió en tres etapas y que, por los 77 kilómetros de la carretera, tiene un costo total estimado en $500 millones. Se trata de una ampliación bien concebida, que incorpora la construcción de puentes, viaductos, pasos a desnivel y más carriles, todo lo cual eleva la calidad del servicio.
La pandemia demoró el avance del proyecto, entre otros motivos porque expertos extranjeros no han podido venir a Costa Rica, pero, según el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, José Manuel Sáenz, la propuesta sigue viva y se espera avanzar en los estudios cuando la situación de salud pública se normalice.
En materia de concesión de obra pública con servicios es necesario plantearse si las tarifas futuras gozarán de aceptación general entre los usuarios o si el Estado deberá contribuir de alguna forma. La ruta 27 mostró ser de gran utilidad para sus muchos conductores desde el primer momento. Es una vía más directa entre San José y la costa que la zigzagueante carretera vieja. Por eso, el volumen de tráfico real supera el previsto y esa circunstancia, en la figura de concesión, se manifiesta en que el plazo del contrato se acorta. El contrato vigente tiene un plazo de 25 años, que termina en el 2033, y la intención del gobierno es prorrogarlo por unos 15 años para que los ingresos por peajes permitan a la empresa concesionaria recuperar el costo de su nueva inversión más el margen de utilidad usual.
Como todavía no está claramente definido el alcance técnico de la obra, ni el nivel de tráfico esperado, tampoco se pueden calcular las tarifas que se cobrarán por tipo de vehículo, las cuales deberán ser aprobadas por la dependencia técnica del Estado: la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Pero es de esperar que por una carretera de mejor calidad los usuarios estén dispuestos a pagar tarifas superiores. Además, las partes contratantes tienen la opción de modificar el plazo de la concesión y, de ser necesario, llevarlo más allá de los 15 años adicionales si fuera preciso para que, sin necesidad de tocar las tarifas, la concesionaria recupere la inversión.
Muchas son las ventajas de una obra más adecuada a las necesidades actuales y a las previsibles en el futuro cercano. Que algunas secciones de la ruta 27 solo tengan una vía por sentido es una enorme deficiencia, que se traduce en atascamientos y hasta en accidentes causados por conductores impacientes e irresponsables que invaden el carril contrario esperando no encontrarse con un vehículo en la dirección opuesta.
El Consejo Nacional de Concesiones estima que a principios del año próximo podría enviar el proyecto a conocimiento de la Aresep y de la Contraloría General de la República para obtener de ellas la aprobación. Para entonces, las tarifas y el plazo de la concesión deberían estar claros. El propósito es que la ampliación y mejora de la ruta 27 comiencen en la segunda mitad del año. Ojalá se cumpla esa calendarización para bien del país.
