EscucharEn un inicio, el país decidió financiar el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de manera tripartita: patronos, trabajadores y Estado aportarían lo necesario para garantizar las pensiones. Sin embargo, los aportes no son iguales, es decir, un tercio cada parte. Con el tiempo, la carga estatal se redujo y hoy el sector patronal es el que más cotiza (5,08% de las planillas).
El aumento de la cuota obrera acordado por la Junta Directiva de la CCSS, del 2,84% al 3,34%, a partir de julio próximo, y al 3,84 a partir de enero, y de la estatal de 0,58% a 1,24%, desde setiembre del 2016, enfrentan problemas. Grupos sindicales amenazan con huelga y Hacienda aún no ha honrado su parte del ajuste.
El IVM está enfermo y su cura requiere, entre otras medidas, de un aumento de cuotas, pero, al parecer, al menos dos sectores se niegan a colaborar. Sobresale la mora estatal, que a la fecha asciende a ¢50.000 millones y al final de este año llegaría a ¢83.000 millones, monto equivalente a un 0,26% del producto interno bruto (PIB).
El fortalecimiento del IVM requiere no solo de la elevación de cuotas, sino de una revisión de costos administrativos y de la rentabilidad de las inversiones hechas por la CCSS, entre otros ajustes. También es necesario explicar por qué el alza en las cuotas no afecta, en este momento, al sector patronal, que seguirá siendo el mayor contribuyente aunque prosperen los aumentos impuestos a los otros dos sectores. Elevar la carga empresarial podría atizar la informalidad y el desempleo y hasta estimular la sustitución del factor trabajo por máquinas y robots. Nada de eso conviene a los trabajadores.
El aumento de la cuota estatal, no obstante su moderación, cae en terreno árido, pues el déficit del gobierno es elevado y el Ministerio de Hacienda se rehúsa a aceptar la nueva obligación. De momento, la contabilidad financiera fiscal, hecha con base en el efectivo, no en lo devengado, hace que el déficit parezca más bajo de lo que en realidad es.
Pero la reticencia de Hacienda no tiene mucha lógica pues, a fin de cuentas, en materia fiscal lo importante es el saldo financiero del sector público consolidado, del cual también forma parte la CCSS. Si el Gobierno Central paga lo adeudado a la CCSS, aumentará su déficit, pero en el mismo monto disminuirá el del ente asegurador, por lo que el resultado neto sería cero. Es mejor para el país que Hacienda haga el pago, pues así la CCSS podrá atender mejor sus compromisos con la ciudadanía y el déficit quedará reflejado donde debe: en las cuentas del Gobierno Central.
Estudios actuariales del IVM realizados por expertos de la Universidad de Costa Rica permiten inferir que el aumento de la cuota obrera, previsto para entrar en vigor en julio próximo, va en el sentido correcto, aunque por sí solo no resuelve el enorme hueco financiero del régimen. El diálogo nacional sobre el tema debe continuar, en un marco de rigor técnico y de respeto por los intereses de las partes involucradas. No se trata, como si fuera un concurso de simpatía, de un ejercicio para hacer imperar “la opinión mayoritaria”, sino el juicio fundamentado técnicamente, para lo cual el insumo proveído por los expertos es fundamental.
La porción de la seguridad social de nuestro país administrada por la CCSS es muy importante, en particular para las generaciones que esperan obtener una pensión básica pero digna en los próximos años. No debemos demorar más el estudio y la adopción de medidas correctivas, muchas de las cuales, sostienen los expertos, debieron ser puestas en práctica ayer.
