EscucharEn el 2016, los rendimientos de la reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) financiarán la quinta parte de las jubilaciones pagadas por el sistema, el más importante del país, con 204.000 beneficiarios y otros 18.824 en camino el año entrante.
Los ingresos estimados son ¢690.000 millones, y los pensionados recibirán ¢860.600 millones. La diferencia de ¢170.000 millones saldrá de los intereses generados por la reserva, recurso cada vez más utilizado pese a sus efectos erosivos sobre la capitalización del régimen. El uso de los intereses generados por las inversiones ya no se disimula. La Caja Costarricense de Seguro Social lo incluyó en el presupuesto del próximo ejercicio y el superintendente de pensiones pide no “demonizarlo”.
Pero la situación es demoníaca. Los aportes de patronos y trabajadores apenas alcanzarán para pagar el 80% de las pensiones, la población envejece y el sistema hace aguas desde años atrás. El presente era predecible y se predijo. El futuro no es halagüeño porque, demonizada o no, la sangría de la reserva es un debilitamiento financiero paulatino.
Para pagar aguinaldo a los jubilados, la Caja echó mano a ¢50.000 millones del fondo de reserva este año. En el 2014, la suma fue similar y un año antes había ascendido a ¢26.000 millones. En el 2012, la reserva suplió el 3% del gasto en pensiones y ya para el año entrante financiará el 20%. La práctica fue inaugurada en el 2009, como una medida “coyuntural”, destinada a resolver un problema momentáneo, pero ha venido creciendo desde entonces.
Hace poco tiempo, la Caja enfurecía cuando las autoridades de la Superintendencia de Pensiones (Supén), los auditores independientes y la prensa denunciaban la rápida erosión de la salud financiera del fondo. La institución llamaba a la tranquilidad y ofrecía cálculos optimistas, uno tras otro desmentidos por el tiempo y por actuaciones tardías de la propia Caja.
El demonio está desatado, y si hace unos años los llamados a la calma no eran creíbles, mal haríamos si aceptáramos ahora, en vista de las obvias debilidades del sistema, vagas versiones narcotizantes sobre su salud financiera. Es preciso actuar con rapidez, porque de eso depende una vejez digna para la población carente de los privilegios concedidos a muchos funcionarios del Estado en nombre de la “justicia social”. Si la rectificación exige “demonizar” el IVM, su manejo irresponsable y la falta de decisiones urgentes, pues manos a la obra.
Las autoridades deben dejar la condescendencia al ministro de Comunicación, insuperable en su comprensión de la ignorancia de nosotros, los “ciudadanos de a pie”. La advertencia contra la “demonización” lleva implícito el cargo de simpleza, dirigido a quienes venimos advirtiendo las debilidades del régimen desde hace años, aunque el tiempo nos ha dado la razón.
La Supén y la CCSS deben decidir si lo importante es desplegar inútiles esfuerzos para tranquilizar al país o si emprenden la tarea y asumen el costo político evadido por administraciones anteriores. La alternativa encierra importantes responsabilidades históricas de cuyo peso tampoco podrán eximirse los parsimoniosos funcionarios del pasado.
Álvaro Ramos, superintendente de pensiones, niega fundamento a la idea de que una vez tocados los fondos de reserva, no hay marcha atrás. “Eso no es necesariamente cierto”, dice el funcionario. Es cierto, sin embargo, que poco sabemos de cuándo y cómo actuará la Caja para revertir la tendencia de los últimos años. Mientras no haya una respuesta clara a esas preguntas, no habrá tranquilidad.
