EscucharLa balanza de pagos es una especie de caja de Pandora donde convergen, y de la cual brotan, todos los bienes y males de la macroeconomía. Aunque, por definición, siempre está equilibrada (en sentido contable), su composición refleja las fuerzas vivas de la economía. La nuestra muestra importantes cambios estructurales que vale la pena examinar.
Con base en las cifras disponibles a setiembre, el déficit comercial cerró en $3.861 millones, un 6% menos que en el 2015. Las exportaciones totales crecieron un 7,35% frente al mismo período del año anterior, y las importaciones subieron un 2,35%. ¿Cómo se cerró el faltante? Las entradas de capital de carácter público y privado hicieron el milagro. Pero la descomposición de cada una de las partidas hace la historia un poco más compleja.
Las exportaciones totales (ventas al exterior) han venido creciendo más que las importaciones, a pesar del relativamente pobre desempeño de las economías hacia donde se dirigen nuestros productos. El total supera el promedio de las exportaciones latinoamericanas, según la Promotora de Comercio Exterior. Pero no todas las exportaciones se han podido expandir a la misma tasa. Mientras que las provenientes de los regímenes de zonas francas nacionales crecen un 13,7%, las ubicadas fuera apenas han subido un 1,5%.
Varios factores podrían explicar la diferencia. La tecnificación, especialización, experiencia, amplios contactos en los mercados internacionales y, en general, el denominado know how de las empresas ubicadas en zonas francas les dan una cierta ventaja comparativa. Otra ventaja se relaciona con los diferentes sistemas impositivos aplicables a cada grupo. Las leyes de zona franca confieren beneficios a sus empresas que van desde una exención importante durante un amplio período o una tasa preferencial vencido el plazo, hasta la exoneración de impuestos sobre los dividendos repatriados, impuestos de importación sobre materia primas y bienes de capital.
Las empresas fuera de zonas francas, que representan alrededor de un 90% del total de exportadores, están sujetas a la tributación convencional, como los demás contribuyentes costarricenses. Evidentemente, los más pequeños contribuyen a tasas más bajas que contempla la ley, de un 10% sobre las ventas brutas hasta cierto monto anual; 20% por el exceso de ese monto y hasta una cifra mayor que se ajusta anualmente. Las más exitosas llegan hasta un 30% sobre sus ingresos netos. La disparidad tributaria es muy notoria.
Por el lado de las importaciones, el monto asciende a $11.288 millones, con un crecimiento del 2,35% en estos nueves meses del año. Es una expansión relativamente baja, relacionada con el impulso de la producción (para crecer hay que importar materias primas y bienes de capital) y también con el aumento del consumo privado registrado a finales del año pasado y principios del presente, el cual también contribuyó a estimular el PIB, alrededor de un 4% real. La principal conclusión es que no se deben penalizar las importaciones pues contribuyen, al igual que las exportaciones, a generar crecimiento y empleo. Y eso nos conduce al tamaño y financiamiento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
De acuerdo con el programa macroeconómico del Banco Central y su revisión aprobada en julio pasado, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos ha oscilado alrededor del 4% del PIB, inferior al registrado en quinquenios anteriores. En el 2015, alcanzó un 4,4% del PIB; en el 2016, se estima una ligera reducción a 4,2% del PIB (cálculos a setiembre reflejan que al final de año podría ser menor) y en el 2017 podría volver a representar un 4,4% del PIB.
El déficit en cuenta corriente también refleja el desequilibrio en las finanzas públicas, que aumenta la demanda agregada y, por ende, las importaciones. Entonces, la pregunta relevante es cómo se financia o se reduce el faltante. En ausencia de entradas de capital, la presión de las importaciones presionaría las cotizaciones cambiarias o el uso parcial de reservas para cerrar la brecha. En la actualidad, hay una mezcla de las dos.
Idealmente, la balanza de pagos debería financiarse con entradas directas de capital privado (que, contrario al endeudamiento público, contribuyen proporcionalmente más al crecimiento económico) y por el aumento de las exportaciones (en el pasado, se recurría al errado expediente de contraer artificialmente las importaciones). Entre más crezcan las exportaciones, mejor, pues son fuentes de crecimiento y empleo. Pero, como señalamos al principio, no todas crecen a la misma tasa. Las menos dinámicas reflejan el cambio estructural en la composición del PIB, donde empiezan a descollar porcentualmente los servicios y actividades altamente tecnificadas, y menos los sectores primarios y secundarios, incluidos algunos agrícolas e industriales menos tecnificados, como en el pasado. Esa es una realidad fáctica común a otros países desarrollados y en desarrollo. El punto es si se puede, o debe, hacer algo al respecto.
Algunos sugieren nivelar la disparidad mediante el otorgamiento de subsidios monetarios, fiscales o financieros a los sectores más rezagados. Creemos que sería inconveniente por dos razones fundamentales: la primera es que otorgar subsidios, exenciones o exoneraciones, como en el pasado, iría a contrapelo de la crítica situación fiscal actual; la segunda es que se opondría al cambio estructural que está ocurriendo en la composición del PIB, donde sectores más eficientes y competitivos son los llamados a salir adelante para mejorar la asignación de recursos y apuntalar el crecimiento del PIB. Esta posición coincide con las recomendaciones de los principales organismos especializados.
Pero eso no significa, en absoluto, que la política pública deba permanecer indiferente a la suerte de esa parte del sector exportador y del que también compite con la producción importada. Para exportar más, debe mejorar la productividad, pues el mercado internacional se caracteriza por la competencia. En eso, tanto el Estado como los empresarios deben hacer esfuerzos extraordinarios. Según el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial, Costa Rica ocupa el lugar número 64 de una muestra de 138 países, y está muy mal calificada en ciertos pilares. La recomendación, evidentemente, es mejorar en todos los pilares, especialmente en aquellos donde salimos más mal parados, como el fiscal, trámites burocráticos y baja inversión pública (entre otros). La Cámara de Industrias presentó recientemente un informe pormenorizado de cómo incrementar la competitividad, pero la respuesta oficial no ha estado a la altura de los retos.
El otro aspecto que se podría considerar es reducir las distorsiones tributarias, particularmente en el impuesto sobre la renta, entre los distintos sectores productivos. Algunos sufren tasas muy elevadas y, además, deben cotizar adicionalmente al distribuir dividendos a sus accionistas, lo que les resta capacidad de ahorro e inversión; otros, más bien tienen tasas muy bajas, lo que incrementa la rentabilidad relativa. Un equilibrio entre los dos podría resultar más apropiado e incrementar la producción, sin sacrificar ingresos fiscales. Algunos países han ampliado la base tributaria y reducido las tarifas marginales con muy buenos resultados. Algo similar se podría considerar en Costa Rica.
