EscucharEl año pasado, Costa Rica celebró 50 años de su primera área protegida, la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, que fue el antecedente de la creación del Servicio de Parques Nacionales en 1977. La conmemoración, aunque significativa, también fue un llamado de atención hacia la necesidad de consolidar el sistema, fortalecerlo y encarar las graves amenazas y desafíos que se han ido acumulando desde entonces y que lastran el futuro de nuestro patrimonio ambiental.
Aunque el país es uno de los 14 en el mundo que tiene más del 23% del territorio bajo protección –un 26% de su superficie terrestre– no debe desoírse la advertencia que lanzó uno de sus principales gestores, Álvaro Ugalde: “El problema más serio que tienen los parques nacionales es la falta de voluntad política”.
A pesar del esfuerzo institucional hecho durante décadas, persisten conflictos en la tenencia y ocupación de la tierra bajo protección, que sigue en manos privadas o en litigio, e incluso en la delimitación de las áreas silvestres. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que las administra, no solo está atado de manos por la falta de personal y de recursos económicos y logísticos sino confrontado, a veces violentamente, con la presión constante que representan la invasión de terrenos, la tala y caza ilegal, los incendios forestales y el narcotráfico.
Los frentes abiertos son muchos, por restricciones presupuestarias o por pérdida de una visión de largo plazo, como la que tuvimos en la década de 1970, cuando el sistema se convirtió en un modelo de intervención ambiental en el mundo. Sin embargo, un signo positivo es la inscripción de los antiguos terrenos que forman las áreas protegidas actuales como propiedades estatales. Aunque se trata de un proyecto en marcha, esto ha permitido catastrar los parques nacionales del volcán Poás y de Corcovado.
Durante el reciente Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, el secretario ejecutivo de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas, Braulio Ferreira, declaró que el país ha hecho muy bien en destinar una cuarta parte de su territorio a la conservación, pero que debe poner los ojos en la calidad y en la gestión de sus recursos naturales.
Estudios como el Diagnóstico sobre el estado del conocimiento y gestión de la biodiversidad (2013) y el Estado de la Nación también han insistido en que el sistema de áreas protegidas debe ser consolidado en aspectos territoriales, jurídicos, biológicos y financieros para darle sostenibilidad presente y evitar conflictos legales y sociales en el futuro.
Durante esta década, Costa Rica tendrá que discutir y decidir sobre el uso y condiciones de manejo de una parte fundamental de su patrimonio natural. Solo en los dos últimos años se ha vivido una polémica, aún en curso, sobre las oportunidades y posibilidades de explotación de las fuentes geotérmicas en los parques nacionales. Es evidente que la falta de una política pública de uso del suelo y de planificación del desarrollo económico nos pasa la factura y que el país se encuentra en una encrucijada, ante los límites que le impone su crecimiento como sociedad.
En el 2012, el Parque Nacional Corcovado, una zona comparable al Amazonas por su biodiversidad, fue invadido por cientos de oreros que realizan extracciones ilegales del metal en unas 13.000 hectáreas, vigiladas por 32 guardaparques. A la vez, la Reserva Forestal Golfo Dulce, un área de 60.000 hectáreas supervisada por seis funcionarios, sufre el acoso permanente de una banda organizada de tala ilegal de madera.
Como declaró a La Nación Carlos Madriz Vargas, jefe del programa de Prevención y Control de Osa: “Esto es un tema nacional, no es un tema propio de Corcovado, sino un problema a nivel de sistema”. Estos hechos demuestran que es indispensable repensar la gestión ambiental en su conjunto y no dejarla al desamparo de la desidia o de la falta de voluntad política.
