Parece uno de esos guiones de películas vistas hasta el infinito, que siguen recreándose con circunstancias, escenarios y actores distintos, pero una trama que no cambia. En este caso, lo inmutable es mucho: descoordinación entre instituciones, falta de claridad en los requisitos, retraso en los trámites, desfase en el financiamiento, desdén de algunos responsables, recriminaciones cruzadas y ausencia de respuestas claras para hacer que los asuntos funcionen. Los nuevos elementos centrales en este déjà vu de nuestra Administración Pública son diez Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) listos para operar, pero que han permanecido cerrados por más de un año. A ellos se añadirá, muy pronto, otra decena, con el riesgo de que corran la misma suerte.
¿Dónde están los responsables de esta subutilización de costosas inversiones sociales y de impedir que un servicio de tanta importancia para las madres trabajadoras, como lo es la custodia de sus hijos pequeños, no haya podido ser habilitado en diez comunidades? Sin duda muchos tienen nombres, apellidos y cargos específicos. Basta con leer el cruce de excusas de los funcionarios citados en una información que publicamos el pasado martes para comprender que todos ellos tiene una carga de culpa en la parálisis. Mayor iniciativa, compromiso, esfuerzo y sensibilidad de su parte habría permitido agilizar los trámites y abrir las puertas de los centros. Su desdén es inexcusable.
Sin embargo, más allá de ellos, existe un gran problema de fondo. Se trata de la enmarañada dificultad de muchos de nuestros procedimientos institucionales, los enormes desfases en los tiempos, movimientos y prioridades de distintas instancias del sector público y la dificultad para adjudicar responsabilidades. A veces pareciera que nuestro entramado institucional está hecho para que se paralice, algo particularmente grave cuando existe perjuicio directo para seres humanos.
Tal como fueron concebidos, la construcción y, sobre todo, dotación y funcionamiento de los Cecudi requieren del aporte de distintas instancias. Las principales son el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), las municipalidades, el Ministerio de Salud y, en muchos casos, asociaciones comunales de diversa índole. A más sectores involucrados, sin duda mayor profundidad en el arraigo y sostenibilidad de los respectivos proyectos, pero también mayor dificultad de articulación y dilución de responsabilidades, especialmente en los procesos iniciales. Es lo que estamos viendo ahora.
Suponíamos que, tras más de cuatro años de estar vigente el modelo creado por la anterior administración, ya existirían protocolos y prácticas debidamente explícitos y estandarizados para facilitar el trabajo conjunto y la articulación institucional; por algo están operando 47 centros. Sin embargo, ni el tiempo ni el número han permitido allanar el camino, lo cual, necesariamente, apunta a serias fallas en el sistema y a la necesidad de que los problemas recurrentes se corrijan de una vez por todas, con la rectoría del Ministerio de Bienestar Social, articulado alrededor del IMAS, pero sin descuidar el compromiso que deben asumir otras instancias del Gobierno central –en particular el Ministerio de Salud– y los municipios.
Los Cecudi son una pieza muy importante de nuestra política social, un factor que puede contribuir estructuralmente a romper ciclos de pobreza y una herramienta clave para avanzar hacia mayor igualdad de género, al facilitar la incorporación de las mujeres –en su mayoría de bajos recursos– al mercado laboral. Por esto, presumimos, han contado con el respaldo del gobierno actual, tal como lo manifestó y documentó el ministro del ramo, Carlos Alvarado. Según dijo en la citada información, más de la mitad de los centros comenzaron a operar durante la presente administración. Esto nos complace; no obstante, el compromiso debe ser aún más profundo, sistémico y, sobre todo, eficaz.
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