EscucharLas exoneraciones de impuestos a favor de personas físicas (como no afectar los aguinaldos con el impuesto sobre la renta o eximir del impuesto de ventas los componentes de la canasta básica) y de personas jurídicas (ventaja en renta de las cooperativas y las empresas del régimen de zona franca) tienden a ser mal vistas porque minan la base tributaria y reducen los ingresos fiscales.
Sin embargo, obedecen a un acuerdo social implícito de no financiar al Estado por cualquier vía, como si se tratara de un fin supremo ante el cual deben ceder todos los demás. En general, el pago de impuestos no satisface a toda la ciudadanía. No se pagan de manera voluntaria. Por eso se llaman “impuestos”. Y la oposición es mayor si hay dudas sobre la eficacia y equidad en el gasto. Por eso, muchos dicen estar a favor de los impuestos siempre y cuando recaigan sobre otros.
La estructura tributaria de un país (tipos de impuestos, hechos generadores, bases, tasas) es el resultado de una negociación social, donde se refleja lo que se considera equitativo, pero también el poder de negociación de los diversos intereses. “El que tiene más galillo, traga más pinol”, dice un refrán. Por eso, aunque el ideal de un esquema tributario es la sencillez —para facilitar su administración y verificar su cumplimiento— en la práctica debemos aceptar una determinada cantidad de exenciones y tarifas diferenciadas como parte del acuerdo social.
En Costa Rica, el impuesto sobre las ventas —que en realidad constituye uno al valor agregado, excepto que opera solo sobre bienes y muy pocos servicios— tiene una exoneración fundamental: no aplica del todo a los componentes de la canasta básica, que incluye los artículos indispensables para la gente más pobre de la sociedad, cuya condición se agravaría si se les cobrara el tributo.
Contra ese razonamiento podría argumentarse que la canasta básica es, también, parte del consumo de las familias más acomodadas y sería mejor establecer un impuesto de amplia base, sin excepciones, para dejar al Estado a cargo de la labor redistributiva por el lado del gasto, no de los ingresos. Eso exige muy buena organización estatal, lo que apareja un costo, así como salvaguardas contra la corrupción.
Para reconciliar objetivos podría darse una canasta básica exonerada, con pocos componentes del consumo de los grupos menos favorecidos, pues de otra forma el impuesto pierde mucho de su poder recaudatorio. Por su parte, la exoneración del pago del impuesto sobre la renta a los aguinaldos y a las cooperativas no tiene clara explicación. Ambas podrían eliminarse si la sociedad lo decidiera.
En el régimen de zonas francas la principal consideración es la necesidad de atraer empresas con amplias opciones de operar en otros países del mundo. A muchas les resulta indiferente establecerse en Vietnam, en Chile o en Costa Rica. Aunque el ideal es que todas paguen los mismos tributos cargados a las pequeñas y medianas empresas (pymes), mientras otros países les den trato más favorable, podrían instalarse en ellos. Visto así, con realismo, eximirlas de tributos no constituye un “sacrificio fiscal”, pues de lo contrario quizá se habrían abstenido de instalarse en país.
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Las empresas de zona franca contribuyen al pago de otros impuestos, como los de la seguridad social y —sobre todo— emplean a muchos costarricenses con salarios superiores al promedio nacional, lo cual es de enorme importancia socioeconómica. En un artículo reciente (“Mayores exoneraciones son en tributo a ventas y zona franca”, 19/2/2018) informamos sobre este hecho. Como lo manifestó Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior: “La sola sugerencia de que haya cambios en los términos en que se opera el modelo de exención en zonas francas genera consultas e incertidumbre entre los inversionistas, tanto los ya instalados [en el país] como los que están considerando invertir por primera vez”.
