EscucharDesde inicios de marzo, cuando decidió abandonar un acuerdo de cese del fuego con el grupo terrorista Hamás, que entraría entonces en una segunda fase de negociaciones, incluyendo la posible liberación de rehenes, el gobierno israelí puso en marcha un nuevo plan de guerra. Poco más de dos meses después, los resultados son devastadores y se configuran como crímenes de lesa humanidad; es decir, el uso de las agresiones deliberadas y sistemáticas contra la población civil como estrategia bélica.
Lo que hizo entonces el gobierno de Benjamín Netanyahu, presionado por los elementos más viscerales de la coalición más extremista en la historia del país, fue cortar cualquier forma de intercambios comerciales y –peor aún– el ingreso de ayuda humanitaria a la minúscula franja de Gaza. En ella se agolpan, en zonas cada vez más pequeñas, alrededor de dos millones de palestinos, casi la mitad menores de edad.
Al cesar el suministro de alimentos y medicinas, solo quedaron los inventarios que existían, ya prácticamente agotados. El impacto ha sido devastador, no para Hamás, sino para civiles convertidos en dobles víctimas: de Israel y de los terroristas. Ya han comenzado a aparecer señales de hambruna, desnutrición aguda y rebrotes de enfermedades infecciosas.
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Como si esto fuera poco, el pasado domingo 4 de mayo, el gabinete aprobó un nuevo y más severo plan para ese territorio. Incluye la movilización de decenas de miles de reservistas de las fuerzas armadas, la destrucción de la casi inexistente infraestructura que queda en pie y el desplazamiento de los civiles a territorios designados al sur de Gaza (apenas el 30% de su extensión), bajo constante vigilancia de Israel.
El gobierno israelí también ha impedido la acción de organizaciones humanitarias no gubernamentales y de la agencia de las Naciones Unidas encargada de proveer asistencia a los palestinos, a la que acusa insistentemente, y sin pruebas, de favorecer a los terroristas. En su lugar, ha propuesto otro dudoso mecanismo: la habilitación, bajo su supervisión, de centros para distribuir ayuda, resguardados por “contratistas” estadounidenses, que entregarían periódicamente alimentos y suministros “esenciales” a las familias. El esquema contradice la necesaria neutralidad que debe existir en tales mecanismos. Por algo ha recibido una generalizada oposición, salvo la de Estados Unidos, que incluso ha amenazado con cortar sus ya mermados aportes a algunas agencias de la ONU si sus jerarcas mantienen el rechazo.
La estrategia de hambre y miseria contra el conjunto de la población ha tenido, otros componentes. Por ejemplo, según informó el respetado diario global Financial Times, más del 80% del territorio agrícola de Gaza ha quedado inutilizado por los ataques israelíes, y los pescadores se arriesgan a perder su vida si se alejan pocos metros de la costa. Como resultado, el suministro local de alimentos prácticamente ha desaparecido.
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El gobierno de Netanyahu ha presentado su ruptura del cese al fuego y sus nuevos planes como una forma de presionar a Hamás, para que libere a las decenas de rehenes israelíes que siguen en sus manos, luego de los ataques que, el 7 de octubre de 2023, costaron la vida de 1.200 civiles israelíes. No existe ninguna garantía de que así ocurra, pero incluso si su estrategia de tierra arrasada y sufrimiento generalizado de inocentes tuviera éxito, es inaceptable, precisamente por ir dirigida contra los civiles. Su justificado derecho a la defensa, que hemos apoyado con insistencia, nunca debe pasar por las atrocidades, menos por parte de un Estado democrático como Israel.
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La verdadera estrategia, si existe, parece más inconfesable. Conforme a los deseos de un partido minoritario extremista del que depende la continuidad de su gobierno, todo parece indicar que el propósito de Netanyahu es complacerlos con una ocupación militar de Gaza. Tal cosa, junto al desplazamiento masivo y forzado de la población a enclaves sin viabilidad alguna, podría forzar una emigración masiva de palestinos, y crearía las condiciones para que colonos también extremistas arrebataran parte del territorio.
Una parte importante de la sociedad civil israelita se ha movilizado contra sus pretensiones; incluso, sectores de sus organismos de seguridad la rechazan, tanto por razones humanitarias como prácticas. Sin embargo, Netanyahu parece no tener límites; menos aún las presiones de los ultranacionalistas en su gabinete. Y el gobierno estadounidense, la mayor fuente de presión externa, no parece oponerse a este curso de acción. Es lamentable decirlo, pero todo indica que el sufrimiento de los civiles palestinos seguirá, y quizá incluso empeore.
