Columnistas

Una misión de salvamento para la educación nacional

El presidente de la República asumió una posición clara: prometió quitar las así llamadas pruebas FARO. Aun cuando se equivocó en el procedimiento para hacerlo, acertó en cuanto a la tesis de fondo.

Por desgracia, hubo algo que no pudo lograr. En la campaña política y en estos días, aseguró que no nos quedaríamos sin pruebas, pues se establecería un sistema robusto de exámenes, capaz de garantizar la idoneidad de los graduados.

Por desgracia, en esto último, el Consejo Superior de Educación, titular de la potestad de decidir, desoyó al presidente. El acuerdo que tomó este órgano constitucional fue un verdadero emplasto: eliminó esas pruebas sin restablecer los exámenes de bachillerato o introducir otro medio de evaluación apropiado. Como dice nuestro pueblo, nos quedamos sin Inés y sin el retrato, es decir, en el peor de los mundos.

El Consejo Universitario de la UCR, en un excelente pronunciamiento sobre el tema, señala algo fundamental: “La decisión de eliminar las Pruebas Nacionales FARO sin definir un mecanismo alternativo de pruebas estandarizadas que valoren el desempeño educativo conlleva una visión reducida de la importancia de contar y fortalecer un proceso de mejora continua, al tiempo que se omiten las acciones para una gestión de la calidad del sistema educativo nacional”.

Y agrega: “En esta línea, en 1988 empezaron a regir en Costa Rica las Pruebas Nacionales de Bachillerato en Educación Media como instrumento de acreditación del conocimiento de estudiantes, en respuesta a un contexto socioeducativo en el cual las concepciones de calidad de la educación se asociaban a nociones de eficacia y eficiencia del sistema educativo”.

La ministra declaró a La Nación que “las pruebas estandarizadas son relevantes para medir los procesos de enseñanza y aprendizaje” y estas afirmaciones, que más bien parecerían apoyar su fortalecimiento, le sirvieron para justificar su descarte, cayendo en una inexplicable contradicción.

Nos alejamos así de los planteamientos del Estado de la Educación, defensor de las pruebas estandarizadas, de la posición de la Universidad de Costa Rica y de los métodos de evaluación propios de los países desarrollados.

Las pruebas FARO tenían al menos una ventaja: el restablecimiento de la evaluación estandarizada en primaria y en algún momento en secundaria. Sin embargo, presentaban graves defectos: dejaban el sistema sin control más allá del décimo año.

La decisión de quién se graduaba y quién no quedaba en manos de cada profesor de undécimo. Se declaraba bachilleres a los alumnos con la sola conclusión de sus estudios, sin tener evidencia de que merecieran el título.

Algo diferente ocurría cuando había exámenes de bachillerato. Gracias a estos, el sistema educativo le certificaba a la sociedad qué formación tenían las personas que habían recibido el título y qué podía esperarse de ellas, tal como ocurre en otras partes del mundo.

Finalmente, las pruebas FARO, al mezclar rendimiento estudiantil con una investigación de niveles de vida y otras condiciones sociales, desvirtuaron el propósito de la evaluación.

El último acuerdo del Consejo cortó de tajo todas las pruebas finales estandarizadas. En adelante, navegaremos a ciegas: no podremos saber nada sobre la eficiencia de la educación secundaria ni de quienes enseñan.

Al no someter los resultados de las labores educativas a un sistema de control, veremos surgir, de nuevo, una educación en que cada quien va por la libre.

Como antes de restablecerse el bachillerato, buena parte del alumnado no encontrará estímulo para prepararse y muchos educadores —no todos— se desinteresarán de cumplir con los programas de estudios y demás requerimientos curriculares.

Volveremos a la suspensión de labores por cualquier motivo y a las finalizaciones anticipadas de las clases, porque apenas pasado octubre el profesor “ya vio toda la materia”.

Solo quedaron en pie las pruebas de diagnóstico, que parecen suscitar una fe desmedida en las autoridades competentes. Esa fe se nutre del olvido: antes de restablecer el bachillerato e introducir las pruebas de sexto grado y noveno año, hicimos un ejercicio de evaluación de diagnóstico.

El resultado fue desastroso. Recogimos miles de hojas de respuesta contestadas al azar, con dibujitos o en blanco. Las condiciones normales, al efectuar un examen estandarizado y masivo, exigen calificaciones con incidencia sobre la promoción. Lo demás son “exámenes ficción” que nadie se tomará en serio, un placebo para acallar conciencias que no induce a estudiar más.

La eliminación de las pruebas, según dijo la ministra, busca lograr una “educación equitativa y con igualdad de oportunidades”. Con todo respeto, creo que su posición es incorrecta.

No es quitando pruebas como nos aproximamos a hacer realidad este ideal, sino poniéndolas… con seriedad. El que no podamos educar en condiciones óptimas no autoriza ni al Ministerio ni al Consejo Superior de Educación a abandonar todo esfuerzo y, mucho menos, a empezar a regalar títulos de bachiller.

Rebajar el nivel de la educación no propicia la equidad ni les abre oportunidades a quienes están marginados socialmente. Al contrario, les impide superarse mediante el esfuerzo… sí, mediante el olvidado esfuerzo que, con la ayuda de los colegios y las escuelas, siempre dará grandes frutos.

Las repercusiones negativas de esta política errónea serán muchas en el campo social y humano.

La ministra habló de estrés. Ciertamente, provocarlo no es un fin que deba buscar la escuela. Al contrario: en ella se debe generar entusiasmo, se debe convencer a quienes se educan, de lo positivo y maravilloso que es contar con la oportunidad de alcanzar un logro importante.

El bachillerato debe verse como un reto por superar y convertirlo, así, en una fuente de ilusiones, en una oportunidad de medir las propias posibilidades, de abrir nuevas vías para el futuro.

La fondista que va a emprender una carrera experimenta una mezcla de ilusión y de ansiedad, igual que el jugador de fútbol antes del partido.

La idea de que es posible eliminar las tensiones es mera ficción: el estrés forma parte de la vida. Las ansiedades que padecemos nos ayudan a afrontarla, si aprendemos a sacar provecho de ellas. La escuela debe ayudar a lograrlo.

Según vimos en la televisión, una señora se quejó, en vez de alegrarse, de que tenían a su “pobre muchacho” estudiando para unas pruebas que tal vez no se iban a realizar.

Uno de los errores más grandes que se dan al referirse a los exámenes consiste en interpretarlos como un juicio penal carente de sentido. Los exámenes contribuyen a la formación de quienes se someten a ellos; en otros términos, educan, pues promueven el sentido del deber, obligan a realizar esfuerzos, fomentan la disciplina y el aprendizaje.

A menudo, involucran a la familia y hasta a la comunidad que se hace presente para ayudar al éxito de quienes deben aprobarlos. Esto es más cierto aún cuando se trata de las pruebas con que se concluyen los estudios, las pruebas estandarizadas que conducen a la graduación.

En estos asuntos hay subyacente un menosprecio por el talento de la juventud y la niñez costarricenses, a pesar de que es mucho. Gracias a la educación, numerosas personas han logrado superar su condición social y ser exitosas.

Esos valiosos recursos humanos se multiplicarían si la escuela abandonara el facilismo, es decir, la tentación de no exigir casi nada para eludir problemas y dispensarse de realizar esfuerzos.

La ministra habló de presiones. Complacer a quienes presionan, porque presionan, no es otra cosa que caer en el populismo, es decir, dejar que el rumbo de los asuntos más relevantes de la vida pública se resuelvan en las calles, para complacencia de quienes no comprenden el mal que se hacen y le hacen al país.

Las pruebas de bachillerato molestan a los educadores menos empeñosos porque los obligan a trabajar más y porque temen que los resultados puedan revelar sus deficiencias; les desagradan a las familias cuando equivocadamente confunden el aprobar con el formarse de verdad para la vida; fastidian a quienes no captan que pueden convertirse en una fuente de entusiasmo para vencer dificultades y crecer.

Si el Consejo Superior no rectifica su decisión de dejar al sistema sin una evaluación seria, restableciendo el bachillerato, preveo una sola solución: que las universidades, particularmente las públicas, creen un sistema de exámenes de dominio de contenidos y otros aspectos apropiados, además de las pruebas de admisión actuales.

Esto obligaría a sus posibles estudiantes a prepararse para hacerle frente a la formación académica y técnica en las instituciones de educación superior. Me atrevería a decirle al Conare que cuanto antes mejor. Esto constituiría una especie de misión de salvamento para la educación nacional.

pachecof@me.com

El autor es exministro de Educación.

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