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La adolescencia es una etapa crucial del desarrollo humano, marcada por profundos cambios biológicos, psicológicos y sociales. La neurociencia ha demostrado que el cerebro continúa madurando más allá de la adolescencia, incluso hasta los 25 años, aproximadamente, por lo que, en la actualidad, el periodo de los 10 a los 25 años se considera un continuum interrelacionado e inseparable.
La maduración cerebral ocurre de manera desigual: mientras las áreas relacionadas con las emociones y la búsqueda de recompensas –entre ellas, la amígdala– se activan tempranamente, las regiones encargadas del autocontrol y la regulación del comportamiento –predominantemente, la corteza prefrontal– tardan más en consolidarse.
Por eso, a nivel cerebral, particularmente en adolescentes y jóvenes, la amígdala cerebral está muy activa y las emociones se sienten más intensas, al tiempo que la corteza prefrontal aún es inmadura y el sistema de recompensa, mediado por la dopamina, se encuentra hipersensible. Hay más emociones y menos control. Usando una imagen comparativa, podría decirse que es un acelerador fuerte con un freno débil.
Esta combinación genera una etapa de gran potencial creativo y social, pero también de vulnerabilidad frente a la violencia, la presión social y las conductas de riesgo.
Con el tiempo se desarrollan y refinan las conexiones neuronales, especialmente en la corteza prefrontal, y esta región asume su función más efectiva del control de impulsos, la toma de decisiones, la planificación y el juicio social.
En grupos humanos donde existen tensiones sociales, desigualdad o exposición a entornos violentos, esta vulnerabilidad puede traducirse en tragedias.
Un ejemplo reciente, que ha conmocionado al país, ocurrió en Liberia, Guanacaste, donde un joven de 19 años apuñaló mortalmente a su compañero de colegio, de 18 años, tras una discusión en una parada de autobús cercana al centro educativo. Ambos eran estudiantes del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia y, según familiares, eran incluso vecinos y compartían la ruta diaria hacia el colegio. La víctima falleció poco después de ser trasladada al hospital, como consecuencia de las heridas de arma blanca.
Fatal ola de violencia
Este hecho no es un episodio aislado, sino que forma parte de un fenómeno más amplio que afecta particularmente a la población joven. En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un aumento significativo de la violencia homicida. En el año 2023 se registraron más de 900 homicidios, el número más alto en la historia del país, seguido por cifras igualmente elevadas en el 2024 y el 2025.
Las estadísticas muestran que los jóvenes son las principales víctimas de esta violencia. Datos del Organismo de Investigación Judicial indican que la mayoría de las personas asesinadas se ubican en el rango de edad de 18 a 29 años. Además, informes sobre violencia juvenil señalan que entre el 2019 y el 2023 se registraron cerca de 1.000 homicidios en el grupo de 15 a 24 años, lo que pone de manifiesto una tendencia preocupante en esta población.
Además, los accidentes de tránsito continúan siendo una causa relevante de muerte en jóvenes, especialmente entre hombres, quienes presentan mayor exposición a conductas de riesgo, como exceso de velocidad, conducción temeraria asociada, o no, a consumo alcohol y otras drogas.
Por su parte, el suicidio representa uno de los desafíos más complejos de salud pública. Las cifras muestran predominancia masculina y una tendencia preocupante en adolescentes y adultos jóvenes, relacionada con factores como depresión, desesperanza, conflictos familiares y presiones sociales.
La convergencia de estas tres causas –homicidios, accidentes de tránsito y suicidio– revela un patrón alarmante: las principales amenazas para la vida de los jóvenes no provienen de enfermedades, sino de factores sociales, conductuales y estructurales. La exposición a violencia comunitaria, el crimen organizado, la desigualdad social, el consumo de sustancias, los problemas de salud mental y la falta de oportunidades son elementos que interactúan y amplifican el riesgo.
Frente a esta realidad, Costa Rica necesita algo más que indignación momentánea. Se requieren políticas públicas sostenidas que fortalezcan la prevención de la violencia, la salud mental, la educación y las oportunidades laborales para las nuevas generaciones. También es necesario reconstruir espacios de convivencia en comunidades y centros educativos, donde los conflictos puedan procesarse sin recurrir a la agresión.
La evidencia científica nos recuerda que el cerebro adolescente está todavía en construcción. Eso significa que la sociedad tiene una responsabilidad mayor: ofrecer entornos que acompañen, den contención efectiva, orienten y protejan a los jóvenes mientras desarrollan las capacidades que definirán su vida actual y, a futuro, su vida adulta. Esto no está ocurriendo en muchos entornos de nuestro país.
En este contexto, la violencia entre jóvenes, como la ocurrida en Liberia, adquiere un significado particularmente doloroso. No se trata solo de un acto individual, sino de un reflejo de tensiones sociales más amplias que impactan a las nuevas generaciones.
El futuro de una sociedad depende en gran medida de cómo cuida a sus jóvenes. Si la violencia se convierte en parte cotidiana de su realidad, el país corre el riesgo de normalizar la pérdida de vidas en la etapa más prometedora del desarrollo humano. La respuesta, por tanto, debe ser urgente, colectiva y sostenida.
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es pediatra; fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años.
