La semana precedente es de esas llenas de acontecimientos emotivos o inquietantes. No tiene que ser así para todos. Pero el amasijo de experiencias y circunstancias singulares de las que cada quien está hecho y que determinan la peculiar reacción que provoca en cada uno lo que sucede, en mi caso, lo explica, si es que no lo justifica.
A raíz de las extradiciones del pasado viernes, y de otras conocidas y resueltas, tuve presente mi participación directa en el nombramiento y remoción del exmagistrado que fue deportado, y, años más tarde, mi limitada intervención cuando la Asamblea Legislativa tramitó la reforma constitucional que permitió la extradición de costarricenses.
Dada mi cercanía con esas improbables casualidades, no fue grato observar aquella deportación concreta. Recordé, por supuesto, la locución latina que dice que la ley es dura, pero es la ley. Pero me pregunté además si lleva razón la forma en que se denegaron otros casos de extradición relativos a la presumible comisión de hechos anteriores a la reforma de la Constitución que levantó el obstáculo jurídico que la impedía. No termina de convencerme.
En otro orden de cosas, leí las declaraciones del excandidato presidencial de un partido de fuste histórico que pasó de nueve diputados a solo uno, en las que acusó a miembros de ese mismo partido de convertirlo en una “tureca” y propiciar la derrota. También, la noticia sobre la defección de numerosos cargos municipales de otro partido político, quienes dicen, como quien guiña el ojo, que valoran por qué “camino continuar”.
Esto me interesó en el contexto de la siguiente hipótesis: los resultados electorales no apuntan a la degradación del sistema de gobierno que hemos practicado pacíficamente por décadas y a su sustitución por un modelo autoritario, sino a la reconfiguración del esquema de partidos, agobiado, agotado y en gran medida desacreditado.
Este fenómeno comenzó hace varios años: el país probó primero la sustitución del viejo esquema mediante un partido contestatario novedoso que llegó al poder ocho años seguidos, y finalmente desapareció. De nuevo, lo está ensayando, gracias ahora al despliegue de una personalidad política fuerte y popularmente convincente, que ha servido para configurar un partido permanente que absorberá los restos de otros y a cuyo frente ha de construirse una nueva oposición.
Pura hipótesis, como también la de que somos uno de los cuatro países más felices del mundo.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
