EscucharSolo para variar, el gobierno del jaguar dejó atomizado el ambiente con un tufillo a gato encerrado, luego de que destituyera, de un solo zarpazo, a toda la Junta Directiva del Banco Nacional por una decisión no compartida.
Desde hace meses resultaba evidente la inconformidad que había en Zapote por la determinación que tomó el máximo órgano del BN de nombrar a la administradora Rosaysella Ulloa como gerenta general de la institución.
Por ley, este tipo de escogencia es potestad exclusiva de la Directiva. Sin embargo, el Consejo de Gobierno intentó entrometerse al solicitar información detallada sobre el avance del concurso y hasta pedir una ampliación del plazo.
La anterior cúpula del Nacional respondió que el tiempo otorgado para recibir postulaciones para el cargo había sido suficiente. Por ello, continuó con el cronograma establecido que derivó, al final, en la designación de Ulloa.
Entonces, desde la madriguera del jaguar se ordenó abrir un proceso administrativo contra los siete directivos por supuestas anomalías en la elección.
Aunque el informe final de la investigación no señaló ninguna irregularidad, la decisión final tomada por el vicepresidente Stephan Brunner fue separar a los directivos por supuesta falta al deber de probidad y violación a códigos éticos y corporativos.
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Frente a lo ocurrido, quedan certezas y nebulosas. Por un lado, sí es evidente el manoseo del gobierno en el nombramiento del gerente del BN, y ahora salta la duda sobre si tal vez querrá revertir el resultado para impulsar a otra persona.
Por otro lado, sí resulta palpable la intención de desarrollar una investigación a la medida de una decisión que ya estaba tomada desde el inicio, pese a que los propios informes de la pesquisa no señalaron irregularidades.
Además, no está clara cuál es la verdadera intención de esta administración al tomar el control político de la principal institución financiera del país.
La duda nace luego de que Rodrigo Chaves hiciera un peculiar encargo a los nuevos directivos tras juramentarlos: examinar la renegociación de créditos por $100 millones a una empresa “absolutamente conectada con el poder político tradicional”.
Sí es evidente que el pedido está fuera de lugar, porque la tramitación de préstamos no es una función de la Junta. Tal vez, fue por ello que la Presidencia corrió a despublicar el video donde Chaves aparece planteando la solicitud. Tal vez, mostró mucho las cartas.
