EscucharEn reportaje de este diario sobre el asesinato de la líder indigenista y ambientalista Berta Cáceres, se destaca el hecho de que las autoridades de Honduras omitieron paladinamente el cumplimiento de su deber de brindarle protección especial después de que ella recibió amenazas de muerte.
De esa manera, el Estado hondureño resulta ser, cuando menos, sospechoso de complicidad con los asesinos. Cuando menos porque algunas de las amenazas de muerte provinieron del Ejército y de la Policía, instituciones que, irónicamente, dentro del esquema de poder de esa república podrían haber sido las llamadas a protegerla.
Un acompañamiento gráfico del reportaje muestra el número de activistas ambientales asesinados recientemente en países de América Latina –nueve de ellos, entre los cuales lastimosamente figura Costa Rica–, y lo primero que salta a la vista es que, en proporción a su población, Honduras supera con creces a todos, aun sin incluir el número de periodistas y dirigentes campesinos asesinados en condiciones de impunidad en el mismo período.
Surgen, en consecuencia, dos sospechas adicionales: considerados solamente los países que no se encuentran afligidos por conflictos militares internos, Honduras podría bien ser, en reñida competencia con México, aquel de todo el mundo en el que el Estado propicia con más eficacia –por acción o por omisión– el asesinato de activistas civiles y, para esos efectos, ese país centroamericano no habría salido de la época de aquellas dictaduras bajo las cuales los Estados mismos mantenían recias maquinarias de ajusticiamientos libres de cualquier control judicial.
Dicho de otro modo, después del último golpe de Estado, las fórmulas democráticas hondureñas son meramente ceremoniales. Mejor dicho, guiñolescas. Tanto, que la certificación de “Estado democrático” que le confiere su pertenencia a la OEA hace ludibrio del derecho internacional mismo.
Por razones de espacio, muchas preguntas no podrán hacerse. Pero, escogidas al azar, plantearemos dos. ¿Será que el sistema hondureño ha evolucionado hasta alcanzar un grado de privatización en el que la función represiva de carácter criminal que otrora los regímenes totalitarios latinoamericanos asignaban a los ejércitos, la policía y otros órganos de seguridad han pasado a manos de organizaciones privadas, exentas de responsabilidad judicial? Y, más grave aún, ¿estará ya ese modelo en la mira de ciertas fuerzas políticas en otros países del continente?.
Fernando Durán es doctor en Química por la Universidad de Lovaina. Realizó otros estudios en Holanda en la Universidad de Lovaina, Bélgica y Harvard. En Costa Rica se dedicó a trabajar en la política académica y llegó a ocupar el cargo de rector de la UCR en 1981.
