Para un país cuya capacidad de influencia internacional no descansa en su poder militar, demográfico, territorial o económico (lo material), sino en la solidez y estabilidad de sus principios (lo simbólico), tal posición (¿o pose?) es perjudicial.
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Una de las resoluciones aprobadas instó a los Estados a dar particular protección a las mujeres en situaciones humanitarias graves, e instruyó al alto comisionado de la ONU en la materia a rendir un futuro informe de avance. La otra condenó los matrimonios infantiles precoces y forzados.
En su breve intervención, nuestro representante reiteró el respeto del país a los derechos de mujeres y niñas. Sin embargo, debilitó esa postura al “desvincularse” de conceptos fundamentales para su protección y avance. Entre entre ellos están la “autonomía corporal”, los “derechos sexuales y reproductivos”, el “acceso a la educación sexual y autocuidado”, la “interseccionalidad” y el rechazo a la “violencia reproductiva” y la “masculinidad patriarcal”.
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Sé que estas “malas” palabras son manipuladas por algunos grupos religiosos como falsa evidencia de una conspiración contra la vida, la integridad y la moral. De este modo, movilizan y agitan adherentes; a la vez, frenan el avance, o incluso hacen retroceder, derechos de poblaciones tradicionalmente vulneradas por factores diversos, como las mujeres y niñas. A esto se refiere la “interseccionalidad”. Que lo digan ellas.
Caer en esta trampa dogmática debilita nuestra política exterior. Además, contradice los reales principios humanistas del cristianismo, como la igualdad de los seres humanos, a los que el papa León XIV se ha referido reiteradamente. Hacerlo para complacer aliados electorales de circunstancia es peor aún.
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X: @eduardoulibarr1
Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
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