EscucharDespués de evitar la tormenta el pasado 1.° de abril, sería ingenuo asumir que con una única votación la amenaza populista en Costa Rica desapareció. En la última década, hemos sufrido de un progresivo deterioro democrático, que de no ser atendido generará respuestas autoritarias más frecuentes y más feroces de las que ya hemos superado. Este debilitamiento ha sido cuantificado por el índice de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist, en el cual, durante los últimos siete años, al igual que en la mayoría de Latinoamérica, hemos mantenido una constante caída en el desempeño y pasamos de ser considerados una “democracia completa” a una “democracia defectuosa”.
La elección de Carlos Alvarado no fue solo una bocanada de aire fresco, sino que representa una oportunidad y un espacio de cuatro años para atender de manera prioritaria algunos de los elementos que han propiciado el mencionado retroceso. Para ello, propongo al presidente electo atención urgente en tres áreas integrales: desigualdad, políticas públicas basadas en evidencia y captura regulatoria.
Desigualdad. Bastante se ha dicho respecto al impacto de la desigualdad en ámbitos como la lucha contra la pobreza y seguridad ciudadana. Sin embargo, también existen características del sistema económico que explican un vínculo directo entre la desigualdad y el surgimiento de movimientos autoritarios.
Al respecto, O’Connor, de la Universidad de Ulster, describe cómo la combinación entre la desigualdad y las crisis económicas cíclicas son el caldo de cultivo para movimientos populistas. El autor explica que si bien en un mercado financiero global los ciclos son difíciles de evitar, el ataque constante a la desigualdad puede paliar el impacto político de una crisis.
En Costa Rica la última gran crisis nos dejó con un desempleo estructural de casi dos dígitos. Otra crisis económica global podría representar un colapso sistémico que desmorone por varias generaciones nuestra estabilidad democrática. Por todo esto, las razones para atacar la desigualdad no son únicamente ideológicas: se trata de una amenaza existencial para nuestra democracia.
En términos concretos, las políticas de clase media siguen siendo el fundamento esencial de una política integral contra la desigualdad. La evidencia indica que aquellos países con políticas universales sólidas como Noruega, Holanda y Francia han detenido el avance populista de manera más eficazmente que aquellos donde son débiles, como en Estados Unidos, Hungría, Polonia e incluso el Reino Unido. Complementariamente, las políticas focalizadas sirven para atender grupos específicos y explorar las reacciones de sectores de la población ante ellas. Este modelo, liderado por J-PAL en el MIT, es quizás la vanguardia global al respecto de diseño, implementación y evaluación de microintervenciones, y podría ser puesto en práctica en Costa Rica.
Políticas públicas basadas en evidencia. Otro eje crucial para el fortalecimiento de nuestra democracia es la utilización de evidencia para la medición del impacto del sector público. En el Laboratorio de Desempeño Gubernamental de la Harvard Kennedy School, evaluamos políticas en más de una veintena de estados y ciudades de Estados Unidos, y en todo momento me fue evidente la drástica diferencia de desempeño entre aquellas agencias que utilizan un modelo basado en evidencia y las que no lo hacen.
La definición de métricas de éxito y la implementación de políticas basadas en ellas parece un requisito obvio para la ejecución de políticas, pero es sorpresivamente escaso. La puesta en operación del programa Puente al Desarrollo, de obvio conocimiento para el presidente electo, es un ejemplo de los beneficios de este enfoque. El siguiente paso es extender la mentalidad hacia el resto de las instituciones.
Un enfoque de políticas públicas basado en evidencia es totalmente viable desde el Poder Ejecutivo, sin necesidad de pasar leyes o reformas complejas. Al respecto, las continuas reflexiones del profesor Meoño en las páginas de este diario (así como en las aulas de la UCR) tienen cierta validez: en Costa Rica ya existen las leyes para que el aparato estatal funcione eficientemente, lo que debemos hacer es aplicarlas coherentemente.
La Ley General de la Administración Pública, la Ley de Planificación y las leyes orgánicas de cada sector representan el fundamento legal necesario para que los jerarcas de cada agencia tomen la batuta en reformar la manera en que se ponen en práctica sus políticas.
Un cambio de mentalidad en la implementación de políticas en todo el aparato estatal sin duda beneficiará la legitimidad del sector público ante la ciudadanía y al mismo tiempo facilitará la rendición de cuentas. Un Estado eficiente es la vacuna contra el autoritarismo.
Captura regulatoria. El tercer ámbito crítico para el fortalecimiento de nuestra democracia es la batalla contra el corporativismo, entendido este como la primacía de los intereses sectoriales sobre los de la población. Si bien el Poder Ejecutivo no debe interferir con decisiones técnicas, debe simultáneamente buscar mecanismos para evitar que las agencias no sean controladas por los intereses privados de los regulados. Los peligros en términos de eficiencia económica fueron bien descritos por Stigler, quien obtuvo el Nobel de Economía por su trabajo en este ámbito. Pero en términos democráticos también existe riesgo, pues las agencias reguladoras toman decisiones que afectan directamente a la mayoría de costarricenses, en muchos casos incluso aún más que la Asamblea Legislativa.
El pulso que el gobierno debe dar es evitar que los regulados se conviertan en los reguladores. Lo hemos visto constantemente en el caso del transporte público, el financiero, el energético, en las municipalidades, en el comercio, en la agricultura y en algunas superintendencias. El liderazgo del presidente en defensa de los consumidores debe ser fuerte, y el involucramiento de la ciudadanía es esencial. El acercamiento de las agencias con la población es cardinal para nuestra democracia, con el fin de disipar el argumento populista de que la sociedad se divide entre el pueblo y las élites.
Esta idea no es nueva, pues ya desde 1787, durante el proceso de fundación de Estados Unidos, Madison publicó el Artículo Federalista #10, en el cual alertaba contra los peligros de un gobierno controlado por facciones con intereses sectoriales. Un gobierno sujeto a intereses sectoriales significaba el fin de la república y sus efectos debían ser contrarrestados, argumentaba Madison, quien después sería elegido cuarto presidente de ese país y lideraría la lucha contra intereses bancarios, militares y económicos.
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Consecuentemente, en 1835, A. de Tocqueville postuló que la gran fortaleza de la democracia americana era el grado de participación de la ciudadanía en las decisiones públicas. Es decir, habían evitado que las facciones controlaran el aparato estatal. Es desde ese mismo país donde podemos obtener ejemplos en Theodore Roosevelt, Carter Glass, Ralph Nader, Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Barney Frank, de cómo dar la batalla contra la captura regulatoria y fortalecer la democracia en el proceso. Bien haría el presidente electo en dirigir su administración con ese enfoque.
Los tres ejes mencionados no son exhaustivos, pero su vínculo directo con la estabilidad democrática tiene amplio fundamento. Más aún, el capital político y el entusiasmo de la ciudadanía respecto a la nueva administración generan un fuerte compromiso de evitar llevarnos a la misma situación que vivimos en los últimos meses. Cuatro años no serán suficientes, pero el momento es propicio para la reinvención de nuestra democracia en su bicentenario. Si Carlos Alvarado es capaz de liderar ese proceso, la historia sin duda le tratará con generosidad.
arojas@berkeley.edu
El autor es analista de políticas públicas.
