Eduardo Ulibarri. 19 julio, 2018

La gravedad del daño bordea la catástrofe. Los responsables directos constituyen minoría; quizá también hasta los indirectos. Sin embargo, sus actitudes, decisiones, complicidades, arrogancia y omisiones han contaminado todo el Poder Judicial y generado una crisis sin precedente en su cúpula. Repasemos lo más sobresaliente:

Hace pocos meses cayeron el fiscal general y un magistrado que nunca debió serlo: algo inédito y ejemplar, pero también revelador de profunda descomposición. Hace pocos días, cuatro integrantes de la Sala Tercera, incluidos su presidenta y el de la Corte Suprema, primero recibieron una amonestación y luego una suspensión de dos meses por desestimar una causa sobre tráfico de influencias. Mensaje: o la débil primera medida estuvo técnicamente viciada (como se alegó para revisarla) o la segunda fue resultado de protestas públicas. Ambas posibilidades, y sobre todo su trasfondo, dejan muy mal parado al sistema.

En medio del descalabro, algo positivo: diez de los 22 magistrados titulares propusieron a la Asamblea Legislativa reformar el turbio modelo sancionatorio de la Corte Plena

La presidenta castigada presentó un recurso contra su suspensión. En solo tres horas, el juez a cargo lo acogió y frenó el acto. Una celeridad sospechosa. Está en trámite un pedido similar del presidente de la Corte. Ella y él, como antes el fiscal defenestrado, anunciaron que se acogerán a sus pensiones millonarias: como salvarse de un naufragio no en balsa, sino en yate de lujo.

Y, aunque de naturaleza distinta, el miércoles la Sala IV rompió su histórica discreción para comunicar que dos acciones de inconstitucionalidad sobre uniones de hecho y matrimonios igualitarios serán resueltas a principios de agosto. ¿Por qué este anuncio? La pregunta despierta inquietud.

En medio del descalabro, algo positivo: diez de los 22 magistrados titulares propusieron a la Asamblea Legislativa reformar el turbio modelo sancionatorio de la Corte Plena. Bien por la iniciativa y por decirnos, implícitamente, que fueron ellos quienes desde el principio votaron por la suspensión, no simple amonestación, de sus cuatro colegas.

¿Qué hacer para salvar el sistema? Aplicar profundos cambios, según propuso ayer mi colega Jorge Vargas. Mientras, llenar las vacantes en la Corte con personas probas, competentes e independientes, como al menos diez que ya están dentro. Tal responsabilidad, suprema y urgente, toca a los diputados.

radarcostarica@gmail.com; @eduardoulibarr1

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).