Jorge Vargas Cullell. 18 julio, 2018

El Poder Judicial ha tenido su semana horribilis. Su presidente se jubiló sorpresivamente y la Corte Suprema de Justicia dio volteretas en el tema de la sanción a magistrados de la Sala III por haber desestimado un caso de tráfico de influencias. Ante fuertes protestas públicas por la tibia posición inicial, la Corte dio marcha atrás y suspendió por falta grave a sus cuatro colegas.

En esta vorágine, creo indispensable fijar la mirada en dos asuntos. El primero refiere a la necesidad de sustituir el actual modelo de gobierno judicial. Hoy día, la Corte concentra varias funciones: es el máximo juzgador, pues sus salas son los tribunales más altos de la República; dicta políticas que gobiernan al Poder Judicial y, finalmente, es el máximo órgano de gestión administrativa. Un magistrado es juez, legislador y gerente a la vez. Hace unos veinte años se desconcentraron funciones a ciertos órganos, pero él sigue teniendo la última palabra.

Los magistrados deben dar señales claras de que quieren hacer una reforma y crear un foro de deliberación lo más amplio posible, que lleve planteamientos depurados a la Asamblea Legislativa

Pasa; sin embargo, que los magistrados son abogados escogidos para dedicarse a la materia que conocen. No están entrenados como gerentes públicos o en la política judicial. Y, aunque supieran de todo, es mejor que no hagan de todo a la vez para evitar conflictos de interés y riesgos para la independencia judicial. Mejor que se dediquen a dictar sentencias.

Si la separación de funciones es necesaria, ¿cuál debe ser el modelo para implementarla? En el mundo hay diversas soluciones a estudiar. El modo como ese estudio se realice y la discusión subsiguiente son cruciales. Para empezar, los magistrados deben dar señales claras de que quieren hacer una reforma y crear un foro de deliberación lo más amplio posible, que lleve planteamientos depurados a la Asamblea Legislativa.

Quedaría otro gran asunto por resolver: cambiar los procedimientos y criterios para la selección de los magistrados y de quienes ejerzan en las máximas instancias encargadas de la política judicial y de la gestión administrativa. No puedo hablar todavía de estos dos últimos asuntos, pero sí sobre la selección de magistrados: debe seguir en manos de la Asamblea Legislativa, pero hay que erradicar el cabildeo, transparentar el proceso, elevar los requisitos y crear medios independientes que evalúen a los candidatos.

El cemento chino cementó a la Corte. No sé cómo terminará esta crisis, pero sí sé que el Poder Judicial ya se ha llevado un varapalo. Mal asunto.