Eduardo Ulibarri. 26 noviembre, 2020

Los seis diputados (entre nueve) que hace poco más de dos semanas aprobaron en la Comisión de Gobierno y Administración un transitorio al proyecto de ley sobre empleo público se saltaron con garrocha el más elemental sentido de responsabilidad fiscal. El miércoles, la Contraloría General de la República sonó las alarmas sobre su impacto. Advirtió de que la medida «puede provocar un mayor desequilibrio fiscal», lamentó la falta de «datos claros y precisos» para aprobarla y añadió algo obvio, pero a menudo olvidado en Zapote: la necesidad de tomar decisiones a partir de buena información.

En realidad, no había que escarbar mucho en los números para saber que esa ocurrencia, impulsada por el diputado Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, es un atajo para elevar sustancialmente el salario a decenas de miles de empleados públicos, con total desdén por su impacto general.

El transitorio establece que los funcionarios con ingresos inferiores al salario global, en lugar de esperar a que su remuneración se equipare con él gracias a los aumentos regulares, podrán pasarse al nuevo esquema durante un plazo de seis meses. Es decir, recibirán un incremento súbito que, en muchos casos, implicará decenas de puntos porcentuales.

Por qué los diputados rechazaron la moción de Silvia Hernández, del PLN, que planteaba dar el tiempo necesario para que los empleados con salarios más bajos «alcanzaran» el global es una de esas preguntas legislativas cuya respuesta parece insondable, pero puede resumirse en cualquiera de estas palabras, o las tres juntas: populismo, oportunismo e ignorancia (quizá deliberada).

El texto ya está en el plenario, donde se conocerá cuando el Ejecutivo lo incluya en la agenda de sesiones extraordinarias que comienzan el 1.º de diciembre. En qué momento lo hará, no lo sabemos. Ahora el gobiernista Víctor Morales Mora le ha solicitado un aplazamiento para «dialogar» con los sindicatos públicos. Es decir, debemos prepararnos para otras ocurrencias. Pero la señalada por la Contraloría es tan obvia en sus nefastas consecuencias que aún es posible su rechazo y la adopción de un transitorio sensato.

Si en cualquier momento legislar sin responsabilidad fiscal es grave, durante la presente crisis resulta inaceptable. Y para entenderlo no hacen falta muchos datos.

Twitter: @eduardoulibarr1