Puentes para pasar persignado

Dichos pasos acumulan, cuando menos, dos años sin recibir mantenimiento, a pesar de los informes técnicos sobre los múltiples daños que tienen. El inventario incluye desde aspectos cosméticos —como la oxidación de barandas o la falta de elementos— hasta problemas más preocupantes, como juntas de expansión deterioradas y bastiones socavados.

Imaginar que por esos puentes circulan miles de vehículos al día debería robar el sueño a los responsables de la desatención. Un estudio del propio Conavi señala que 179, calificados de «alta» prioridad de atención, se encuentran en carreteras primarias, por ejemplo, la Interamericana norte (hacia Guanacaste) y la ruta 32 (hacia Limón).

Debería causar inquietud a los diputados que, animados por la oportunidad electoral que representa el escándalo del caso Cochinilla, pretenden asfixiar el presupuesto del Conavi del 2022, lo cual bloqueará toda posibilidad de atender tan fundamental infraestructura y afectará el mantenimiento general de las vías.

Todos, por obra u omisión, serán responsables si ocurre una tragedia a consecuencia del colapso de alguno de los puentes. Lamentablemente, ninguno pondrá la cara e intentará señalar a los otros.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cruza los dedos para que le aprueben un crédito internacional por $350 millones destinados a atender los puentes necesitados de arreglos con urgencia y para asfaltar rutas de lastre. Sin embargo, un primer intento fallido no presagia un futuro optimista.

Mientras aparecen los fondos, los creyentes tendremos que persignarnos o encomendarnos al Supremo antes de pasar por alguno de los 1.669 puentes que hay en todo el territorio, en vista de la ausencia de indicaciones visibles sobre su estado. Esta es la triste realidad en un país que se acostumbró a atender emergencias en lugar de prevenirlas.