En mi anterior artículo (“Verdad y democracia”, 20/6/25), argumenté que preguntar sobre un problema “micro” solo revelará, por más agresivo que pretenda ser el entrevistador, una “media verdad” que nunca mejorará nuestra democracia.
Seguir ignorando las causas macrosociopolíticas de la creciente corrupción, inseguridad ciudadana, retrocesos en educación, salud y pobreza no nos sacará del atolladero, aunque se logre “reestructurar” toda la institucionalidad existente. El frío no está en las cobijas. De aquí, mi insistencia en el temita.
La “madre de las preguntas” que deseo dirigir a periodistas, y a su Colegio en el marco de su Ley 4220, es simple: ¿alguien con verdadero sentido común y probidad diría que regirse por los atributos de gestión pública de excelencia que nuestro ordenamiento superior exige, no nos acercaría al ideario del artículo 50 constitucional?
Temo, amable lector, que si esto no se dilucida pronto, el país volverá a caer en malas manos, no importa quién venza en el 2026.
Nada ganará el país, por ejemplo, si un movimiento coyuntural alocado y sobre todo vestido de mesianismo, logra “cien” legisladores que llegarían “preparados” solo para repetir las irresponsables prácticas que han llevado al país al carajo.
Es por ese vacío mediático por lo que ningún grupo gobernante ha sido comprometido a reconocer por qué todos fallan flagrantemente –y, peor, con total impunidad– en llevarnos a ese primer mundo configurado en nuestra Constitución.
Veamos algunos de los ”macroproblemas” nunca reconocidos a nivel mediático ni político.
1. Las desarraigadas propuestas electorales. Los partidos siempre presentan propuestas electorales que contravienen los artículos 11 y 98 al ignorar el “modelo-país” y de “gestión pública” claramente configurado en la Constitución y en pertinentes leyes. ¿No es por ende el posterior juramento del 194 que todos hacen, una cruel farsa? Pero esto nunca ha sido noticia.
2. El malogrado rol del TSE. Nunca ningún medio o grupo se ha molestado en pedir al TSE explicar qué hace para que estos contenidos y perfiles estratégico-programáticos ya normados y, por tanto, de acatamiento obligatorio, sean reconocidos en estatutos partidarios y en programas electorales, y, si, con base en ellos, el TSE realiza alguna capacitación superior a los “candidatos a todo” para que lleguen a gobernar y legislar como verdaderos estadistas. Finalmente: ni el TSE ni los medios han comprometido ni una sola vez a los candidatos a explicar si las tantísimas leyes que flagrantemente ignoran en sus propuestas electorales es porque ya no “sirven”. Solo se les ignora e incumple, y nada pasa.
3. El perfil movilizador del estadista requerido. Tampoco nunca se ha preguntado a los candidatos si saben que los artículos 140.3 y .8, 121.24, 143, 144, 145 y 149.6 (el lector interesado seguramente los revisará), consagran i) la potestad del Poder Ejecutivo para bajar los derechos del habitante a tierra mediante una dirección superior transparente y eficaz de todo el aparato institucional y de la sociedad civil hacia el ideario del artículo 50, y delinean ii) su obligación de responder por los resultados integrales de ministerios y autónomas según sus leyes vigentes y de frente a las múltiples necesidades injustificadamente insatisfechas en todo campo.
Peor aún: ¿algún legislador o partido alguna vez ha hecho “control político macro” a un ministro como “rector de sector”? Nunca.
4. Derivado de lo anterior, nunca se ha preguntado a candidato presidencial alguno si tiene claro que sus ministros deberán ser, con él y con el apoyo indiscutible del Mideplán los líderes movilizadores de las autónomas de cada ramo, lo cual exige que lleguen con la unidad de visión, acción y atributos estatuidos que sí resolverían los problemas del país. Y… ¿los piensa capacitar?
No caiga nadie en el típico “horror” conceptual que le oí a la exministra de Planificación Laura Fernández en un foro, al afirmar “cuán difícil” resulta la “lucha sectorial” entre un “ministerio chiquitico” y sin recursos ante, por ejemplo, las “gigantescas y poderosas” Caja e ICE. El concepto, para variar, no lo entendió pese a tantos años en Mideplán. El “pulso político” correcto es entre un superpoderoso Poder Ejecutivo –presidente y ministro– ejerciendo sus competencias plenas sobre juntas directivas sujetas a destitución si incumplen directrices válidas de ese Poder Ejecutivo. ¿Cuántos periodistas y electores conocen esto?
Y ojo: nada se ganará si otro diletante “presidente electo” decide imitar el modelito irresponsable de reclutar a sus ministros a través de una empresa privada.
5. Sobre la presencia estatal masiva en regiones. ¿Alguien ha preguntado a algún candidato si sabrá movilizar explícitamente con pleno apoyo de Mideplán, en vez de ignorar, los multimillonarios recursos de ministerios y autónomas en las regiones así como una masiva participación civil según ordenan las Leyes 5525 y 10096, para con ello lograr el verdadero progreso socioeconómico en cada región y, por ende, en todo el país?
6. Se ignoran las políticas de Estado existentes. Nunca se ha exigido a los candidatos que expliquen cómo aplicarán en sus propuestas, en vez de ignorar, las leyes visionarias que a contrapelo de lo que muchos diletantes plantean, ya entronizan políticas de Estado de largo plazo que han de verse como las verdaderas partituras de todo ministro sectorial sobre sus instituciones tuteladas. Me refiero a leyes como la Orgánica del Ambiente, Código Nacional de Niñez y Adolescencia, Fundamental de Educación, General de Salud, Fodea del sector agropecuario y otras.
7. Corrupción, presidencias ejecutivas y la noción de ‘confianza’. Tampoco ningún medio ha notado que algunos presidentes ejecutivos ejercen como “ministros sin cartera” aun teniendo una doble prohibición en “su” Ley 5507 así como en la Constitución, art. 143. Para peores, ha habido complacencia ante la inaceptable transferencia que por decreto los presidentes vienen haciendo a un presidente ejecutivo, de la competencia legal del ministro de Trabajo en el esencial campo de “pobreza o seguridad social”. ¿A quién se ha pedido cuentas por tanto fracaso?
Lo peor: la corrupción galopante comenzó en las autónomas en 1974 con el invasivo régimen de presidencias ejecutivas, el cual ya resultaba innecesario a partir de la LGAP 6227 de 1978, pero sigue vivito, coleando y corrompiendo. En el Gobierno Central, por su lado, dicha corrupción estalló en grande en 1998, cuando se reformó el art. 4 del Estatuto de Servicio Civil para convertir en “confianzudos” a jefes dependientes de ministros y viceministros.
La noción de “confianza burocrática” que hizo grande a Europa, aquí se prostituyó al casi aceptarse que dicha confianza debe ser para con el “partido”, no para con la “Ley” y los usuarios de cada ente. ¿Pero, ha sido esto noticia alguna vez?
8. Finalmente: ¿alguien “importante” ha indagado alguna vez si Contraloría y Defensoría han confrontado al Poder Ejecutivo o asesorado a los legisladores, como debían, para exigir rectificación de estos hechos ilegales y disfuncionales?
Conclusión
El tico votaba por buena fe y tradición; pero desde el 2014, vota por desprecio hacia los dirigentes tradicionales. Sin embargo, nunca ha votado conociendo estas “reglas de juego virtuosas” que están por sobre los caprichos o “experiencias fallidas” de quienes, inclusive habiendo sido presidente, ministros o legisladores varias veces, se vuelven a postular sin nunca haber aprendido el ABC del estadismo movilizador consagrado en la Constitución. Ergo, cuando vuelven, solo repiten “más de lo mismo” que nos ha llevado al infausto retroceso que el país sufre en todo campo.
Si estas debilidades en nuestro ADN no se corrigen para que candidatos y electores entiendan que el país no está para meras pasarelas por tres únicos cochinos días (el del triunfo, y el 1.° y 8 de mayo), Costa Rica podría no recuperarse de otro desgobierno popular.
Por eso, insisto con gran humildad cívica: ¿no vale la pena que periodistas y su Colegio asuman, en ausencia de los órganos públicos obligados pero indiferentes, el rol formativo que la coyuntura histórica demanda?
Solo toma empezar a preguntar e informar, con mucha probidad e inquisitividad indagatoria, sobre nuestras más gruesas debilidades sociopolíticas.
jmeonos@ice.co.cr
Johnny Meoño, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Ciencias Gubernativas por la Universidad de Londres; autor de nueve libros y múltiples investigaciones sobre desarrollo; director de Reforma del Estado Mideplán (1976-1984); profesor durante 37 años en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR; consultor en IICA, BID y PNUD, y colaborador de ‘Página Quince’ de ‘La Nación’ desde 1974.