Recientemente, se contabilizaron en el país más de 800 homicidios en lo que va del año, para un promedio de 70 homicidios por mes (2,3 diarios). Los asesinatos representan la manifestación más extrema de la violencia en cualquier país, y se trata de los delitos más graves, puesto que atentan contra el valor fundamental de la vida. Sobre todo, en una sociedad fundada en la dignidad humana, toda vida es valiosa. De ahí que la pérdida de vidas humanas significa la mayor afectación que pueda sufrir una sociedad en todos los ámbitos familiares, sociales, económicos y culturales.
Ante este grave problema, que no es exclusivo de Costa Rica, asistimos a un populismo y conservadurismo en la región latinoamericana, que ofrece soluciones mágicas a la violencia delictual, especialmente a los delitos de homicidios vinculados con el narcotráfico. Por otro lado, la población se encuentra, y con razones justificadas, desesperada por la sensación de inseguridad y violencia que se documenta todos los días en los medios de comunicación.
Las propuestas populistas pueden resumirse en la expresión “mano dura”, que tiene –hay que reconocerlo– una gran aceptación dentro de la población. Por ello, esta es la propuesta predominante en la mayoría de los partidos políticos y candidatos en la actual campaña electoral en Costa Rica. Se propugna por mayor represión, mayores penas de prisión –incluso la pena perpetua–, reducción de garantías judiciales y hasta la suspensión de los derechos fundamentales y la creación de megacárceles. Como si todo esto fuera a terminar con la violencia y el delito y llevara a una mayor seguridad para la ciudadanía.
Estas soluciones, que se presentan como mágicas, no existen. Lo primero que debemos comprender es que el delito y la violencia son un fenómeno social, no individual o de ciertas personas. El crimen y los grupos criminales no surgen en el vacío; son, más bien, el resultado de diversos factores de riesgo de naturaleza estructural, económica, social y familiar.
El negocio de las drogas, con el que se vincula cerca del 70% de los homicidios en Costa Rica, es tan lucrativo y depende de tantos factores externos e imposibles de controlar para nuestro país –tales como la producción, el transporte, los precios, los mercados, las redes de distribución y la infraestructura logística, que son definidos por organizaciones criminales internacionales–, que hacen de este un auténtico fenómeno transnacional imposible de enfrentar sin cooperación internacional y el reforzamiento de controles migratorios y fronterizos.
Pero sí podemos y debemos definir acciones concretas que deberían formar parte de la política pública de seguridad ciudadana, por lo menos en tres áreas principales: el control formal, la prevención y la inserción social, para dar una respuesta al fenómeno delictual que estamos viviendo.
Algunas acciones concretas y urgentes en el ámbito del control formal del delito y la violencia podrían ser las siguientes:
- Una investigación garantista, rápida y efectiva. La identificación de los autores de delitos de homicidios y su sometimiento al sistema de justicia resulta fundamental para generar, por un lado, una mayor disuasión de futuras conductas delictivas, y por otro, una mayor sensación de seguridad en los ciudadanos. La impunidad daña la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
- Evaluación y reforzamiento de las secciones de Homicidios del OIJ en todo el país. Para que la investigación sea efectiva desde un punto de vista policial y judicial, se requiere una Policía Judicial fortalecida, capacitada y con recursos materiales y tecnológicos a su disposición.
- Reinstalación de la Sección Especializada de Delitos contra la vida en el Ministerio Público en todo el país. La especialización en la investigación de cualquier delito, y en especial de homicidios, otorga mayores garantías para el descubrimiento y juzgamiento de estos delitos. La selección, capacitación y evaluación de los funcionarios de la Fiscalía resulta indispensable, ya que son los responsables de la dirección funcional de la investigación. Esta sección especializada existió, por lo menos en San José, pero por razones que se desconocen, fue cerrada.
- Priorización de detención de personas con orden de captura. La divulgación de la identidad de personas declaradas rebeldes en un proceso judicial o con orden de captura debería ser una estrategia para su detención, ya que las personas en esta condición fomentan la creación y permanencia de grupos criminales.
- Mayor regulación y control de armas y municiones. Está comprobado que más del 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego, no solo en Costa Rica, sino también a nivel internacional. Para reforzar el control, se requieren mayores restricciones para la compra y portación de armas, así como el decomiso de armas ilegales.
Algunas acciones concretas en el ámbito de la prevención pueden ser las siguientes:
- Desarrollo de un modelo de prevención centrado en las comunidades. Las comunidades son las que sufren y conocen mejor la realidad del delito y la violencia que sucede en sus territorios. De ahí que la prevención debe enfocarse en la participación de los actores comunales que conocen las necesidades de su población y sus territorios, particularmente, en las comunidades identificadas con altos índices de delitos y violencia. Aquí, las municipalidades deben jugar un rol fundamental.
- Fortalecimiento de policías municipales. Más que un modelo preventivo centrado en una policía a nivel nacional, las policías municipales pueden tener un mayor acercamiento y colaboración con las comunidades a las que pertenecen; son las que conocen mejor la realidad delictiva de sus cantones.
- Un enfoque más proactivo que reactivo. Es decir, no esperar que el delito suceda, sino más bien desplegar estrategias para la reducción de riesgos, como, por ejemplo: recuperación de espacios públicos, iluminación de zonas comunes, mejoras en los espacios de convivencia comunitarios y mayores oportunidades de desarrollo social.
- Priorizar el respeto de valores y convivencia pacífica en edades tempranas. La prevención centrada en la niñez y la adolescencia es una de las mejores estrategias para la prevención de la violencia y el delito. En la medida en la que tengamos una niñez sana y con oportunidades, así serán también las condiciones que tendrán las personas jóvenes y adultas. Actualmente, contamos con un dato escandaloso: en los dos últimos años, los homicidios pasaron a ser la principal causa de muerte en personas jóvenes.
- Desarrollo social y oportunidades para poblaciones especialmente vulnerables. Estudio, formación, capacitación y oportunidades de trabajo digno que reduzcan las tentaciones de involucrarse en conductas delictivas.
En el ámbito de la inserción social, se podrían señalar las siguientes acciones concretas:
- Enfoque en el cumplimiento de los fines resocializadores de las penas privativas de libertad. La justificación de la pena de cárcel se encuentra, precisamente, en su finalidad, que no puede ser otra que la búsqueda de la reintegración de los condenados a la vida extramuros.
- Promoción de condiciones propicias para el cumplimiento de los fines de la pena. Infraestructura adecuada, personal capacitado, programas de capacitación y formación centrada en planes individuales de cumplimiento.
- Implementación del enfoque de salud integral. Sobre todo, focalizado en la problemática individual de cada privado de libertad. Por ejemplo: programas de tratamiento de adicciones o programas de atención en salud mental.
- Maximizar la implementación de la justicia restaurativa. Contamos con una Ley de Justicia Restaurativa subutilizada, que puede jugar un rol fundamental en la inserción social con la participación, no solo del ofensor, sino también de la comunidad y las víctimas del delito.
No es necesario ni sensato abandonar nuestra cultura y tradición de respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales para hacerle frente a este serio problema de inseguridad ciudadana en el que nos encontramos.
El delito y la violencia no se pueden eliminar, pero sí reducir significativamente con respuestas integrales que realmente representen una búsqueda a la solución de los problemas que originan la inseguridad ciudadana. Este es el desafío actual y futuro de nuestra sociedad, en especial del nuevo gobierno.
carlos@doctortiffer.com
Carlos Tiffer es abogado y profesor de Maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica.
