El mapa de la elección de febrero es conocido: Laura Fernández ganó en primera vuelta gracias a los cantones costeros o fronterizos de Limón, Alajuela, Puntarenas y Guanacaste, y por el apoyo de la mayoría de las zonas rurales. Menos conocido es el otro mapa, el laboral, que el INEC publicó semanas después: la región Huetar Caribe tiene la peor ocupación del país (44%) y el mayor desempleo (10,6%); Chorotega y Brunca cargan la mayor presión laboral y el subempleo más alto. Los dos mapas son el mismo. La periferia que votó masivamente por la continuidad es la periferia que las políticas económicas están dejando sin trabajo. La periferia poco tiene que agradecer directamente al vigor exportador de las zonas francas del centro del país.
El vínculo entre ambos mapas apunta a lo mismo: tipo de cambio. Desde junio del 2022 a la fecha, el precio del dólar cayó un 34%, de ¢698 a niveles del 2005. Pasada la pandemia y con el pleno despliegue de la reforma fiscal del 2018, ciertamente muchas incertidumbres se disiparon. Pero también una muy buena parte se debe a la política económica, y más cuando pasa el tiempo.
La apreciación opera como un impuesto silencioso sobre las actividades que dan empleo en las costas y las fronteras: el agro exportador, el turismo, la industria. Los datos del Observatorio de la UNA son elocuentes: el turismo perdió 9.643 empleos en un año pese a un récord de visitación; la manufactura, 38.000 puestos; TicoFrut despidió a 600 trabajadores en junio. Y el daño no se ve en el desempleo –que luce bajo–, sino donde no se mira: la participación laboral cayó al 54%, con 117.000 personas más fuera de la fuerza de trabajo en un año, la mayor parte de ellas mujeres. No están desempleadas: desaparecieron de la estadística.
¿Por qué la periferia vota por el régimen económico que la excluye? Porque el impuesto cambiario es invisible: no tiene autor legible ni recibo. Lo que sí se ve cada semana es que los precios no suben; es barato comprar en Temu o Shein, adquirir cajas no reclamadas en Amazon, ir a la frontera a comprar algo quizá innecesario, o bien adquirir algún bien durable marcado en dólares. La deflación se vive como alivio, aunque sea síntoma de una economía débil y aunque la inflación acumulada desde el 2022 haya golpeado más a los hogares pobres (6,9%) que a los ricos (3,2%).
Se ve también un desempleo del 6,7% que los titulares celebran. Y el enojo real –que existe y tiene causas materiales– fue capturado y redirigido: no contra la política que encarece producir en Guanacaste, sino contra los tribunales, la prensa y las universidades. El resultado es una democracia en la que las víctimas de una política la sostienen electoralmente porque nadie les ha dicho, en su idioma, que su falta de oportunidades tiene explicación y responsables.
Decisiones que inciden
No es un fenómeno natural. El colón fuerte es hijo del éxito exportador de las zonas francas, sí, pero también de decisiones: endeudamiento externo que inyecta dólares –algunos, sin esterilización– y una política monetaria más restrictiva de lo necesario. Mientras el Banco Central debe apurarse a comprar casi $630 millones en las primeras semanas del año, no baja la tasa de política monetaria para quitar incentivo a traer inversiones especulativas. El FMI tiene que reclasificar el régimen cambiario; ya no flota: administra. Si es política, es corregible por política.
El nuevo gobierno hereda la contradicción entera. Su base territorial exige resultados incompatibles con el régimen cambiario que su propia coalición administró. Tiene tres salidas: corregir el rumbo monetario-cambiario y la gestión de deuda; compensar a la periferia con inversión y reconversión productiva, pero con un espacio fiscal estrecho; o sostener el statu quo y administrar el enojo con más confrontación institucional. La tercera es la más barata hoy y la más cara mañana: un enojo material sin cauce económico siempre encuentra culpables, y ya sabemos a quiénes señala. Pero, ojo, pierde credibilidad por la estrechez fiscal.
Pero si el gobierno se inclina por ampliar ingresos y se financia con el IVA, como receta el FMI, arriesga perder apoyo y, quién quita, hasta la fracción mayoritaria. Al menos, el gobierno debería considerar una fuente de ingresos menos regresiva, como la que plantea Guillermo von Breymann: cobrar el impuesto de renta mínimo a grandes trasnacionales de los países que ya lo aprobaron (Unión Europea, Corea, Japón) y que lo pagan en esos países. También, negociar con las empresas domiciliadas en EE. UU. el pago de un impuesto sobre la renta deducible de tributo de renta en EE. UU. Solo tendrían que pagar nuevos impuestos las empresas domiciliadas en Costa Rica que operan en zonas francas.
En los años 80, Costa Rica salió de una crisis mayor con pragmatismo: volver a la tierra, modernizar el agro, atraer inversión sin abandonar la producción para el mercado interno. Hoy, hace falta esa misma heterodoxia frente a la avalancha de divisas: instrumentos nuevos, no dogmas viejos. Empezar es sencillo: reconocer que un país donde el éxito macroeconómico se mide en San José y el costo se paga en Limón no está dando resultado. El país está partiéndose en dos, y ya votó partido en dos. ¿Seguirá así indefinidamente?
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Miguel Gutiérrez Saxe es economista y analista de política pública costarricense.