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En dos entregas anteriores, describí la paradoja del colón fuerte y sus causas estructurales: el superávit persistente de dólares que aprecia la moneda, la gestión de deuda que agrava el problema cambiario y las herramientas disponibles en el corto plazo –bajar la tasa de política, intervenir en Monex con operaciones esterilizadas, suspender las colocaciones de eurobonos innecesarias–.
Pero esas medidas tratan los síntomas. Este artículo y el siguiente presentan el remedio de fondo: tres acciones que atacan simultáneamente el problema cambiario, la crisis silenciosa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la distribución del éxito exportador entre todos los costarricenses.
Somos el país de las paradojas. La CCSS –la institución de mayor confianza ciudadana– languidece por un incumplimiento histórico del Gobierno Central que ninguna administración ha resuelto, mientras el modelo exportador más exitoso de la región genera riqueza que nunca llega a quienes más la necesitan. Ambas paradojas tienen una solución común.
La Caja: el problema conectado y urgente
Según registros de la propia institución, la deuda acumulada del Gobierno Central a la CCSS ascendía a ¢4,43 billones a mayo de 2025 –equivalentes a aproximadamente $8.700 millones al tipo de cambio actual, cerca del 9% del PIB–, habiendo crecido 62% en apenas tres años. El Poder Ejecutivo no la reconoce en su totalidad, lo que mantiene una disputa contable con la Contraloría como árbitro. La conciliación formal de ese monto es condición previa para cualquier solución.
Las consecuencias son ya visibles en el balance del IVM. En 2025, por primera vez en su historia, la CCSS tuvo que utilizar ¢266.638 millones de sus reservas para cubrir el déficit de pensiones, de los cuales ¢50.801 millones fueron tomados del principal. El portafolio del IVM asciende a ¢2,3 billones (~$4.530 millones), pero el 90,82% está en bonos del Gobierno Central: el mismo deudor que le debe a la institución.
El Comité de Vigilancia alerta de que las reservas podrían agotarse antes de 2047. La Junta Directiva ya aprobó en mayo de 2025 una política que autoriza hasta 10% del portafolio en activos internacionales –~$453 millones–. A la fecha, solo el 0,21% está utilizado. Ampliarla es una decisión gerencial disponible hoy.
Las tres acciones: visión de conjunto
La propuesta organiza la respuesta en tres líneas interdependientes.
La primera –política cambiaria activa del BCCR– fue desarrollada en las entregas anteriores: intervención esterilizada, recortes de tasa al nivel neutral del FMI y suspensión de eurobonos innecesarios. Nada requiere legislación nueva. Las dos acciones restantes son las que transforman el modelo de raíz.
Acción 2: CCSS + Fondo Internacional de Inversión (FIIC)
El punto de partida es un hecho poco conocido: las grandes empresas de zona franca ya pagan un impuesto mínimo del 15% sobre sus utilidades, pero no al Estado costarricense.
El Pilar Dos de la OCDE aplica para grupos multinacionales con ingresos globales superiores a 750 millones de euros –exactamente el perfil de los mayores operadores en zona franca–. Para empresas con sede en la Unión Europea, Japón o Corea del Sur, sus Gobiernos ya cobran el impuesto complementario si Costa Rica no lo hace primero: lo que no reclama San José va a Berlín, Dublín o Tokio.
Para las estadounidenses—Intel, Amazon, Abbott—, su sistema de impuesto mínimo paralelo (NCTI) funciona de modo que un QDMTT costarricense sería acreditable contra ese sistema, redistribuyendo parte del ingreso fiscal hacia Costa Rica sin aumentar la carga total de las empresas. En ambos casos, Costa Rica hoy cede esa recaudación a otros fiscos sin ninguna razón técnica que lo justifique.
El mecanismo propuesto –conocido como Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)– permite que Costa Rica capture ese 15% antes de que salga del país. No es un aumento de carga fiscal: es una reasignación de un pago que las empresas ya realizan, desde haciendas extranjeras hacia la CCSS costarricense.
El flujo debe ir directamente de las empresas a la Caja, sin pasar por el presupuesto del Gobierno Central. La recaudación estimada oscila entre $270 millones en escenario conservador y $810 millones con enforcement robusto de precios de transferencia, con un punto central de ~$500 millones anuales.
Las primeras declaraciones formales del Pilar Dos para el año fiscal 2024 vencen en junio de 2026: cada año de demora legislativa es un año de ingresos que fluyen a otros fiscos.
El flujo del QDMTT se invierte íntegramente en un Fondo Internacional de la CCSS, modelado sobre el NZ Super Fund de Nueva Zelanda (rendimiento histórico del 9,92% anual en 20 años, que hoy supera los $55.000 millones). La regla central es inviolable: prohibición absoluta de invertir en activos costarricenses. Cada dólar invertido en mercados internacionales es un dólar que no presiona al colón: así opera la esterilización cambiaria genuina.
Un fondo costarricense con $500 millones anuales al 7,8% alcanzaría $4.000 millones en 10 años y $10.000 millones en 20, lo que transformaría el panorama actuarial de la Caja. Simultáneamente, el QDMTT reduce el saldo de la deuda del Gobierno a la CCSS, una vez que ese monto haya sido conciliado formalmente.
Un beneficio para las propias zonas francas: la competitividad recuperada
Hay un argumento adicional que no debe perderse de vista. Entre el 40% y el 60% de los costos operativos de una empresa de zona franca en Costa Rica están denominados en colones: salarios, energía eléctrica, servicios locales, insumos domésticos. Un colón artificialmente apreciado encarece esos costos en términos de dólar, lo que erosiona la competitividad de las operaciones costarricenses frente a locaciones alternativas en Vietnam, Malasia o México.
La esterilización que genera el FIIC ($400-$600 millones anuales en años 3-5, creciendo a $800 millones en año 10) representa entre el 15% y el 30% del superávit estructural de divisas que hoy aprecia el colón.
El resultado estimado es una estabilización del tipo de cambio en un plazo de entre dos y tres años, seguida de una corrección gradual del 8% al 12% hacia niveles más competitivos a lo largo de un periodo de entre siete y 10 años. Para las empresas de zona franca, eso equivale a una reducción efectiva de 4% a 6% en su base de costos locales, lo que les permitiría recuperar una parte significativa de la competitividad perdida por la apreciación de los últimos tres años. Esto, sin necesidad de recortar empleos ni trasladar operaciones.
¿Por qué a la Caja y no al presupuesto?
Es previsible una objeción: ¿por qué no canalizar el QDMTT al presupuesto del Gobierno, que tiene urgencias propias (seguridad, educación, infraestructura)?
La respuesta merece anticiparse y la historia responde primero: el Gobierno acumuló $8.700 millones en deuda con la CCSS sin saldarla. Canalizar el QDMTT por Hacienda haría que se repita exactamente ese mismo error. La autonomía constitucional de la Caja existe para proteger estos flujos de la discrecionalidad presupuestaria.
El segundo argumento es de escala: el gasto corriente atiende grupos específicos en el año de ejecución, sin efecto multiplicador. El Fondo construye patrimonio que se capitaliza décadas para todos.
El tercero es la urgencia fiscal: el daño cambiario reduce empleo, reduce utilidades corporativas y reduce el impuesto de renta que el Gobierno necesita para seguridad y educación. Proteger la competitividad es proteger la base fiscal.
Una nota final: en junio de 2025, La Lima Free Zone y Coyol Free Zone se convirtieron en las primeras zonas francas de América Latina en recibir la certificación de seguridad y transparencia de la OCDE. Costa Rica opera sus zonas francas con los más altos estándares internacionales. El QDMTT es una evolución natural de ese modelo, no una ruptura.
En la próxima entrega, me referiré a la tercera acción –el bono en dólares, las cuentas para trabajadores y la extensión del modelo a nuevos sectores–, explicaré cómo las tres acciones crean un ciclo de prosperidad compartida y quién debe liderar la implementación desde el Estado.
gbreymann@tech-point.net
Guillermo von Breymann es fundador de Banco Banex, Cinde y el complejo Multiplaza/Camino Real. Ha trabajado en banca y desarrollo inmobiliario de gran escala en Costa Rica desde la década de 1970.
