Muchas personas están molestas por la pretensión del cura Minor Calvo de predicar la palabra de Dios desde la cárcel en la que se encuentra recluido por decisión de un tribunal terrenal. Ignoro todo sobre las posibles aptitudes del señor Calvo para ejercer el papel de evangelista, pero me inclino a respetar la autoridad de la Iglesia en esa materia y pienso que si la santa institución que lo ungió no detuvo las actividades del sacerdote antes de que este cayera en las faltas que lo condujeron a prisión, no tiene razones para impedirle ahora el cumplimiento de la sagrada tarea que ella misma le asignó por inspiración divina. De toda forma, el sistema judicial costarricense, al que todos respetamos, lo absolvió de cualquier cargo relacionado con un homicidio y lo sancionó tan solo por haber dispuesto indebidamente de bienes que no eran de su propiedad, de modo que, estrictamente hablando, Calvo transgredió tan solo uno de los Mandamientos de la Ley de Dios, por lo que su nota moral vendría a ser un nueve, o sea un excelente en la escala de uno a diez de nuestro sistema escolar.
Por otra parte, cabe preguntarse por qué, si por eso Calvo perdió su libertad, no sufrieron la misma suerte otros religiosos que les sacan, por vías engañosas, el dinero a los creyentes, como son los casos de una absurda secta brasileña que explota a los ticos incautos ofreciéndoles agua de caño supuestamente milagrosa y a precio de gasolina súper, o de una iglesia bayunca, expoliadora en nombre del play boy caribeño, ignorante y cara dura que pretende ser un clon de Jesucristo.
Si vamos un poco más lejos, ¿no sería mejor para la democracia que los jueces se empeñaran a fondo en su deber de poner tras las rejas a aquellos políticos que hacen, en mucho mayor escala, lo que se le atribuye al padre Minor y todavía andan en la calle predicando en nombre de unas iglesias laicas llamadas partidos políticos? Viéndolo bien, sería más saludable para la sociedad que todos los predicadores inescrupulosos, sean políticos o sean religiosos, evangelizaran desde la cárcel, sitio donde sus estafas serían, cuando menos, bien contabilizadas. Y si alguno de los políticos ya condenados resultara, gracias a sus prédicas carcelarias, elegido para ocupar un cargo público, lo más seguro sería obligarlo a que lo desempeñe desde el mismo lugar al cual de todas maneras acabaría por regresar.
Más aún, con el fin de ahorrarle al Estado los elevados costos de nuevos, largos y aburridos procesos judiciales, los electores inteligentes preferirían votar por los candidatos ya condenados o a punto de serlo.
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