Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, estaba a las puertas de la cárcel. En junio fue condenado como autor de tres delitos relacionados con posesión de armas de fuego, incluido el ocultamiento de su drogadicción al efectuar una compra. En los Estados Unidos, donde las armas causan tantas tragedias, la mentira del joven Biden es una falta muy seria.
Las pruebas incluyeron testimonios de allegados al convicto, conocedores del uso que hacía de estupefacientes cuando adquirió el arma. No quedó duda razonable y el jurado dictó la condena en un proceso ajustado a la ley. Menos razones hay para dudar de la condena por múltiples cargos de evasión fiscal, porque Biden se declaró culpable, en setiembre, para evitar penas mayores.
No obstante, su libertad está garantizada. El presidente Joe Biden, su padre, le concedió un perdón por todos sus delitos, incluidos los que pudo haber cometido desde el 2014 a la fecha y no fueron investigados. Es decir, el perdón abarca las condenas concretas y cualquier hipotético delito todavía no descubierto.
No es razonable conceder semejante poder a un hombre y pedirle abstenerse de utilizarlo para evitar el encarcelamiento de un hijo. Lo irracional no es la conducta de Biden, sino la preservación de un poder típicamente monárquico en manos del presidente de una república democrática.
El expresidente y futuro mandatario Donald Trump también favoreció con el perdón a colaboradores cercanos, entre ellos a algunos con conocimiento de sus actuaciones en las causas penales instruidas en su contra.
Es decir, perdonó a potenciales testigos de sus presuntos delitos. Las causas contra Trump fueron archivadas en cuanto logró la reelección, porque las políticas de la Fiscalía impiden procesar a un presidente en ejercicio, otra norma cuestionable en un sistema democrático donde nadie debería estar por encima de la ley.
Para colmo, se especuló sobre la posibilidad de un perdón de Trump a sí mismo y los constitucionalistas estadounidenses se dividieron sobre la amplitud y alcances de ese poder, pero la discusión no llegó al punto de descartar la procedencia de concederse la gracia a sí mismo, lo cual podría ser innecesario después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la amplísima extensión de la inmunidad del mandatario.
Los acontecimientos de los últimos años han mostrado fisuras en el diseño de la primera república democrática moderna. El régimen de responsabilidades de los mandatarios y su casi ilimitado poder de indulto están entre ellas si la intención es aproximar la ley al ideal democrático.
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