Los verdaderos propósitos de la Ley de Protección al Trabajador no pueden estar más claros, especialmente ahora que su principal impulsor, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, confirma lo dicho por los diputados de la época, entre ellos el socialcristiano Wálter Céspedes: nunca hubo intención de gravar las pensiones creadas por la visionaria legislación.
La administración pasada decidió lo contrario y aplicó una reforma al impuesto sobre la renta tramitada años antes, con propósitos muy diferentes. Esa reforma gravó las pensiones para poner coto a los abusos de los regímenes de privilegio y equilibrar, en algo, los egresos de los sistemas existentes en su momento.
Precisamente por las debilidades detectadas en esos regímenes, el Estado propuso a los trabajadores complementar, con el sudor de su frente, el previsible decrecimiento del valor de las pensiones futuras. Para estimularlos a ahorrar, les ofreció incentivos fiscales. Ahora pretende arrebatárselos y, de paso, herir de muerte a una de las más valiosas piezas de legislación de los últimos años.
Pero los trabajadores no son los únicos beneficiarios de la Ley de Protección al Trabajador. Las ventajas para el Estado son considerables. Aparte de contribuir a limitar el problema de la vejez desvalida en un país cuya demografía cambia con celeridad, los fondos de pensiones, invertidos en bonos públicos, financian el déficit financiero del Gobierno, según la irrebatible explicación del expresidente Rodríguez publicada en estas páginas hace una semana.
El exmandatario señala que el sistema complementario ya atesora cerca de la mitad de los recursos disponibles en todos los fondos de pensiones del país y su importancia aumenta. El ahorro nacional, como proporción del ingreso disponible, subió un 28,4% desde la creación de los regímenes complementarios.
Poner zancadillas al desarrollo del sistema es una cortedad de visión tan grande como la claridad de miras exhibida por los legisladores del 2000. El Estado debería moverse en la dirección contraria y pensar en formas de atraer más ahorrantes. El primer paso en esa dirección es recuperar la confianza perdida, y esto solo se logrará con la renuncia, en firme, a gravar las pensiones complementarias como lo propone el Gobierno en su plan fiscal, sin atentar contra el ahorro ni debilitar los incentivos originales, como también pretende hacerlo, desafortunadamente, el proyecto recién presentado al Congreso.
Armando González es periodista y abogado.
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