El World Justice Project es una iniciativa fundada en el 2006 por la asociación de abogados más importante de Estados Unidos. Cada año presenta su publicación más reconocida a nivel global: el Rule of Law Index, un estudio que evalúa el desempeño de 143 países en materia de Estado de derecho. Mide la calidad de las instituciones jurídicas a través de categorías como división de poderes, derechos fundamentales o funcionamiento de la justicia.
Comparemos tres países: El Salvador, Costa Rica y Venezuela. Según los resultados para el 2025, se ubicaron, el primero en la posición 141, de nuevo, de 143 en total; el segundo en la 28, la segunda mejor de América Latina; y el tercero en la 143, la peor del mundo.
Al examinar solo al sistema de justicia penal, encontramos también una diferencia incontestable en el comportamiento de nuestro país —con excepción de Uruguay—. Costa Rica en la posición 40; El Salvador en la 141 y Venezuela en la 143. Ahora, veamos estos datos desagregados de acuerdo con el lugar que ocupa cada uno, según algunos de los indicadores que utiliza el índice al puntuar al sistema judicial.
En efectividad de investigaciones por delitos, Costa Rica 89, Venezuela 143 y El Salvador 142. En mora judicial, Costa Rica 76, Venezuela 143 y El Salvador 139. En imparcialidad, Costa Rica 12, Venezuela 143 y El Salvador 141. En corrupción del sistema penal, Costa Rica 51, Venezuela 138 y El Salvador 117. En influencia del Poder Ejecutivo en decisiones judiciales, Costa Rica 39, Venezuela 142 y El Salvador 122.
Dicho esto, hace unas semanas, la diputada Marta Esquivel presentó un proyecto para que al titular de la Fiscalía General lo nombre la Asamblea Legislativa. En Costa Rica, esa elección hoy es una atribución de la Corte Suprema lo que, en principio, concede mayor independencia y menos politización a un puesto de la máxima relevancia en cualquier régimen democrático.
El modelo que propone la señora Esquivel es el que siguen —¡qué casualidad! — El Salvador y Venezuela —con semejante pelaje— cuyos fiscales generales no solo son designados por parlamentos dominados por una fuerza política, sino que operan como mecanismos de persecución en toda regla al servicio del Poder Ejecutivo.
Parece un chiste, pero no lo es, por mucho que haya quienes no tengan empacho en reírse así de la ciudadanía, nuestra historia y sus instituciones.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.