El proyecto, en el cual participaron como invitados, además de cooperativas, delegados institucionales regionales, planteaba la formación de un destacamento de 42 personas para capacitar masivamente en organización y promover la creación de empresas entre las poblaciones vulnerables de Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires.
Una vez elaborado, se presentó en el 2007 a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para obtener financiamiento. Ahí, estuvo hasta finales del 2009, cuando fue retomado y aprobado el dinero de la primera fase para preparar a los formadores.
Se firmó un convenio interinstitucional con el movimiento cooperativo, la UNA y el INA, entre otros. Posteriormente, el proyecto fue declarado de interés público por la presidenta Laura Chinchilla y se iniciaron los primeros laboratorios organizacionales.
Una limitación, derivada del archipiélago del aparato institucional, fue la carencia de una instancia operativa regional, ya que Judesur, en ese entonces, dejó su ejecución en manos de los entes nacionales.
Preparación comunal. Entre el 2010 y el 2014, a pesar de esa limitación, pasaron por cursos preprofesionales casi 3.000 personas y cerca de 900 más o grupos elaboraron anteproyectos para formar emprendimientos.
A finales del 2013, a instancias del ministro de Bienestar Social, el Mideplán y GIZ efectuaron una evaluación concurrente. Los resultados fueron muy satisfactorios en cuanto al método por el entusiasmo y la participación de las comunidades.
Tan es así que sugirieron, por su eficacia, utilizarlo en otras partes del país. No obstante estas virtudes, recomendaron suspender la capacitación masiva por falta de seguimiento institucional y concentrar los esfuerzos en el seguimiento de los proyectos formados hasta entonces. Una solución muy costarricense que evadía plantear el problema del archipiélago institucional y su falta de instancias operativas.
Nueva fase. En el 2015, el gobierno intervino Judesur y el ministro de Trabajo retomó el seguimiento con un nuevo convenio interinstitucional junto con el Infocoop, la UNA y la misma Judesur. Esta vez con financiamiento de Judesur para los emprendedores a través de los grupos de acción territorial (GAT).
En la nueva fase, se recuperan cerca de 600 proyectos y se reanudaron los seminarios de área económica por zonas, orientados a actualizar los proyectos, conjuntamente con las organizaciones locales, cámaras, asociaciones y gobiernos locales.
El trabajo, hecho de forma coordinada con los grupos de acción territorial de Judesur, logró que estuvieran en marcha en el 2018 más de 200 empresas locales. Los resultados serían mejores si no hubiera sido suspendido sin mediar evaluación, al calor de la intervención del Infocoop. También incidió la reducción de aportes por parte de Judesur.
Cabe destacar que en el proceso se entrenaron cuadros formadores de gran calidad en organización y capacitación de adultos, suficientes para movilizar la organización local, multiplicar por diez los perfiles de los proyectos y la capacitación en cursos preprofesionales. Lamentablemente, solo se aprovechó poco menos de un quinto del personal formado debido a la desarticulación institucional y a la falta de recursos propios.
El Mideplán, en vez de centrarse, como debía, en el problema de desarticulación institucional y proponer reformas, solicitó la suspensión de la capacitación. En otras palabras: detuvo proyectos con propuestas concretas y fuerzas locales capaces de impulsar la descentralización y la democratización institucional. Hicieron lo del avestruz, esconder la cabeza para no ver el verdadero problema.
Presentación. El 16 de octubre, a las 9 a. m., se presentarán en el Museo del Jade algunos logros del proyecto, que pueden ser retomados con fuerza por organizaciones locales, como los GAT, especialmente en el sur alto, donde se ha venido desarrollando una interesante metodología de acompañamiento.
Es una buena oportunidad para que, por una parte, se valoren los alcances del trabajo, basado en la autonomía y educación de adultos que incorpora y dinamiza como sujetos a la población en condiciones de pobreza, y, por otra, se perfile la necesaria articulación institucional.
Podemos responder a la pregunta inicial tomando a Uruguay como referencia. Los uruguayos tenían en el 2004 los mismos indicadores que Costa Rica y en diez años erradicaron la pobreza extrema y redujeron la pobreza a un 7 %.
Aquí, también con descentralización y los mismos recursos, eso sí, con evaluación y participación de las comunidades, es posible generar desarrollo económico. Solo hay que cambiar el paradigma imperante en la política social y la organización institucional.
miguel.sobrado@gmail.com
El autor es sociólogo.
