EscucharEn la tercera década del siglo XXI, los servicios públicos deberían ser digitales, como salió a relucir a raíz de la pandemia.
Es inaceptable la exigencia de apersonarse en las oficinas centrales para registrarse como patrono. Una y otra vez encontramos ejemplos de instituciones que rehúsan aceptar la firma digital como medio legítimo para no asistir a la institución por un trámite.
Recientemente, importé un producto sin importancia —fruto del deambular nocturno por sitios de comercio electrónico—, y fue así como descubrí que la aduana exige la factura del proveedor firmada de puño y letra por el importador.
La firma digital no solo tiene la misma validez legal que la de puño y letra, sino que es más segura, no es falsificable y tampoco necesita autenticación.
Hace diez o doce años, la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, en su peregrinaje por diferentes instituciones, pasó una temporada en el Banco de Costa Rica (BCR).
La idea de la renovación de licencias y pasaportes en las sucursales del BCR me pareció genial. Pero si tenemos firma digital, ¿por qué tenemos que ir físicamente?
La renovación de licencias y pasaportes deberá ser un trámite virtual como todos. Si necesitan una foto reciente, enviamos un selfi con firma digital. Pero también debemos cuestionarnos ¿porqué vencen las licencias?
En el Reino Unido pensaron exactamente en eso, y decidieron dejar la licencia vigente hasta que el conductor cumpla 70 años, en cuyo momento requerirá un minucioso examen médico para renovarla.
Bienestar ciudadano. Una gestión de forma remota produce mucho más que bienestar a los ciudadanos, también cuantiosos ahorros para el Estado, no solo en combustible y tratamientos médicos de enfermedades respiratorias, sino además en personal e instalaciones físicas.
El gobierno gasta cerca de $400 millones anuales en compra de tecnologías de información. Si a eso agregamos el pago al personal y las instalaciones, probablemente obtengamos una cifra cercana a $1.000 millones, aproximadamente un 1,6 % del PIB.
El problema no es el excesivo gasto estatal en tecnología, sino que no estamos recibiendo a cambio los servicios públicos que merecemos, es decir, servicios digitales accesibles para todos.
Algunos de los existentes ni siquiera son sencillos de usar. La declaración del impuesto sobre el valor agregado (IVA) es innecesaria, porque se construye a partir de las facturas electrónicas y el fisco las tiene todas. El formulario es tan largo y complicado que ni en la Comala de Pedro Páramo lo utilizarían.
El resultado es un aumento de costos de operación en todas las empresas y tenemos que pagar a un contador para que lo haga. Desventaja competitiva para el país.
A paso de tortuga. El Gobierno Digital tiene 20 años de andar dando vueltas; estuvo en la Casa Presidencial, luego en el BCR, después en el ICE, donde se distinguió por la puesta en marcha de Mer-Link, pero el gobierno anterior intentó eliminarlo; sin embargo, solo logró atrasarlo cuatro años y cambiarle el nombre. También cerró el Gobierno Digital y trasladó el personal a Racsa.
Veinte años antes (1979) el gobierno intentó concentrar las labores de procesamiento de datos en un centro nacional de cómputo, iniciativa fuertemente rechazada por los proveedores de tecnología, al punto que no vio la luz.
En contraste, en 1989, en Singapur, crearon el National Computer Board y a partir de ahí se desarrolló la potencia tecnológica que es hoy.
Está en la Asamblea Legislativa el proyecto presentado por el diputado Wagner Jiménez para crear la Agencia Nacional de Gobierno Digital (ANGD) y nuevamente se desató el rechazo de los proveedores de tecnología (los que venden los $400 millones), esta vez asistidos por funcionarios de un ministerio que no existía en 1979.
La ANGD debe crearse y el gasto en tecnología, racionalizarse. Con una suma bastante inferior a $1.000 millones anuales debemos contar con todos los servicios públicos digitales. Pero este proyecto debe vacunarse contra los males que nos han traído hasta donde estamos.
Transparencia. La ANGD no debe tener la potestad de contratar con otras instituciones del Estado sin licitación, todo debe hacerse de la manera más transparente posible.
Las “alianzas” con empresas privadas para vender al Estado es un proceder opaco. La agencia tampoco deberá tener la opción de comprar tecnologías y, mucho menos, desarrollar sistemas.
El Estado debe contratar servicios, con estrictos estándares de cumplimiento, conocidos como SLA, por sus siglas en inglés.
Para eso, la agencia debe contar con directores de proyectos y administradores de contratos que velen por la ejecución de los SLA, uno de los cuales siempre debe ser la satisfacción del usuario final (nosotros los ciudadanos).
Otro proyecto valioso presentado por el mismo diputado es el de Hacienda digital. Los sistemas del Ministerio deben reemplazarse pronto, pero también hay que vacunar este plan.
Hace 16 años entró en operación el sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA). Después de una ardua lucha contra la resistencia, hoy hay que botarlo.
Considerando que el software ni se gasta ni se rompe, debemos preguntarnos qué evitará que suceda exactamente lo mismo con el que va a comprar Hacienda.
Presumiendo que el proyecto lo entreguen funcionando bien, a tiempo y dentro del presupuesto, ¿que impedirá que pocos años después haya que botarlo?
La vacuna para Hacienda digital es la misma que para la Agencia. Si se adquiere la tecnología y se le brinda mantenimiento sin los SLA, o si los hay, pero no tienen penalidades, es como si no hubiera. Sin los SLA no hay forma de garantizar la calidad o la continuidad del servicio, que es, a fin de cuentas, lo que se requiere.
El Estado no necesita tecnología, sino el servicio que se puede obtener con la tecnología. El Estado tampoco tiene la agilidad necesaria para asumir el riesgo de obsolescencia. Al comprar tecnología, siempre se asume el riesgo de obsolescencia; al comprar servicio el riesgo es del proveedor.
Es bastante obvio que, si primero se aprueba la ANGD con las vacunas mencionadas, Hacienda digital sería su primer proyecto, con la ventaja de estar totalmente (algunos creen que en exceso) financiado.
Lo anterior, sin embargo, es poco probable, pues el endeudamiento para la adquisición del software para Tributación cuenta con muchos menos anticuerpos que la ANGD. Esto deja a los diputados con el reto de mitigar riesgos no tradicionales en un proyecto para obtener un préstamo.
roberto@sasso.cr
El autor es ingeniero.
