Uno de los retos pendientes revelados por las elecciones municipales sigue siendo el abstencionismo. Los patrones de comportamiento electoral tienen causas multifactoriales que sería pretencioso abordar en un artículo de opinión. Por eso solo me enfocaré en algunos ángulos, con el fin de que se analicen y se pongan en marcha las correcciones pertinentes.
Una vez más, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ejecutó los comicios impecablemente. Además, su esfuerzo por lograr una amplia y eficiente distribución territorial de las juntas receptoras de votos facilitó la movilización y participación de los votantes; ergo, no justifica el elevado abstencionismo.
Fue apenas la segunda vez que votamos para elegir a las autoridades cantonales. Las reformas de gran calado toman tiempo en ser asimiladas y consolidarse. El proceso de educación cívica para comprender el peso de los gobiernos locales en la calidad de vida debe ser permanente, no solo durante las campañas electorales. En particular, porque, al celebrarse con independencia de las nacionales, no se benefician en términos de participación del efecto arrastre.
Debe haber un esfuerzo interinstitucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), el TSE, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y otros entes para formar ciudadanos conscientes del valor local y de los beneficios de involucrarse en lo que se gesta a esa escala. Amerita dedicar recursos a organizar debates de candidatos en las localidades, más allá de los transmitidos por los medios de comunicación.
Las autoridades municipales deben dirigir esfuerzos eficaces, no clientelistas, por integrar a sus comunidades en la gestión y en la toma de decisiones. En el mundo, hay muchos modelos inspiradores de comunidades cogestoras.
Información pertinente. El abstencionismo se explica también por la poca información sobre la oferta electoral. El TSE, el Programa Estado de la Nación (PEN) y los medios de comunicación se esfuerzan por recopilar información y visibilizar las candidaturas y sus propuestas.
No obstante, no hay mandato legal que obligue a las facciones y a los candidatos a publicar datos tan relevantes como hojas de vida y planes de gobierno. El mismo vacío existe para las contiendas presidenciales y legislativas. Es inaudito, pero cierto. Por eso, con frecuencia, surgen gallos tapados cuyas credenciales no les permitirían siquiera conseguir trabajo.
Los partidos postulan candidaturas sin el mínimo filtro de estar al día con sus obligaciones tributarias y ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sus antecedentes y aptitudes, lo cual genera un predominio de noticias negativas durante la campaña, erosiona la confianza ciudadana y alimenta el abstencionismo.
Una tendencia observada desde el 2002 y no debe pasar inadvertida es que la participación electoral en los comicios municipales resulta mayor en los cantones rurales y costeros que en los urbanos y en los densamente poblados. Lo contrario sucede en las contiendas presidenciales y legislativas, ya que la afluencia de votos es mayor en el área metropolitana y en las cabeceras de provincia.
El Estado de la Nación y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), entre otros, han concluido que la mayor participación electoral en zonas rurales se explica porque el contacto de la gente con los entes locales, los líderes municipales y sus decisiones políticas, es mucho más estrecho y visible que con las instituciones y decisiones del gobierno nacional, cuya presencia y acción fuera del Valle Central es menor y, a menudo, inconsistente. Tal comportamiento encierra un mensaje digno de atender.
Demanda local. Lo anterior va de la mano con el vertiginoso incremento de partidos cantonales ocurrido, en parte, como respuesta a la creciente demanda de los votantes de tener cercanía y exigir rendición de cuentas a los representantes políticos.
Queda por ver cuán fragmentados o unidos estarán conformados los concejos municipales, lo cual es fundamental para la buena gobernanza. La búsqueda de acercamiento no debe encaminarse en detrimento de la eficacia, por lo que resulta pertinente revisar si los umbrales mínimos para la creación de partidos facilitan una multiplicación partidaria contraproducente.
También hace falta fortalecer el vínculo entre el pueblo y los representantes en las contiendas legislativas. Intuyo que el sistema ha canalizado esa necesidad mediante la proliferación de partidos temáticos y de nicho que captan demandas y preocupaciones concretas de ciertos grupos.
La fragmentación política temática no aporta soluciones a problemas transversales generales y de naturaleza territorial, como la desigualdad en los índices de desarrollo social y humano entre unas regiones y otras.
Insisto en la tesis, ya expresada en otros artículos, de que es ineludible brindar una solución integral al debilitamiento y a la inequidad geográfica de la representación política, que incluye reformar el sistema para seleccionar diputados, aparejado de un reordenamiento político-territorial nacional.
Piedra en el camino. Otro gran lunar de nuestro sistema electoral municipal y legislativo es la reelección. En el primer caso, porque es indefinida y, en el segundo, precisamente por lo contrario. A escala cantonal se fomentan cacicazgos, clientelismo y opacidad, y se obstaculiza la renovación de visiones y de liderazgos.
Además, la reelección consecutiva indefinida dificulta la selección de mujeres, ya de por sí desincentivada dentro de los partidos. Desde que se pusieron en marcha las elecciones municipales separadas de las nacionales, la mayoría de los alcaldes son hombres, con el agravante de que el titular que busca reelegirse siempre tiene ventaja sobre sus oponentes. Los datos son apabullantes: 50 de 64 lograron reelegirse, muchos con diferencias ínfimas de votos.
La reelección consecutiva es deseable si es limitada. Se aprovecha el conocimiento y la experiencia sin impedir la renovación y la saludable alternancia en el poder.
En el caso de los comicios legislativos, la falta de reelección consecutiva —que también debe ser limitada— va en detrimento de la calidad de la legislación y de la representación política. Lo anterior también tiene incidencia en la dinámica entre el Congreso y las municipalidades y en la movilización de figuras de uno a otro lado, no siempre acorde con el interés de la ciudadanía ni de las políticas a largo plazo requeridas por el país.
El 2020 es el año más propicio para reformar el sistema electoral municipal. Sugiero uniformar las reglas de reelección municipal y legislativa, y exigir información completa y oportuna sobre candidatos y programas. Hay abundancia de estudios y de opiniones expertas con posibilidades de dar luz para que, en vez de parches, se construya una reforma integral.
La Asamblea Legislativa ha demostrado una audacia extraordinaria para acometer soluciones largamente postergadas; confío en que seguirá haciéndolo.
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La autora es activista cívica.
