El exministro de Hacienda Rodrigo Chaves planteó en diferentes foros serias advertencias sobre la gravedad del estado de la economía y las funestas consecuencias de no actuarse con prontitud y seriedad.
Sin valorar su aporte como ministro para solucionar esos problemas y, mucho menos, su motivación personal actual, es de reconocer su alarma como una posibilidad muy real.
La mayoría de los costarricenses, incluidos altos funcionarios, parecen no apercibirse de la gravedad de la situación y creen que bastará con conseguir más préstamos externos y hacer arreglos cosméticos al gasto público o al crédito para salvar el país. Nada más alejado de la realidad.
La bomba es el acumulando durante varias décadas, pero empeoró dramáticamente en los últimos años. Es de proporciones gigantescas y amenaza estallar en el peor momento de la pandemia.
Impedir que suceda. Me sumo a Rodrigo, a plantear la posibilidad de una hecatombe, no en afán de crear pánico, sino de llamar la atención de la necesidad de actuar al unísono para evitar la ocurrencia de la tragedia.
Si no se actúa responsablemente, el panorama será apocalíptico. Todos, sin excepción, sufriremos las consecuencias. Habrá cierre masivo de empresas y pequeños emprendimientos, y las personas perderán ahorros e inversiones de toda una vida.
El desempleo cundirá imparable y, como suele suceder, los de más bajos ingresos pagarán su cuota con hambre y miseria.
Si bien los empleados públicos se creen inmunes, en cuanto el gobierno se quede sin liquidez serán los primeros en no recibir sus sueldos.
Nos hemos pasado décadas jugando con fuego. El gobierno, amparado en nuestra inconsciencia, llevó el endeudamiento al tope con tal de no reducir burocracia o cobrar más impuestos. Estamos en un problema de primera magnitud.
Las manifestaciones de los sindicatos, en pie de lucha por la simple posibilidad del rebajo de un 15 % de sus salarios (olvidémonos de eufemismos, no es disminución de jornada, esa ya la tienen al 50 % o menos), es clara evidencia de la miope visión de los grupos de interés. Si el edificio se cae, aplastará a todos.
Adelantarse a los organismos internacionales. Hay medidas urgentes para paliar el deterioro de los ingresos de la población. No esperemos a que el FMI o la OCDE vengan a decirnos lo obvio.
Empecemos de inmediato a corregir viejos problemas, como los oprobiosos privilegios de ciertos grupos, que lucran con exenciones de impuestos, subsidios estatales y beneficios parafiscales, por ejemplo las cooperativas y sus organizaciones, cajas de ahorro y préstamo, fundaciones que operan como escudos fiscales y muchas más que se benefician indebidamente de eludir su contribución a la sociedad.
Y ni hablar del proteccionismo agrícola, en perjuicio directo de los precios de bienes de la canasta básica: arroceros, azucareros, ganaderos, lecheros y muchas otras actividades dedicadas a menguar, silenciosamente, los ingresos de la población, escondidos tras aranceles y ayudas estatales. Y esto puede resolverlo el gobierno de inmediato.
El transporte público es uno de los rubros en los cuales la gente de bajos ingresos gasta más y puede estarse cometiendo una gran injusticia con ellos.
Tarifas sobrevaluadas del transporte público, algunas hasta en un 40 %, deben ser corregidas. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) debe hacer una fijación de oficio para todas las rutas, como lo ordena la ley, no con datos de demanda aportados por los empresarios.
Las tarifas eléctricas, de agua y combustibles destruyen nuestra competitividad. Corregirlas es fácil si el costarricense está dispuesto a desligarse de prejuicios anacrónicos. La discusión nacional debe empezar sin demora.
Hay diputados anteponiendo intereses electoreros a la realidad y poniendo en entredicho su compromiso con el ajuste.
Restituir, en el reciente presupuesto, recursos sin uso de bonos de vivienda, área en la cual es preciso una profunda revisión o seguir creyendo irrestrictamente en la eficiencia de las municipalidades, deja un desagradable sabor a populismo.
El ajuste grueso está en la racionalización de los salarios públicos y la eficiencia institucional. Durante décadas se fueron creando entidades hasta llega a poco más de 300, muchas de estas para hacer lo que otras no hacen. En vez de cerrar las inoperantes, se fundan costosas estructuras paralelas dilapidadoras de recursos públicos.
Es momento de evaluar el costo-beneficio de las instituciones públicas sin excepción. Eso es sencillo y rápido.
Nadie se atreve a insinuarlo, pues descubrirá lo obvio: muchas destruyen valor en vez de aportar soluciones. Hay un silencio cómplice de todo el país bajo el lema “pobrecitos los empleados públicos”.
Reducción de salarios. Lleguemos a un compromiso social de no dejarlos sin ingresos. Paguémosles el 50 % de salario en condiciones especiales, pasando a algunos de ellos a otros entes públicos, donde se dedicarán a facilitar trámites y atender al público, y los que no se pueda, a la casa y cerremos instituciones socialmente improductivas.
El bono proteger es imprescindible. Quienes lo diseñaron quizás partieron de la receta keynesiana utilizada durante la Gran Depresión, de reactivar la demanda agregada, pero escondieron la segunda parte de esa receta.
Keynes no hablaba de regalar recursos, sino de proveer empleos temporales para aportar algo a la producción nacional. Se le ridiculizó diciendo que proponía contratar gente para ir a abrir huecos en las calles, mientras otros, detrás, venían tapándolos.
Nada más alejado de la realidad. Su idea tiene muchos bemoles, pero es preferible a repartir dinero desde un helicóptero.
Este tipo de ayudas deben darse a los empleadores para que sostengan a sus empleados en actividades comunales, sociales o ambientales, con exención de cargas sociales y premios por incorporar, fuera de planilla, a trabajadores informales.
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) atiende personas con discapacidades, enfermos, adultos mayores, etc. El resto, en capacidad de laborar, debe devolver con trabajo la ayuda que reciba.
Nada de eso se logrará mientras la gente no esté consciente, como dijo el presidente Alvarado, de que estamos en una economía de guerra.
Concuerdo en el tono de la denuncia de Rodrigo Chaves y en plantearla crudamente al país, sin eufemismos ni tapujos ni esconderse en frases alambicadas inentendibles para lavarnos la conciencia de no haberlo advertido.
Es imposible seguir pasando la pelota a los demás, sin afectar los propios intereses. Hay que asustar a la gente, enfrentándola con crudeza a la verdadera y patética situación actual. La covid-19 es el menor de nuestros problemas.
El autor es economista.