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Mi carrera profesional me ha llevado por patios y traspatios en buena parte de América. Desde muy joven, trabajo en proyectos de todo tipo, grandes y pequeños, en los cuales existe un considerable componente geológico, es decir, obras que deben, porque la atracción gravitatoria del planeta así lo exige, fundarse sobre el terreno, y nuestra función como geólogos y geotecnistas es estudiar, revisar, analizar, detectar situaciones adversas, concluir, recomendar y, en muchas ocasiones, atender emergencias y decidir qué acciones de prevención, corrección, mitigación o reparación son necesarias para enderezar entuertos de origen geológico.
Antes de emprender una obra humana, debe estudiarse sobre qué será fundada, prever cómo responderá a las exigencias de la naturaleza, pero también es un deber definir quiénes responderán por ellas si fallan.
Así, mandan los códigos de cimentaciones y los geotécnicos de laderas y taludes de Costa Rica, y hasta sabiamente se le atribuye a Jesucristo en la parábola de la casa fundada sobre la roca (Lucas 6:46-49 y Mateo 7:21-27).
Nuestras legislaciones tramitomaníacas se basan en el principio de lo previo y nada más. En que los estudios básicos de un proyecto deben ser realizados, presentados y aprobados por toda clase de instituciones, como requisito para obtener permisos de construcción, y todo acaba ahí.
Las instituciones han hecho mapas de todo tipo de riesgos y amenazas geológicas: que por aquí pasa una falla, que por aquí el terreno es inestable, que por aquí pasan «venas de agua» y «mantos acuíferos» vulnerables». Pero por alguna razón que no entiendo, al final, siempre ponen al administrado a hacerles el trabajo.
Se levan las manos. Quienes hayan pedido un permiso para construir algo me darán la razón en que las instituciones, municipalidades, geocracias e hidrocracias en este país piden demostrar que por su terreno no pasa la falla tal o que si es vulnerable, o que contradiga lo que dicen los mapas oficiales, si no, no le dan el permiso.
Si el Estado está seguro y puede demostrar con ciencia y consciencia que las amenazas naturales que pintan en sus mapas realmente existen, entonces que regule como se debe. Mas, si esas cosas son dibujos y rayas en un mapa sin suficiente respaldo, entonces, que haga bien su trabajo y deje de molestar al administrado.
Toneladas de papel antes de la era virtual y modernamente gigas y teras de información digital se presentan para obtener permisos de construcción o desarrollo de obras y proyectos, pero cuando ocurren desgracias geológicas, la respuesta de las instituciones es declarar emergencias, ordenar desalojos o demoliciones, para que sean otros quienes acaten o ejecuten esas órdenes.
Qué fácil, esas instituciones van y, con solo asomarse y ver, saben y dicen que no se hizo esto o aquello, que se imcumplió el requisito tal, que todo el mundo salga, que desalojen y que todo está mal hecho, pero eso sí, no es lo mismo con los mapas oficiales, que nadie los cuestione. Dios guarde.
¿Quién o cuál de estos actuantes da la solución o cuál colegio profesional investiga quién es el responsable de decir desde antes que todo estaba bien y cuál entidad actúa contra la mala praxis de los responsables?
Lo que es peor, ¿cuál institución de trámites responde por su propia negligencia, por aprobar simplemente porque se presentaron montañas de informes con encabezados y logos bonitos para que parezcan estudios serios?
Los desaparecidos. Cuando familias enteras pierden los ahorros de sus vidas por deslizamiento del terreno en un condominio o residencial, aprobado por instituciones del Estado, cuando no hay responsable de que una concesionaria termine de reparar los taludes de una carretera que fallan desde que la inauguraron, cuando se socavan las bases y cimientos de megaobras estatales recién construidas, cuando el riesgo geológico se gestiona apagando incendios o en respuesta a la inmediatez, cuando todos los años se gastan millones en los mismos gaviones o diques o en muros sobre muros o en reconstrucción de puentes que se vuelven a caer cada invierno, no aparecen, nunca los hay, nunca se sabe quiénes son los responsables a posteriori.
Nadie asume el riesgo geológico y el Estado sigue exigiendo requisitos, a veces absurdos: estudios, constancias, montañas de papeles para medio decir que cumple su función de dar permisos «como se debe».
Somos una sociedad de previos, pero no previsora; somos una sociedad de permisos, pero no de responsables; somos una sociedad cuyo aparato legal institucional exige hasta lo imposible antes de dar permisos, pero luego, que cada uno se las arregle como pueda.
El autor es geólogo.
