Con justa razón nos debe causar horror que dos personas pretendan demostrar su coraje enfrentándose, conduciendo a toda velocidad sus automóviles uno contra el otro, a ver cuál es la gallina que se aparta de la ruta de colisión.
¡Más inconcebible es que el juego de gallina lo practiquen dos poderes del Estado! Lo peor de tal irresponsabilidad es que la paga y sufre el pueblo que los eligió para conducir el país por la ruta del bien común.
Un juego de gallina es la ruta que llevan el Gobierno y la Asamblea Legislativa.
El Ejecutivo entró en rumbo de colisión al posponer e incluso, inicialmente, negar que negociaría con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un convenio para consolidar las finanzas públicas. Siguió rumbo al choque a pesar de su anuncio de que finalmente lo hará, porque una vez más pospuso presentar las medidas concretas que eventualmente propondrá al FMI para resolver —de manera estructural y con permanencia— la grave situación fiscal, de salud, económica y social que vivimos. Sin un convenio con el FMI la posibilidad de chocar con una grave crisis financiera se agiganta.
El Legislativo puso su vehículo en dirección al choque institucional cuando diversas fracciones anunciaron que no aprobarían los créditos de instituciones financieras internacionales. Esos créditos permiten al país financiar el déficit y las amortizaciones con créditos mucho más baratos, ahorrando a los costarricenses muchos millones de gasto en intereses. Ese déficit y esas amortizaciones acumuladas desde 2009 y magnificadas ahora por la pandemia, no van a desaparecer como con varita mágica de un día para otro, aunque se bajase el gasto sin consideración a sus efectos. La marcha hacía la colisión la aceleró la Asamblea Legislativa al rechazar dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El primero fue el préstamo por $245 millones del BID Proteger rechazado por el Congreso con una tasa de interés de 1,12% anual, a 25 años plazo y con cinco años de gracia, y además otorgaba una porción no reembolsable de $20 millones y el segundo, el préstamo del BID SDL por $250 millones con una tasa de interés de 2,85% anual, a siete años con tres años de gracias.
Según los resultados de las colocaciones de deuda interna por parte del Ministerio de Hacienda en este mes de diciembre, la pérdida de esos recursos significa un pago de intereses y de la porción no reembolsable por parte del gobierno mayor en el orden de $200 millones: más de ¢100.000 por familia.
Este absurdo juego de gallina ya nos ha producido pésimos resultados, y el choque frontal todavía no se ha dado. Es hora de rectificar y de que el Ejecutivo y el Legislativo cambien de dirección.
Si AMBOS no dialogan y ceden, el choque puede conducirnos a una crisis financiera que prolongue el inaceptable desempleo, profundice el empobrecimiento y desate la furia de un pueblo que sufre por la incapacidad de sus gobernantes.
Detalles. Por el bien del país, el Gobierno debe presentar ya los detalles de su propuesta para la consolidación fiscal, y no solo la intención de lograrla con medidas en diferentes campos.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe analizar los efectos previsibles en la evolución de las finanzas públicas con las medidas propuestas, relacionando las variables financieras con el comportamiento de la producción para evaluar su capacidad efectiva de encaminarnos a una solución estable.
La Asamblea Legislativa debe aprobar el programa que se acuerde con el FMI y los préstamos de las instituciones financieras internacionales que nos permitan financiar los faltantes, cada vez menores, que se producirán camino a la reducción del peso de la deuda pública respecto al producto interno bruto (PIB).
Los ciudadanos deberemos aceptar que, a todos, y a cada uno, según su capacidad, nos tocará enfrentar el costo del ajuste que se pospuso por tanto tiempo y que la pandemia magnificó.
Todos ganamos si actuamos de esta forma.
El Gobierno cumplirá con sus deberes y la historia se lo reconocerá. Los partidos políticos que asuman responsablemente sus deberes ganarán favor popular y tendrán argumentos para solicitar el apoyo de los ciudadanos en los comicios de 2022. Las familias evitaremos que se agrave el ya muy duro padecimiento que sufren las más marginadas y el empobrecimiento, aún mayor, de sectores de la clase media. Las empresas podrán volver a progresar.
La crisis de inicios de los ochenta, el gobierno de Luis Alberto Monge la enfrentó sin vacilaciones y obtuvo un inmenso y merecido reconocimiento popular. La oposición que lo apoyó con sus acciones legislativas en la adopción de duras medidas, superó el enorme costo que tuvo que pagar en las elecciones de 1982 por no haber sabido enfrentar esa crisis, y ganó tres de los cuatro comicios que iniciaron en la década de los años noventa.
Actuar responsablemente es necesario y rinde beneficios a los políticos que lo hacen.
El autor es expresidente de la República.