Los diputados rechazaron en la Comisión de Asuntos Hacendarios, este miércoles, un nuevo préstamo de $245 millones (casi ¢150.000 millones) que el Gobierno firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los legisladores argumentaron que el Gobierno no pudo explicar la forma en que utilizaría estos recursos.
Como la votación en contra fue unánime, el plan no puede pasar al plenario legislativo, sino que se archiva totalmente.
Este rechazo se produjo un día después de que el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, consideró urgente la aprobación de los créditos externos que se encuentran en la Asamblea Legislativa para dar tranquilidad a los mercados financiero y cambiario.
Cubero dijo que, sin los recursos internacionales, el Gobierno tendría que salir a financiarse en el mercado doméstico donde las tasas de interés son mucho más altas y aumentaría el gasto por intereses.
La votación en Hacendarios se dio entre problemas técnicos del foro hacendario, sin sonido o con un sonido bajísimo por muchos momentos. En una primera votación, se pronunciaron nueve congresistas en contra y una a favor; sin embargo, se revisó esa votación y, en la segunda, votaron los 10 presentes en contra de la iniciativa.
La presidenta de la comisión, la liberacionista Silvia Hernández, recordó que, primero, los ministros de Hacienda, Elian Villegas, y Trabajo, Geannina Dinarte, tuvieron posiciones contradictorias sobre los objetivos del crédito.
Expuso que Dinarte ni siquiera pudo justificar los gastos que se cubrirían con el dinero del préstamo.
Incluso, un mes y medio después de la solicitud, Dinarte le pidió más tiempo a Silvia Hernández para responderle.
Las contradicciones señaladas por la oposición
De acuerdo con el contrato con el BID, este préstamo solo podría ser utilizado para gastos del bono Proteger y políticas asociadas con sus objetivos.
El BID le permitió al Poder Ejecutivo destinar hasta $159 millones como “gastos elegibles” para financiar ese programa de subsidios, siempre que se efectuaran entre el 16 de marzo y el 15 de junio del 2020, plazo que ya expiró.
Los jerarcas de Hacienda y Trabajo les dijeron a los diputados que los $159 millones podrían ser utilizados para cubrir los gastos del Gobierno en subsidios Proteger que ya se otorgaron a los beneficiarios.
Sin embargo, el bono Proteger tiene diversas fuentes de financiamiento que juntas acumularon ¢256.000 millones (más de $426 millones) para unos 700.000 subsidios. A la fecha, se ha girado el 82% de esos recursos.
Precisamente, esa contradicción es una de las razones que llevaron a los 10 legisladores a rechazar el empréstito.
Los ministros Villegas y Dinarte indicaron que los recursos del préstamo, entonces, podrían ser destinados a la Caja Única del Estado o a fortalecer un programa para el sector turismo. Sin embargo, el titular de Hacienda también sugirió que el dinero se podría usar en pago de salarios o aguinaldos, o para comprar vacunas contra la covid-19 cuando estén disponibles.
Hacienda intentó frenar archivo, promete renegociar
Antes de que la Comisión de Hacendarios archivara el proyecto, el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo intentaron que los diputados no sepultaran la iniciativa, bajo la promesa de que acudiría al BID a renegociar el contrato de crédito.
“Nos permitimos hacer de conocimiento de ustedes que resulta necesario hacer un nuevo acercamiento por las vías formales que corresponden con el BID, a fin de identificar las posibilidades de generar una revisión de la propuesta, en razón de que han cambiado algunos de los requerimientos originales que se expresaron en el contrato de préstamo indicado”, dice la nota enviada por los ministros.
La carta solicitó a los congresistas tomar esa consideración, antes de que se votara la iniciativa. Incluso, la diputada oficialista Laura Guido leyó, en un receso, la misiva.
Sin embargo, la Comisión rechazó seguir esperando más y procedió a la votación negativa.
Aunque el BID acepte la renegociación, el crédito con sus nuevas condiciones deberá entrar a un nuevo trámite legislativo desde cero.
La presidenta de Hacendarios, Silvia Hernández, y la socialcristiana María Inés Solís enfatizaron que el préstamo no se utilizarían para dar nuevos bonos, sino para reponer dinero que ya se había utilizado en esas ayudas a los afectados por la pandemia.
“Muchas veces se le indicó al ministro de Hacienda que cómo era posible pagar algo de forma retroactiva, cuando esta Asamblea también aprobó recursos, como el cambio en el costo de los combustibles y el destino de las multas, además de otros préstamos”, dijo Hernández.
Agregó que, desde la conceptualización y las cláusulas del empréstito, se definía la lista de gastos elegibles para cubrirse con el crédito y que solo eran gastos dados entre marzo y junio.
“Al Gobierno se le dificultó identificar la lista de gastos elegibles y nos indicaron que harán una renegociación, pero al ser esta una cláusula del propio contrato, era imposible hacer una enmienda o texto sustitutivo”, dijo.
Laura Guido, del PAC, alegó que, cuando el Gobierno negoció el préstamo con el BID, el momento era muy diferente al actual.
“Habiendo recibido manifestaciones de ministros, para la renegociación, sabemos que esta etapa procesal no podría permitirnos trasladar esa renegociación en un texto, nos unimos a este archivo”, indicó la legisladora.
El problema es que, reglamentariamente, un proyecto de ley para la aprobación de un empréstito internacional no puede ser modificado en su texto.